El gremio alertó que el decreto de emergencia carece de sustento jurídico y técnico, y advirtió que la imposición de una sobretasa del 10% al sector financiero elevaría el impuesto de renta al 50%, afectando el crédito, la inversión y el crecimiento económico.
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) manifestó su desacuerdo y “profunda preocupación” frente al decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional, al considerar que la medida no cuenta con fundamentos jurídicos ni técnicos que la respalden.
Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, afirmó que no existe ningún hecho sobreviniente que justifique la declaratoria de emergencia y advirtió que, en la práctica, el decreto revive “por la puerta de atrás” una reforma tributaria que fue “derrotada democráticamente en el Congreso de la República”.
“No se puede acudir a mecanismos excepcionales para imponer medidas que ya fueron rechazadas por el Legislativo”, señaló el dirigente gremial.
Uno de los puntos que más inquieta al sector financiero es la imposición de una sobretasa de 10%, lo que elevaría el impuesto de renta de las entidades financieras hasta el 50%.
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Según Malagón, con esta carga tributaria “la mitad de la actividad bancaria del país quedaría en manos del Estado”, lo que ubicaría a Colombia, junto a Las Comoras, como uno de los países con menor competitividad tributaria para el negocio financiero a nivel mundial.
Asobancaria advirtió que las consecuencias de esta decisión no se limitarían al sector financiero. De acuerdo con el gremio, el mayor desincentivo a la actividad bancaria impactaría directamente a las familias que buscan acceder a créditos de vivienda, a los empresarios que requieren financiamiento para ampliar su producción y a los estudiantes que necesitan recursos para costear su educación.
“En general, se genera una restricción al crédito en Colombia”, subrayó Malagón.
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El presidente de Asobancaria insistió en que el país requiere más inversión y mayor crecimiento económico, objetivos que —a su juicio— se verían comprometidos con este tipo de medidas.
“Estas decisiones terminan desplazando al sector privado en favor del sector público y ponen en riesgo el crecimiento de largo plazo de la economía colombiana”, concluyó.
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La agremiación reiteró su llamado al Gobierno para revisar el decreto y abrir espacios de diálogo que permitan construir soluciones fiscales sostenibles, sin afectar la competitividad ni el acceso al crédito en el país.
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