El pulso institucional por la emergencia económica en Colombia llegó a la Corte Constitucional.
Con una carta de 29 páginas, el Consejo Gremial Nacional radicó este 13 de enero de 2026, en Bogotá, una solicitud formal para que se suspendan provisionalmente los efectos del Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica.
El documento fue dirigido al presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, y busca que la Sala Plena evalúe, desde ya, un freno temporal a la norma mientras se decide su constitucionalidad de fondo.
Decreto 1390 de 2025, el centro del debate jurídico y económico
El Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025 es la base jurídica que habilita al Gobierno para expedir decretos legislativos con fuerza de ley, bajo el argumento de atender una situación extraordinaria.
Sin embargo, para el Consejo Gremial, esta declaratoria no solo amerita control posterior, sino una suspensión inmediata, pues podría derivar en un uso abusivo de los poderes de excepción que termine socavando el orden constitucional, el principio democrático y la separación de poderes.
La petición fue presentada por Camilo Armando Sánchez Ortega, actuando como presidente y representante legal del Consejo Gremial Nacional.
En la comunicación oficial, Sánchez Ortega solicita al magistrado Ibáñez que proponga a la Sala Plena la suspensión provisional del decreto, cumpliendo así los requisitos formales exigidos por la jurisprudencia constitucional.
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Uno de los puntos clave del documento es que la solicitud no se limita solo al Decreto 1390 de 2025. El Consejo Gremial pide expresamente que, si se suspende la declaratoria de emergencia, también se suspendan provisionalmente todos los decretos legislativos que el Gobierno expida con fundamento en esa norma.
La razón es que si se mantiene vigente el decreto madre, los actos derivados seguirían produciendo efectos jurídicos y económicos, incluso si más adelante la Corte declara su inexequibilidad.
Argumento central: evitar el abuso de poderes de excepción
El escrito insiste en que la suspensión provisional es necesaria para “impedir que el uso abusivo de los poderes excepcionales termine afectando pilares básicos del Estado de derecho”.
Según el Consejo Gremial, mantener vigente el Decreto 1390 sin una revisión previa podría dejar sin contenido real el control constitucional, permitir atajos legislativos y abrir la puerta a decisiones que alteren el equilibrio institucional.
Uno de los apartados más extensos del documento se concentra en el principio de proporcionalidad en sentido estricto, criterio que la Corte Constitucional exige para decretar suspensiones provisionales.
El Consejo Gremial sostiene que “no existe ninguna desventaja real para el principio democrático si se suspende temporalmente el decreto”.
Por el contrario, afirma que la medida garantiza la supremacía de la Constitución, protege la separación de poderes, respeta los principios de legalidad tributaria y reserva de ley tributaria; y evita la elusión del control de constitucionalidad.
Además, advierte que la emergencia económica, tal como está planteada, puede generar distorsiones económicas e inseguridad jurídica, factores que suelen desestimular la inversión y alterar el normal funcionamiento del sistema económico.
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