El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, elevaron ayer una alerta ante el Gobierno de Estados Unidos por la suspensión de las órdenes de captura en favor de 23 cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá.
Argumentando no ver lógico que se les de tratamiento político a varios de estos líderes, muchos señalados de seguir cometiendo delitos, ambos mandatarios le pidieron a las agencias de ese país hacerle seguimiento al tema, advirtiendo además que muchos de ellos han sido requeridos por tener antecedentes de narcotráfico en ese país.
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Los pedidos se hicieron por dos vías. Mientras desde Medellín el alcalde Gutiérrez anunció estar recopilando información de inteligencia sobre los cabecillas para entregársela a entes como el FBI, la DEA, el Departamento de Estado y el HSI; desde la Gobernación, Rendón visitó la embajada de Estados Unidos también para discutir el tema.
De igual forma, la suspensión generó una fuerte controversia por producirse en plena antesala de las elecciones presidenciales, generando para muchos la sensación de que se trataría de una injerencia en dichos comicios.
“En la reunión que tuvo Petro con el presidente Trump le pusieron unas condiciones claras y era que ni el gobierno ni las estructuras criminales podrían interferir en el proceso electoral a la presidencia y aquí está pasando todo lo contrario. Estas solicitudes de levantar órdenes de captura contra 23 cabecillas son una intervención directa del gobierno para que las estructuras criminales ejerzan una presión ante las comunidades en la campaña electoral que hoy está viviendo Colombia”, planteó Gutiérrez.
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Entre tanto, en su reunión en la embajada, trascendió que el gobernador Rendón también entregó al embajador encargado un dossier con el prontuario de los cabecillas beneficiados por la suspensión, entre los que se encuentran alias como Tom, Douglas y Carlos Pesebre.
En el espacio, el mandatario regional comentó el caso de alias ‘Calarcá’, a quien el gobierno todavía le tiene suspendida la orden de captura a pesar de ser el jefe de las disidencias que más daños han hecho en Antioquia. También dialogaron sobre el hecho de que no se ha podido conocer el contenido de los dispositivos que le fueron incautados al cabecilla precisamente en un retén en el departamento.
Fuentes de la embajada han expresado su preocupación por el compromiso del gobierno de Gustavo Petro en la lucha contra las drogas y tienen serios reparos sobre el proceso de Paz Total.
Además de hacer pública su preocupación, tanto el alcalde como el gobernador interpusieron recursos con los que buscan frenar esa suspensión de órdenes de captura.
El gobernador Rendón apostó por una acción de nulidad ante el Consejo de Estado contra la resolución de la Fiscalía. Dicho recurso se sumó a otros similares que ya se habían formulado desde el pasado 1 de abril, como uno interpuesto desde el Concejo de Medellín, por el concejal Alejandro de Bedout.
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“¿Qué va a decirle el Estado colombiano a los servidores públicos, policías, jueces y fiscales que arriesgaron su vida para poner a estos criminales tras las rejas? Me parece desmoralizante para ellos lo que acaba de decidir la fiscal”, dijo Rendón.
Por su parte, el alcalde anunció una propuesta de proyecto para que el Congreso derogue la ley que en 2022 le dio luz verde al Gobierno Nacional para iniciar los acercamientos de la Paz Total y poder valerse de herramientas como dichas suspensiones.
Gutiérrez señaló también estar alistando un escrito para enviar al despacho de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en el que le demostraría que los argumentos invocados por el Gobierno Nacional para pedir esa suspensión carecerían de validez, sobre todo porque muchos de esos cabecillas beneficiados por la medida seguirían en la ilegalidad.
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