Los gremios de vigilancia y seguridad privada advirtieron que recientes decisiones del Gobierno podrían afectar a 400.000 empleos formales y debilitar un sector que aporta el 1,13% del PIB colombiano.
Los gremios de la vigilancia y la seguridad privada en Colombia lanzaron una fuerte advertencia sobre los efectos que, según afirman, están generando algunas decisiones y actuaciones del Gobierno Nacional sobre una actividad que hoy representa cerca de 400.000 empleos formales en el país.
A través de un pronunciamiento conjunto, el sector destacó que se trata de una actividad legal, formal y regulada, conformada por hombres y mujeres que prestan servicios de seguridad las 24 horas del día en todo el territorio nacional. Según las cifras presentadas por los gremios, la actividad representa el 1,13% del Producto Interno Bruto (PIB), moviliza cerca de 21 billones de pesos al año y concentra el 4% del empleo formal en Colombia.
Los representantes del sector enfatizaron que todas sus operaciones se desarrollan bajo licencias, contratos legales, afiliaciones al sistema de seguridad social, pago de impuestos y responsabilidad jurídica frente a sus actuaciones.
En el documento, gremios como Aces, Asosec y Confevip reiteraron su compromiso con la Constitución Política, el Estado Social de Derecho, la economía de mercado, la libre empresa, la propiedad privada y la seguridad jurídica.
Sin embargo, señalaron que las actuaciones recientes del Gobierno Nacional frente a la industria configuran un patrón de deslegitimación que estaría teniendo consecuencias directas sobre empresas y trabajadores.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la equiparación del sector formal con estructuras paramilitares, una afirmación que, según los gremios, carece de sustento probatorio.
Adicionalmente, denunciaron una parálisis institucional que estaría afectando los procesos de acreditación de miles de trabajadores. De acuerdo con el sector, los trámites tardan en promedio 391 días, aunque existen casos que han alcanzado hasta 1.348 días de espera.
Los gremios, entre los que también figuran Fecolsep, Conasegur y Ecos, aseguraron que esta situación ha provocado incluso la detención de trabajadores durante operativos de control, pese a que los retrasos obedecerían exclusivamente a demoras en los procedimientos estatales.
El pronunciamiento también cuestiona dos medidas recientes adoptadas por las autoridades.
La primera corresponde a la denominada calculadora salarial, herramienta que, según los gremios, fue implementada sin socialización previa y presenta deficiencias técnicas que han generado incertidumbre entre empresas y trabajadores. Además, sostienen que la medida se extralimita en las funciones del ente regulador.
La segunda decisión tiene relación con la modificación de la estructura tarifaria del sector. Los representantes empresariales afirman que esta reforma también fue adoptada sin el debido proceso y sin espacios adecuados de concertación.
Según el documento, la nueva metodología tarifaria promueve una ruptura del modelo de negocio vigente y omite el impacto económico derivado del nuevo lunes festivo creado por ley, aspecto que consideran fundamental para calcular los costos reales de la operación.
Los gremios advirtieron que detrás de cualquier afectación a las empresas del sector existen consecuencias directas para miles de trabajadores que dependen de esta actividad.
Entre ellos destacan más de 55.000 jóvenes entre 18 y 25 años que han encontrado en la vigilancia privada su primer empleo formal, en un contexto donde la tasa de desempleo juvenil supera el 17%.
También señalaron que el sector brinda oportunidades laborales a más de 112.000 personas mayores de 45 años, un segmento que enfrenta mayores dificultades para acceder al mercado laboral tradicional.
A esto se suman cerca de 80.000 mujeres, muchas de ellas cabeza de familia, además de miles de trabajadores ubicados en municipios intermedios y zonas rurales donde la vigilancia privada constituye una de las principales fuentes de empleo formal.
Los gremios sostienen que un debilitamiento de las empresas legales podría favorecer el crecimiento de esquemas de vigilancia ilegal, caracterizados por la ausencia de contratos laborales, prestaciones sociales y garantías para trabajadores y usuarios.
“Cuando el sector formal se debilita, el vacío lo ocupa la vigilancia ilegal”, señalaron.
En su declaración, los representantes de la vigilancia y la seguridad privada aseguraron que su defensa del Estado Social de Derecho y de la democracia responde a una convicción práctica y no únicamente a una posición institucional.
Indicaron que los derechos económicos, la libertad de empresa y la iniciativa privada deben desarrollarse dentro de los principios del bien común y la responsabilidad social, valores que aseguran haber promovido históricamente desde la actividad empresarial.
Por ello, solicitaron que las decisiones de política pública relacionadas con el sector se adopten con rigor técnico, seguridad jurídica y respeto por los procedimientos establecidos.
Finalmente, los gremios reiteraron que representan a 400.000 trabajadores formales y afirmaron que continuarán defendiendo la legalidad, las instituciones democráticas y el trabajo digno como pilares fundamentales para el desarrollo económico y social del país.
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