Medellín tiene problemas de movilidad por dónde se le mire, pero este en particular tiene graves consecuencias. La ciudad tiene actualmente 70.000 vehículos inmovilizados, miles de ellos están ya inservibles y su única salida es la chatarrización, como lo ha advertido en reiteradas ocasiones la Secretaría de Movilidad de Medellín.
Mientras la ciudad colapsa en sus calles y patios, en Medellín y el Área Metropolitana aumentaron los vehículos nuevos en un 22%, solo hablando del mes de junio. El gran problema es que el país adolece de una política nacional de chatarrización, lo que dificulta operativa y administrativamente este tipo de procedimientos. De acuerdo con la secretaría de Movilidad, en Medellín aplican pañitos de agua tibia como campaña de cultura ciudadana y controles operativos.
“Es una problemática del país, aquí no hay políticas nacionales de chatarrización. Nuevamente, hay un montón de problemáticas a nivel nacional, y que los territorios solucionemos. A nivel nacional se requiere una política de chatarrización. Nosotros, mientras tanto, hacemos lo que nos corresponde”, aseguró Mateo González, secretario de Movilidad de Medellín.
Hay que recordar el entuerto que ocurrió entre 2021 y 2023, cuando la alcaldía de Daniel Quintero adjudicó un lote de más de 50.000 vehículos para subasta de chatarra a un único consorcio. Viendo el problema que se les vino encima, desde la administración Quintero intentaron en 2022 revertir el contrato de la venta de la chatarra de estos vehículos, que se encuentran en unos patios de la entidad en Barbosa, al ver que salió ante la opinión pública la serie de irregularidades que habría ocurrido en el proceso de subasta que benefició a la Unión Temporal RyM S.A.S., en el que se habría acomodado de tal manera para que el único oferente fuera esta empresa.
Lea: Contraloría investigará la ganga del contrato de la chatarrización que hizo la Alcaldía de Medellín
La Contraloría General de la República (CGR) puso de inmediato su lupa en el asunto para investigar el polémico proceso de chatarrización que tendría irregularidades que habrían puesto en riesgo recursos públicos por unos $33.000 millones. Y es que ese gangazo era difícil que pasara desapercibido ante las autoridades. En ese momento se dijo que aunque el precio comercial de la chatarra era de $1.000 por kilo, la de dicho contrato fue vendida en $98 pesos el kilo luego de una subasta a la que solo se presentó un oferente. Además de la Contraloría, la Procuraduría también investiga este caso y ya existe un proceso penal en curso por presuntas irregularidades.
Pero, en últimas, Medellín sigue con ese gran problema entre manos. Ya tanto desde el Distrito como expertos en movilidad han señalado que el colapso de los patios implica pérdida de recursos públicos de la ciudad y un problema ambiental de grandes dimensiones.
El problema no es solo en los patios
No solo en los patios se quedó sin espacio Medellín para tanto carro. El otro problema, y al que no puede responsabilizar al Gobierno Nacional, es el del mal parqueo, un mal que se convirtió en un cáncer en todas las comunas y actualmente tiene estrangulada más del 50% de la infraestructura vial de la ciudad.
La falta de estrategias a gran escala para desestimular la adquisición de vehículos ante la falta de infraestructura para tener un parque automotor que crece en 100.000 vehículos por año causaron que Medellín se haya convertido en un enorme parqueadero pirata a cielo abierto.
Lea: Tras escándalo, Alcaldía pidió revocar contrato de venta de la chatarra de los patios del tránsito
El parque automotor en la ciudad superó el año pasado los 900.000 vehículos, mientras que arrastra un déficit de 18.000 celdas de parqueo que en cinco años serán 44.600, según el estudio del Grupo de Investigación de Vías y Transporte de la Universidad Nacional. La falta de esos sitios de parqueo formalizados lo ha tenido que “pagar” cada habitante en Medellín, tenga o no tenga carro. Con su bienestar y con el espacio público, los ciudadanos han tenido que ceder a las motos y carros apilados en aceras, calles y hasta parques que terminaron convertidos en parqueaderos en lugar de ser sitios de esparcimiento y disfrute del espacio público, y este problema ocurre precisamente en una urbe que le debe más de 10 metros cuadrados de espacio público a cada habitante.
Según las cifras del grupo de Investigación de la Nacional, en promedio un carro ocupa casi 14 metros cuadrados. Quiere decir que antes de llegar al 2030 Medellín necesitaría más de 600.000 metros cuadrados para construir las celdas de parqueo suficientes para regularizar el parqueo. Esto equivale, para ilustrar el asunto, a dos Parques del Río solo para carros y motos.
Valga que decir que la ciudad sigue sin conocer ningún plan ambicioso tanto de regulación del parque automotor como en términos urbanísticos que exija, desde la normativa, que los desarrolladores inmobiliarios solucionen el problema que le dejaron a la ciudad al construir miles de edificios sin ninguna opción de parqueo para sus nuevos residentes, fenómeno que pulula, sobre todo, en los barrios populares de la ciudad.
