El Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres aprobó la declaratoria de desastre nacional por la inminente llegada del fenómeno de El Niño a Colombia, con el 81% de probabilidad de que alcance una intensidad “muy fuerte” para finales de 2026.
La decisión, anunciada por el presidente, Gustavo Petro, habilita desde ayer la expedición de decretos y resoluciones para trasladar recursos y acelerar acciones que protejan el agua, los alimentos y la energía durante la temporada seca entre 2026 y 2027. En la práctica, esto le da vía libre al Gobierno para mover plata rápido y, según explicó el propio Consejo, coordinar mejor a las entidades que deben responder a la emergencia. Esto lo respaldan la Ley 1523 de 2012.
Muchos se preguntan para qué, cuando tuvo meses de advertencias y hasta desde Antioquia se propuso abrir una mesa de planeación para menguar los riesgos de apagón, la cual rechazó. ¿Para qué buscar “plata fácil” ahora? Así, Petro termina su gobierno como lo empezó con el caso de La Guajira, que derivó en el más grande escándalo de corrupción, buscando dinero vía la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En ese orden, Petro indicó priorizar la financiación de proyectos de agua potable y acelerar la construcción de plantas desalinizadoras en las zonas de mayor riesgo de sequía como el Caribe, La Guajira, San Andrés y Providencia. Para financiar todo esto, Petro ordenó reasignar $4 billones a la UNGRD, tanto para atender los efectos de El Niño como para reforzar la instalación de paneles solares.
Las sospechas y dudas sobre la declaratoria de desastre nacional por El Niño
Ante esto, el director de la UNGRD, Javier Pava, aclaró: “No solamente se considera una situación de emergencia un hecho, una alteración, un algo que sea materializado, sino la inminencia misma de una acción que genere acciones o que requieran atención inmediata”.
Así las cosas, el presidente, Gustavo Petro, instruyó trasladar $4 billones que estaban previstos para el programa Colombia Solar hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Con ese movimiento, la UNGRD reunirá $8 billones para atender los efectos de la sequía y reforzar la instalación de paneles solares en el país ante la llegada del fenómeno de El Niño.
Pero lo curioso, según analistas del sector, es la demora en declarar el estado de desastre y el monto que se aprobó para esto. Sobre todo, en medio de cuestionamientos por los antecedentes recientes de corrupción de UNGRD, la alerta de la Contraloría sobre la baja ejecución de los recursos de la pasada emergencia económica y las contrataciones ‘exprés’ en otras entidades del Estado. Además, genera dudas a tan solo 15 días de que este Gobierno deje la administración.
Por ejemplo, la representante Cathy Juvinao cuestionó que el Gobierno Petro nisiquiera ha ejecutado los $7,4 billones recaudados con la emergencia económica por lluvias, y ahora sale con que destinará $4 billones para la UNGRD para contratar paneles solares, “dizque para enfrentar El Niño, días antes de irse. La improvisación y el desgreño administrativo de este gobierno son el camino perfecto hacia la corrupción. Ojo a quién le van a contratar los supuestos paneles a toda carrera”.
En esa misma línea, el exdirector de la entidad, Carlos Carrillo, alertó la toma de estas medidas en contrarreloj a la salida del Gobierno Petro. “A mí sí me preocupa que en los últimos días del Gobierno haya tanto afán por firmar, firmar y firmar. Eso no se ve bien”. Incluso, cuestionó que Javier Pava retomara directamente la facultad de ordenar el gasto: “Concentrar nuevamente la ordenación del gasto elimina controles” que habían sido implementados tras el escándalo de corrupción de la UNGRD.
Tras la declaratoria, el Gobierno tendrá herramientas excepcionales para acelerar la ejecución de medidas destinadas a mitigar los efectos del fenómeno climático. David Tamayo, director designado de la UNGRD por el gobierno de Abelardo de la Espriella, aseguró: “Este tipo de decisiones, que yo sepa, no obedecen a la implementación de estudios técnicos. Eso obedece más a unos criterios políticos que determinan que un presupuesto importante, a solo unos días de entregar el poder, se destine a atender posibles prioridades que no tienen una determinación o un sustento técnico”.
