En solo cinco años, un grupo de empresas y hoteles de la capital antioqueña defraudaron a Empresas Públicas de Medellín (EPM) por más de 1,2 billones de pesos por concepto de la energía, el gas y el agua que consumieron y no le pagaron.
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Las autoridades los detectaron tras una investigación que desarrollaron en los últimos 16 meses luego de que EPM halló inconsistencias en los patrones de consumo de los domicilios y de que hizo la inspección técnica de los medidores estableciendo que estos estaban alterados para que registraran un menor consumo del real.
La otra argucia que empleaban era la instalación de conexiones clandestinas destinadas a evadir los controles técnicos y comerciales.
Como producto de la indagación, en las últimas horas las autoridades intervinieron 28 inmuebles y 14 hoteles en las últimas horas. Todos tenían en común que pertenecen a personas con vínculos familiares, comerciales o societarios.
El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Henry Yesid Bello, informó que los bienes ocupados están en el Centro de la ciudad, en el barrio Buenos Aires y en otros sectores de las comuna 11 (Laureles) y 16 (Belén). Su avalúo ronda los 96.000 millones de pesos.
“Adelantamos toda la investigación, la recolección de elementos materiales probatorios que permitieron identificar el perfil criminal. El patrón delictivo sistemático relacionado con la alteración ilegal de sistemas de medición de la energía, del acueducto y del gas de las Empresas Públicas de la ciudad de Medellín”, detalló el alto oficial.
Según esas mismas averiguaciones, estas personas y empresas venían ejecutando el fraude al conglomerado de servicios públicos desde 2013. No obstante, las autoridades solo revelaron el monto de las pérdidas que le habrían ocasionado a EPM entre 2020 y 2025, que serían en promedio de 207.000 millones de pesos anuales, para un total en ese quinquenio de 1,24 billones de pesos.
Pero el perjuicio no solo sería económico, sino que las prácticas ilícitas generaban un riesgo para la seguridad de los vecinos debido a la posibilidad de que ocurrieran incendios, fugas o inundaciones.
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