Una recusación y solicitud de impedimento fue presentada contra el magistrado y presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, luego de que se conociera su ponencia en la que propone declarar inconstitucional la Ley 2381 del 16 de julio de 2024, conocida como reforma pensional, al considerar que el Congreso no corrigió los vicios de trámite detectados en la primera revisión del alto tribunal.
El documento alega una “parcialidad política y enemistad ideológica” del magistrado con el actual Gobierno, señalando que su ponencia tiene un “tono político e ideológico” contrario a la independencia judicial y a los principios de la Corte Constitucional.
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