Ante este panorama, Maria Aponte, senior counsel en Holland & Knight, advirtió tres riesgos del régimen de contratación directa que se activa con la emergencia, “que los recursos se desvíen hacia proyectos ajenos a la crisis, que se reduzca la concurrencia de oferentes y la posibilidad de comparar técnicamente las propuestas, y que se genere un déficit de transparencia que dificulte hacer seguimiento a los resultados”.
La abogada explica que la herramienta sí habilita una respuesta más ágil para movilizar recursos hacia proyectos de seguridad hídrica, prevención de incendios forestales, fortalecimiento de infraestructura crítica y protección de comunidades expuestas. “El reto no es la contratación directa en sí misma, sino que la flexibilidad excepcional sea rápida, transparente y enfocada en soluciones que realmente funcionen”.
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Otro que se sumó a los cuestionamientos fue el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, quien aseguró que las medidas tomadas por el Gobierno Petro evidencian improvisación. “Está bien tomar medidas previsivas para contrarrestar el efecto del Niño; lo que no está bien es pretender que en dos semanas se haga lo que no se atendió diligentemente en los meses anteriores”, afirmó.
Además, criticó la decisión de trasladar $4 billones a la UNGRD, al considerar que la entidad arrastra graves antecedentes de corrupción, por desfalcos y robos de los carrotanques. “Hoy están reservados en una vigencia futura para que Ecopetrol construya techos con paneles solares en hogares pobres de Colombia, proyecto que siendo una idea plausible no se ha ejecutado como tantos otros proyectos en este gobierno”.
Restrepo también puso en duda la viabilidad jurídica y administrativa de mover esos recursos. Según explicó, un estado de calamidad permite trasladar partidas del presupuesto mediante decreto, “pero no de una vigencia futura ya abierta a otra”. Para hacerlo, sostuvo, primero habría que cancelar la vigencia futura vigente y surtir trámites ante el Confis y otras instancias.
“Se puede hacer, pero es un atolondrado trámite que no puede implementarse en las dos semanas que le quedan a este Gobierno. Es muy bueno para improvisar, pero pésimo para ejecutar”, acotó el exministro.
Por su lado, el presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, cuestionó la declaratoria de emergencia por el fenómeno de El Niño y el anuncio del Gobierno de destinar $4 billones a proyectos de energía solar. A su juicio, la medida “carece de toda realidad desde el punto de vista energético”, pues no resuelve los riesgos inmediatos del sistema.
Además, comparó la actuación del Ejecutivo con “quien se da cuenta a las 11 de la noche que no hizo la tarea para un examen a las 7 de la mañana”, al considerar que durante los últimos años no impulsó suficiente capacidad de generación firme para afrontar un periodo de sequía.
Castañeda sostuvo que el principal desafío del sistema eléctrico se concentra entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m., cuando la demanda es mayor y la energía solar no puede suplirla por sí sola. También calificó de “bastante absurdo” anunciar recursos para iniciativas que, según dijo, aún no existen, mientras el sector enfrenta deudas cercanas a $5,3 billones.
De ese monto, explicó, $2,9 billones corresponden a obligaciones derivadas de Air-e intervenida, incluidos $1,8 billones con las plantas térmicas, y entre $2 billones y $2,3 billones a subsidios pendientes, recursos que, en su opinión, deberían priorizarse para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico.
¿La declaratoria de estado de desastre por El Niño llegó tarde?
