Una recusación con la que los abogados defensores de varios exfuncionarios de la Alcaldía de Daniel Quintero buscan frenar un proceso por corrupción en su contra se quedó sin piso.
Alegando que el trámite de un principio de oportunidad habría sido supuestamente irregular, los defensores habían sostenido que una jueza que lleva por ahora el caso habría incurrido en una supuesta anomalía.
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Sin embargo, otro juzgado que revisó la controversia desestimó esos argumentos y ordenó continuar con el proceso, en una decisión proferida el pasado martes 10 de marzo.
La polémica se remonta al pasado 27 de febrero, fecha en la que se realizó una audiencia de práctica de prueba anticipada dentro del proceso en contra del exgerente de Metroparques, Jorge Liévano, y otros exfuncionarios señalados de urdir un entramado corrupto para desangrar las arcas del Distrito de Medellín y beneficiar a particulares en el gobierno pasado.
En dicho proceso, la jueza comunicó a las partes haberle dado trámite a un principio de oportunidad; es decir, avalar que uno de los implicados colaborara con la justicia y aportara información al caso.
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En un proceso liderado por la Fiscalía, la persona implicada había obtenido a cambio un año de suspensión de la acción penal.
En medio de ese trámite, los defensores interpusieron una solicitud e indicaron que la jueza estaría impedida para seguir adelante con el caso.
Según se lee en el documento judicial, los defensores argumentaron que la jueza habría cometido una irregularidad al haber avalado ese principio de oportunidad, asegurando que en dicho trámite habría accedido a material probatorio sensible que la comprometería.
“La bancada de la defensa sustentaron la recusación en contra de la juez 38 penal municipal, con fundamento en las causales 6 y 13 del artículo 56 de la ley 906 de 2004, argumentando que ese despacho desde la audiencia de solicitud de principio de oportunidad tuvo acceso a los elementos materiales probatorios, adoptó una decisión dentro del presente asunto y, además, fungió como juez de control de garantías”, se lee.
En el auto también aparece que la jueza del caso, si bien no estaba de acuerdo con que se hubiera actuado de forma irregular, remitió la situación a otro juzgado para que se dirimiera el tema.
Fue así como el caso llegó a las manos del Juzgado 16 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, que consideró que el hecho de que la jueza le hubiera dado trámite a ese principio de oportunidad no implicaba que estuviera tomando una acción de fondo, ni poniendo en riesgo las garantías del proceso.
Según consideró ese despacho, dado que la jueza no fungirá como juez de conocimiento para dirimir el juicio, no estaría comprometiendo la imparcialidad del proceso.
“En razón de lo anterior, el Despacho ha de indicar que no se encuentran configuradas las causales de recusación contempladas en los numerales 6 y 13 del artículo 56 del código de procedimiento penal y, por lo tanto, se declara infundada la recusación promovida en contra de la Juez 38 Penal Municipal de Medellín, para presidir la diligencia de práctica de prueba anticipada”, quedó plasmado en las consideraciones.
¿Cuál es la importancia del principio de oportunidad?
El principio de oportunidad aludido por el juez se relaciona con el caso de presunta corrupción entre el cuerpo de Bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en el que se revisan presuntas irregularidades en seis contratos firmados por casi $18.000 millones.
Según se conoció a comienzos de este mes, uno de los implicados en dicho proceso tocó las puertas de la Fiscalía para entregar información relevante, buscando un trato favorable en los estrados.
“El suscrito fiscal delegado ha iniciado el trámite de un principio de oportunidad en modalidad suspensión y eventualmente renuncia de la acción penal en relación de uno de los procesados”, informó el fiscal que lleva el proceso en una de las audiencias.
Además de este caso, se conoció que otro de los procesados también ya estaba pidiendo pista en el ente acusador para también colaborar con la justicia.
Cabe recordar que esta herramienta suele aplicarse para que las investigaciones puedan crecer y, sobre todo cuando se trata de casos de corrupción, tener información que permita procesar a mandos superiores.
Según fuentes cercanas a estos procesos, la primera persona que habría pedido pista es un funcionario del nivel directivo que está imputado.
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