La declaratoria de emergencia económica, anunciada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, encendió las alertas en la Corte Constitucional: incluso durante la vacancia judicial, el alto tribunal estaría analizando la posibilidad de convocar una sesión extraordinaria de la Sala Plena para estudiar una medida que distintos gremios han calificado como “abiertamente inconstitucional”.
La emergencia económica busca recaudar $16 billones y es interpretada como una salida urgente del Gobierno para obtener recursos tras el hundimiento de la reforma tributaria o Ley de Financiamiento, que dejó desfinanciado el Presupuesto General de la Nación 2026.
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En defensa de la medida, Ávila sostuvo que el escenario actual no tiene precedentes recientes. “En los últimos 30 años no hay antecedentes de que el Congreso apruebe un presupuesto sustentado en una Ley de Financiamiento y que, apenas dos meses después, rechace esa misma ley”, afirmó el ministro, al advertir que esta situación profundizó el desbalance fiscal.
Según el jefe de la cartera de Hacienda, la declaratoria de emergencia económica permitiría al Ejecutivo contar con herramientas excepcionales para atender las necesidades fiscales inmediatas, en un contexto marcado por la estrechez presupuestal y las crecientes presiones sobre las finanzas públicas.
Corte evalúa sesiones extra para estudiar la emergencia económica
Una vez sea expedido, el decreto de emergencia económica entrará de inmediato a control de constitucionalidad. Sin embargo, debido a que la rama judicial se encuentra en vacancia hasta el 10 de enero, la Corte Constitucional estaría evaluando la posibilidad de convocar una sesión extraordinaria en los próximos días para estudiar la medida.
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Frente a este escenario, el presidente Gustavo Petro advirtió que si el alto tribunal decide tumbar el decreto, el país podría enfrentar mayores presiones financieras.
“Si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave”, afirmó el mandatario, quien aclaró que “no es una amenaza, sino simple economía de primer semestre”.
Vacancia judicial abre varios escenarios en la Corte Constitucional
Pero el trámite del decreto enfrenta un calendario complejo. La Corte Constitucional se encuentra en vacancia judicial hasta el próximo 10 de enero, lo que abre varios escenarios.
Uno de ellos sería la activación excepcional del alto tribunal durante el receso, mediante la autorización del Consejo Superior de la Judicatura para habilitar un equipo mínimo que permita admitir el decreto, iniciar su estudio y solicitar al Gobierno las pruebas que respalden la declaratoria.
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Otra posibilidad es que el análisis se aplace hasta enero. En ese caso, la Sala Plena se reuniría el 13 de enero y podría priorizar el estudio de la emergencia económica. El magistrado ponente tendría entonces la facultad de promover una medida cautelar que suspenda temporalmente los impuestos decretados, mientras se adopta una decisión de fondo.
El debate no está exento de riesgos jurídicos. Si la Corte concluye que la emergencia económica no responde a “hechos sobrevinientes”, como exige la Constitución, los ministros que firmaron el decreto podrían enfrentar eventuales responsabilidades legales.
¿Para qué son esos $16 billones?
El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2026 con un claro desequilibrio entre ingresos y gastos. Mientras los ingresos fueron estimados en $530,7 billones, el nivel de gasto asciende a $546,9 billones. El faltante, cercano a $16 billones, estaba condicionado a la aprobación de la Ley de Financiamiento, que finalmente no prosperó. En otras palabras, el Legislativo avaló el monto del gasto, pero no aseguró todas las fuentes de ingreso necesarias para financiarlo.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, esos recursos estaban destinados facilitar el retorno gradual a la senda de la Regla Fiscal y a financiar rubros clave como salud, educación y programas sociales priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo.
Presupuesto limita el margen de maniobra
La Contraloría advirtió que cualquier ajuste al Presupuesto General debe tener en cuenta las fuertes rigideces de su estructura. Según cifras del propio Ministerio de Hacienda, cerca del 92% del gasto es inmodificable, lo que limita significativamente el margen de maniobra del Gobierno.
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Para 2026, la composición del PGN se concentra en un 65,5% en gastos de funcionamiento, equivalentes a $358,1 billones; un 18,4% en el servicio de la deuda, por $100,4 billones; y un 16,1% en inversión, que suma $88,4 billones.
En medio del debate, el presidente Gustavo Petro aseguró que la declaratoria de emergencia económica también implicaría “bajar los salarios a los congresistas”, y advirtió que si esta medida es tumbada “se encarecerá aún más la deuda y se profundizará su insostenibilidad”.
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