Además de estos cuestionamientos, surgió la duda si la declaratoria de estado de desastre llegó tarde o no. Por eso, Luis F. Molina, periodista y comunicador especializado en meteorología, explicó que, técnicamente, El Niño ya está presente en el océano, que es donde ocurre, y que lo que se vive en tierra son los efectos del cambio en los vientos y la humedad, cuyo fortalecimiento se espera para el segundo semestre. Según Molina, hoy hay un rezago entre la pasa en el oceáno Pacífico y lo que pasa en tierra, que suelen tardar semanas o meses en manifestarse.
Para Molina, la declaratoria no llegó tarde como mecanismo extraordinario, porque todavía hay tiempo de preparar los sectores sensibles antes del pico de impactos, previsto entre octubre y comienzos de 2027. Pero aclaró que la prevención no podía arrancar solo ahora, “la NOAA venía anunciando probabilidades crecientes desde hace meses, y la medida sería tardía si esta fuera la primera acción y no una ampliación de algo que ya se estaba haciendo”.
Por eso agregó: “Lo verdaderamente atrasado son las campañas oficiales para ahorrar energía, organizar residuos y cuidar el agua”. E insistió en que, en Antioquia, las quemas asociadas a la sequía pueden derivar en incendios forestales cuyo humo, combinado con el régimen de vientos, provoque inversión térmica y mala calidad del aire en Medellín.
Por su parte, el analista económico Germán Machado considera que el Gobierno pudo declarar el desastre antes y ganar más tiempo de preparación. “La medida sí le permite a Petro mover recursos, incluidos los $4 billones ya anunciados”, pero adviertió dos riesgos; el primero, activa un régimen de contratación directa que despierta alertas por los antecedentes de corrupción en la UNGRD, y el segundo, obliga al uso anticipado de vigencias futuras del programa Colombia Solar, “lo que implica asumir gastos no planeados este año y podría subir el endeudamiento o recortar otros presupuestos”.
Sin embargo, Julio César Vera, presidente de la fundación Xua Energy, aseguró que hubiera sido mejor destinar recursos a cubrir las deudas que el Gobierno tiene con generadores térmicos, hidráulicos y transmisores, que suman $2,5 billones, además de $1,4 billones en subsidios pendientes con los comercializadores de energía. “Saldar esa cartera le daría al sector la liquidez para comprar el gas y la energía que necesita durante el fenómeno”.
Vera insistió en que atender la crisis exige energía firme las 24 horas, los siete días de la semana, algo que los paneles solares no garantizan por su disponibilidad limitada, sin contar con que no hay certeza de tener toda la infraestructura instalada a tiempo y a costos razonables. “Se necesitan programas de ahorro que premien el bajo consumo y penalicen el derroche, en línea con normas recientes de la CREG, incluida la desconexión voluntaria de la industria a cambio de incentivos”.
Para dimensionar el problema, citó estas cifras: el consumo de energía ya supera los 260 gigavatios hora al día, con un crecimiento acumulado del 20% en los últimos tres meses, frente a una energía firme disponible de apenas 238 GWh/día. Ese descalce, de entre 22 y 24 GWh/día, puede traducirse en limitaciones de suministro en varias regiones, un riesgo que se agrava porque durante el fenómeno hay mantenimientos previstos en las plantas hidráulicas Chivor II y Guavio, que restarían cerca de 1.800 megavatios de capacidad, y porque la oferta de gas natural para atender la demanda térmica es estrecha.
A eso se suma que la nueva generación prevista para este año va en menos del 20% de lo planeado, sumada a retrasos de años anteriores que hoy dejan al país sin 3.200 megavatios de capacidad nueva que debía estar lista.
Al final, Javier Bustos, director de Observadores Col y asesor de energía, calificó los anuncios como tardíos, teniendo en cuenta que, en los últimos cuatro años no hubo exploración de gas ni de petróleo, y los proyectos de energía firme no entraron según lo previsto por la Unidad de Planeación Minero-Energética.
“Los embalses están al 70%, un nivel que debería alcanzar hasta abril de 2027, mientras el proyecto de la Colectora sigue sin terminar y las turbinas 5, 6, 7 y 8 de Ituango no estarían listas antes de 2027 o 2028”, remató al advertir que Cartagena ya sufrió apagones porque su red de transmisión se sobresaturó al 160%.
