Uno de los ejes centrales de la reforma pensional es garantizar un ingreso digno a quienes dedicaron su vida al trabajo, pero no lograron pensionarse. Ese propósito se materializa en el Pilar Solidario, a través del bono pensional, una de las apuestas más importantes de la iniciativa, la cual parece enredarse cada vez más porque –entre otras cosas– el magistrado y presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, propuso declararla inconstitucional alegando vicios de trámite.
Este plan ha enfrentado un obstáculo de fondo y es su financiación. El bono mensual de $230.000, que se prometió a tres millones de adultos mayores pobres, sigue en el limbo porque el Presupuesto General de la Nación (PGN) no tiene espacio para financiar esta obligación, que costaría $8,3 billones.
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Pero ahora la discusión tomó un nuevo giro, pues el Departamento de Prosperidad Social (DPS) anunció un aumento en el subsidio del programa Colombia Mayor, que pasará de $80.000 a $230.000 mensuales para 1,1 millones de beneficiarios y que saldrá del Presupuesto de la Nación. Se trata del mismo monto previsto para el bono pensional, aunque con una cobertura que no alcanza ni a la mitad de las personas que se pretenden alcanzar con la reforma.
El punto es que este ajuste se logró sin necesidad de la reforma pensional, pues los recursos provienen directamente del Presupuesto General de la Nación y no de los cambios estructurales que propone el proyecto de ley.
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“Ahora con dinero presupuestal, dado que Ibáñez sabotea la ley pensional, ampliamos el bono pensional de $80.000 a $230.000 mensuales para hombres mayores de 75 años y mujeres mayores de 70 años que hoy no reciben pensión”, afirmó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, quien en anteriores ocasiones había asegurado que sin la aprobación de la reforma pensional no sería posible otorgar el bono pensional a los adultos mayores.
¿No hace falta una reforma para otorgar el bono pensional?
El Pilar Solidario no es un programa nuevo. En realidad, retoma la base del ya existente Colombia Mayor, que otorgaba un subsidio mensual de $80.000 a adultos mayores en condición de vulnerabilidad. En el marco de la reforma pensional, este apoyo se incorpora dentro del Pilar Solidario con un monto incrementado a $230.000 mensuales, un ajuste que ya comenzó a aplicarse esta semana, pese a que la reforma aún no ha entrado en vigencia.
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Esta situación pone sobre la mesa una paradoja: el Gobierno logró implementar el aumento del subsidio sin necesidad de que la reforma pensional fuera aprobada, lo que reabre el debate sobre si realmente era indispensable una nueva ley para garantizar un ingreso más digno a los adultos mayores.
Ahora bien, más allá del incremento en el monto del subsidio, la reforma también busca ampliar la cobertura del programa, con el propósito de incluir a un mayor número de adultos mayores que no lograron acceder a una pensión y que permanecen en condiciones de vulnerabilidad.
Sin embargo, en entrevista pasada con este diario, Juan David Correa, presidente de Protección, señaló que esto podría haberse hecho “directamente por parte del Gobierno”.
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“De esta reforma pensional no sale esa plata. No alcanza. Eso forma parte del Presupuesto de la Nación, y de allí es de donde se pagará”, sostuvo Correa.
Y agregó que, con la reforma, “la diferencia de lo que hoy la Nación tiene que trasladar, tenga una reducción a favor del nuevo modelo, por cuenta del mayor recaudo que tendría Colpensiones en este esquema”.
Advertencias similares han sido planteadas por senadores como Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien considera que no era necesaria una reforma para otorgar un bono a la población de adultos mayores desprotegidos.
“Tan solo se requería voluntad política y priorización dentro del Presupuesto General (...) La propuesta arrancó mal, no cubrirá a las 3 millones de personas prometidas y es, en muchos sentidos, insostenible”, comentó días atrás.
Otros congresistas, como Catherine Juvinao, también han expresado críticas, advirtiendo que el hecho de que los pagos del Pilar Solidario dependan de la disponibilidad de recursos podría convertir el bono en “un saludo a la bandera”, impidiendo que llegue efectivamente a los beneficiarios.
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“Si esto no se ajusta para que el Pilar Solidario constituya un gasto inflexible del Estado, este pilar nacerá muerto”, precisó.
Por su parte, desde el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) también se advirtieron que “este pilar no corresponde a un derecho pensional; responde a un programa social y deberá estar sujeto a los recursos disponibles para el mismo”.
En su análisis, el Comité subrayó además que “estos recursos deberán tener en cuenta los techos de gasto fijados por el Marco Fiscal de Mediano Plazo y ser consistentes con la Regla Fiscal”.
¿Qué pasaría con el bono si se cae la reforma pensional?
Mientras la Corte Constitucional define el futuro de la iniciativa, el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez, afirmó que los recursos para el subsidio mensual de $230.000 están asegurados para 1,1 millones de beneficiarios, independientemente del resultado que tenga el proceso legislativo.
“En octubre, independientemente de que salga la ley vamos a entregarles $230.000 a 1,1 millones de personas mayores (...) Esos recursos ya los tenemos”, expresó Rodríguez en una entrevista con El Tiempo.
Y en caso de que la reforma logre entrar en vigencia este año, el funcionario sostuvo que ese monto se ampliaría a 3,1 millones de adultos mayores.
“El Ministerio de Hacienda nos tendría que trasladar recursos vía funcionamiento. Hoy en día, solo tenemos los recursos para 1,6 millones, pero en el momento en que la Corte Constitucional le dé el visto bueno a la reforma nos trasladarían el resto. Hacienda no puede hacer ya la transferencia porque no está la ley. Con los cálculos que hicimos para el Presupuesto del 2026, más o menos necesitamos unos $8,4 billones para atender a las personas del Pilar Solidario”, afirmó Rodríguez a ese medio.
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Recursos asignados para el Pilar Solidario no serían suficientes
El presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Andrés Velasco, advirtió que los recursos asignados para el Pilar Solidario del sistema pensional no serían suficientes sin recortes en otros programas sociales.
Según el dirigente gremial, el costo total estimado de este componente asciende a $8,3 billones anuales. Sin embargo, el presupuesto de inversión del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), entidad encargada de la ejecución del programa, solo aumentará en $4,5 billones entre 2025 y 2026, pasando de $5,4 billones a $9,9 billones.
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“Los recursos asignados solo serán suficientes para financiar el pilar Solidario si se recortan otros programas que están a cargo del DPS”, explicó Velasco, refiriéndose a los apoyos sociales que hoy dependen de esa entidad, como transferencias monetarias e iniciativas de inclusión productiva.