Ecopetrol ocultó información a revisoría fiscal; no hubo auditoría a la gestión de Ricardo Roa
En la asamblea general de accionistas de 2026, Deloitte reveló que la revisoría fiscal de Ecopetrol no accedió a toda la información financiera de la empresa.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, en la asamblea de accionistas 2026. FOTO: Cortesía Ecopetrol.
Lo que en principio era una lectura técnica de rutina en la asamblea general de accionistas de Ecopetrol, del 2026, terminó encendiendo las alarmas sobre la transperencia, gobernanza y confianza de la petrolera colombiana. Incluso, analistas del sector no dudaron en calificar esta advertencia como inédita.
El revisor fiscal de Ecopetrol, Jesús Andrés Roa Pascual, designado por la firma Deloitte & Touche SAS, leyó este 27 de marzo ante los accionistas el informe de auditoría con fecha 3 de marzo de 2026.
En ese orden, el revisor fiscal dejó constancia que no tuvo acceso pleno a toda la información financiera y corporativa de la compañía, en particular aquella relacionada con el informe de gestión de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
Pese a ello, de acuerdo con la lectura, la opinión técnica sobre los estados financieros fue limpia, tanto los separados como los consolidados, al corte del 31 de diciembre de 2025, “presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la entidad”, conforme a las normas de contabilidad aceptadas en Colombia y las disposiciones de la Superintendencia Financiera.
Es decir, en términos contables, Ecopetrol presenta razonablemente su situación financiera, resultados y flujos de efectivo bajo las normas vigentes en Colombia.
Sin embargo, ese aval técnico reiteró la advertencia de la “otra información”, que incluye el informe integrado de gestión, la cual no fue auditada porque no estuvo disponible al momento del dictamen.
El revisor fue explícito en su lectura al afirmar que su opinión “no cubre ese contenido” y, cuando acceda a él, deberá evaluar si hay inconsistencias materiales frente a los estados financieros o al conocimiento obtenido durante la auditoría”.
¿Qué dijo exactamente la revisoría fiscal de Ecopetrol sobre la información de gestión?
En el apartado denominado “Otra información”, el revisor fiscal explicó que la administración de Ecopetrol es responsable de un bloque de documentos que incluye el informe integrado de gestión, pero ese informe no formaba parte del material que le fue entregado al momento de suscribir el dictamen.
El revisor señaló que esperaba disponer de esa información “después de la fecha de este informe de auditoría”, lo que significa que auditó los estados financieros sin haber podido verificar su concordancia plena con el informe de gestión de Ricardo Roa.
El meollo del asunto está en lo que la norma le exige al auditor cuando finalmente accede a ese material, si detecta una “incorrección material” entre el informe de gestión y los estados financieros ya auditados, está obligado a comunicarlo a los encargados del gobierno de la entidad. Es decir, el proceso de auditoría fiscal no cerró, sino que quedó abierto.
Este tipo de salvedad, aunque existe en el lenguaje estándar de las auditorías internacionales aceptadas en Colombia, despuerta dudas y alarmas porque se aplica a la empresa petrolera más grande del país, listada además en bolsas de valores de Estados Unidos.
Además, en un contexto en que su presidente Roa tiene imputaciones penales por la Fiscalía por presunto tráfico de influencias en la compra de un apartamento. A eso se suma, el escándalo de la financiación de la campaña Petro Presidente, de la cual fue su gerente, por superar los topes exigidos por la ley.
La reacción de los expertos: “Insólito” y sin precedente en casi dos décadas
Ante estos hechos, Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, analizó la situación y advirtió que “sería insólito, no observado en los años de gobierno corporativo de Ecopetrol y más tratándose de una empresa de tal nivel de importancia lo señalado”
Añadió: “Es decir que la revisoría fiscal no haya podido examinar la información financiera real y total de la compañía y su concordancia con los informes de gestión que se presentaron, hecho que le colocaría un cuestionamiento y manto de juicio adicional a la gestión de Ricardo Roa al frente de la principal empresa de Colombia”.
En ese sentido, Mauricio Téllez, exgerente de comunicación de Ecopetrol, añadió una perspectiva histórica que dimensiona la gravedad del asunto.
“Lo que expresó el revisor fiscal incrementa los problemas de gobernanza y transparencia de Ecopetrol. El representante de Deloitte no tuvo acceso a toda la información del informe de gestión de la empresa y expone la situación para dejar una advertencia sobre posibles hallazgos materiales en dicha revisión”.
Por eso, Télles insistió: “No recuerdo una situación parecida en las últimas dos décadas, desde que en 2007 Ecopetrol inscribió sus acciones en la bolsa de Colombia”.
Esa referencia a 2007 significa que en casi 20 años de vida bursátil, Ecopetrol nunca había atravesado una situación en la que el auditor externo tuviera que admitir públicamente, ante los accionistas, que no contaba con el informe de gestión completo al momento de cerrar su dictamen.
Accionistas minoritarios denuncian un patrón de deterioro en el gobierno corporativo
La lectura del informe fue el detonante para la intervención de Luis Carlos Orejarena Morales, en la asamblea de este 27 de marzo, quien representaba a Mauricio Alexander Gutiérrez Sedeño y a la Asociación Amigos de Ecopetrol.
Para este accionista, la situación con la revisoría fiscal no es un hecho aislado sino la expresión más reciente de un deterioro sistemático en el gobierno corporativo de la empresa, iniciado desde que se modificaron los requisitos para nombrar a los miembros de la junta directiva.
Orejarena señaló que uno de los cambios más graves fue la modificación del sistema de cumplimiento, es decir, el área ya no reporta a la junta directiva sino al propio presidente Ricardo Roa, lo que, en sus palabras, “convierte al primer ejecutivo en juez y parte”.
Esta situación, dijo, fue denunciada por el mismo director de cumplimiento antes de ser retirado de la compañía.
A eso se suman otras irregularidades documentadas por los accionistas minoritarios como la autorización de reuniones de junta directiva por fuera de la empresa e incluso de manera virtual.
Y un hecho que el representante consideró, especialmente, grave en términos de conflicto de intereses. Se refirió a que el presidente Gustavo Petro se habría reunido en algún momento con la junta directiva, lo que generaría una asimetría entre los accionistas mayoritarios y los minoritarios en el acceso a la información.
“Ahí hay una violación de conflicto de intereses y de ahí se derivan unos delitos que denunciaremos ante la fiscalía debidamente después de esta asamblea”, advirtió Orejarena, quien también recordó que el Código de Comercio establece en su artículo 28 que el conflicto de interés ocurre cuando se contraponen los intereses de un administrador con los de terceros en las decisiones que adopta.
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