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El Niño viene fuerte y amenaza con apagones y deudas millonarias: XM
El último boletín energético de XM, el administrador del mercado eléctrico, publicado este 17 de julio, presenta un panorama sombrío para la estabilidad energética del país. La combinación de un fenómeno de El Niño inminente, el retraso en obras de infraestructura y una crisis financiera en el sector tiene a las autoridades en máxima vigilancia.
Lo anterior, teniendo en cuenta que existe un 100% de probabilidad de consolidación del fenómeno de El Niño para el segundo semestre de este año. El nivel de los embalses, que hoy está en el 78,82%, podría descender hasta un 20,69% en un escenario crítico de El Niño, dejando a varias plantas hidráulicas operando cerca del 0% de su capacidad úti
Además, la demanda de energía ya supera la capacidad disponible del sistema. Para el periodo 2026-2027, XM proyecta un déficit de 5,468 GWh/año de energía firme necesaria para atender el consumo esperado de forma confiable.
Este hueco energético se debe, en gran medida, a que las obras no avanzan al ritmo necesario. Para 2026 se esperaba el ingreso de 4,475 MW de nueva capacidad, pero a mediados de julio solo han entrado en operación 669 MW, es decir, apenas el 14.9% de lo planeado. Además, el 60% de los proyectos de transmisión nacional presentan retrasos frente a su fecha inicial de operación.
Por otro lado, la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) está bajo fuego, con 37 restricciones en estado de emergencia y 48 en estado de alerta. Entre enero y julio de 2026, XM ha tenido que impartir 233 instrucciones de desconexión de carga para evitar colapsos mayores.
A la crisis climática y operativa se suma una financiera que podría quebrar la confianza del sistema. A la fecha, la deuda total del mercado energético asciende a $3,4 billones. Los generadores térmicos son los principales acreedores con el 79.8% de esta participación.
El uso intensivo de plantas térmicas, necesario ante la falta de agua, disparará los costos. Se estima que el parque térmico deberá operar por encima de los 90 GWh/día de forma continua durante 10 meses, una exigencia nunca antes vista en la historia de Colombia. De no contarse con el gas y los combustibles líquidos suficientes, el riesgo de apagones programados será inevitable.
Para mitigar este escenario, XM ha lanzado una serie de recomendaciones urgentes como acelerar la entrada de proyectos de generación y transmisión pendientes, garantizar el suministro de combustibles (gas y líquidos) para las térmicas, identificar limitantes en plantas térmicas y coordinar mantenimientos para maximizar la disponibilidad, e incentivar el ahorro de energía por parte de los consumidores para reducir la presión sobre el sistema.
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Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Cuántos billones de pesos reasignó Petro a la UNGRD y para qué se usarán?
- Petro ordenó reasignar 4 billones de pesos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La plata se usará para atender los efectos de El Niño y para reforzar la instalación de paneles solares en el país, con mecanismos de control adicionales para garantizar transparencia en su ejecución.
- ¿Cuándo se espera el pico más fuerte de El Niño en Colombia?
- La NOAA calcula un 81 % de probabilidad de que el episodio alcance su intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre de 2026, y un 97 % de probabilidad de que las condiciones de El Niño se mantengan hasta comienzos de la primavera de 2027. XM, por su parte, ubica el pico de mayor riesgo para el sistema eléctrico entre diciembre de 2026 y abril de 2027.
- ¿Cuánto ha crecido el consumo eléctrico en Colombia en los últimos meses?
- El consumo ya supera los 260 gigavatios hora al día, con un crecimiento acumulado del 20 % en los últimos tres meses, frente a una energía firme disponible de apenas 238 GWh/día. Ese descalce, de entre 22 y 24 GWh/día, es lo que genera el riesgo de limitaciones en el suministro en varias regiones.
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