El incremento del hurto de cables y los actos de vandalismo contra la infraestructura eléctrica de EPM encendieron las alarmas en Antioquia y el Valle de Aburrá. La empresa advirtió que estos delitos no solo representan millonarias pérdidas económicas, sino que también ponen en riesgo la continuidad y la confiabilidad del servicio de energía para miles de hogares, comercios e industrias.
EPM alerta por aumento del hurto de cables: daños superan $25.000 millones en 2026
El hurto de cables y el vandalismo contra la infraestructura eléctrica de EPM ya generan pérdidas cercanas a $25.000 millones en 2026 y han afectado a más de 763.000 usuarios.
-
Infraestructura eléctrica de EPM afectada por el hurto de cables y actos de vandalismo, una problemática que ya deja pérdidas cercanas a $25.000 millones en 2026 y afecta la continuidad del servicio de energía. FOTO cortesía EPM
hace 2 horas
bookmark
Los principales casos se concentran en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, así como en Medellín y los municipios de Bello, Caldas, La Estrella y Envigado. Según EPM, la infraestructura crítica para la operación del sistema de distribución de energía ha sido objeto de ataques sistemáticos, motivados principalmente por la comercialización ilegal de cobre.
La dimensión del problema se refleja en los recursos que la compañía ha debido destinar para atender las afectaciones. Entre 2024 y 2025, EPM invirtió más de $7.200 millones en la reparación y reposición de infraestructura afectada por hurto y vandalismo en Antioquia y el Valle de Aburrá.
Sin embargo, en lo corrido de 2026, únicamente los daños ocasionados a la red subterránea ya están valorados en cerca de $25.000 millones, una cifra que supera ampliamente las inversiones realizadas en los dos años anteriores.
Como consecuencia de estos hechos:
Más de 763.000 clientes han resultado afectados por interrupciones en el servicio de energía.
Cada evento ha generado, en promedio, cortes de 24,6 horas.
Los daños han comprometido equipos y cableado esenciales para la operación del sistema eléctrico.
EPM explicó que el impacto económico no se limita al reemplazo de cables. También incluye la reparación o reposición de transformadores, luminarias, medidores, acometidas, elementos de protección, tapas de seguridad y otros componentes indispensables para garantizar la prestación del servicio.
El vandalismo también amenaza la confiabilidad del sistema eléctrico
Además del robo de cableado, la empresa reportó un aumento de actos de vandalismo consistentes en el vertimiento de aceites, solventes, pinturas y otros residuos dentro de las cámaras subterráneas de las redes eléctricas.
Estas acciones deterioran la vida útil de los equipos y del cableado, elevan los costos de mantenimiento y aumentan el riesgo de fallas en la red.
EPM advirtió que el hurto de cables de media tensión y los ataques contra las redes asociadas a las subestaciones del Valle de Aburrá representan una amenaza de alto impacto para la confiabilidad del sistema eléctrico.
La empresa señaló que, si llegaran a presentarse afectaciones simultáneas en estas instalaciones, podrían producirse interrupciones masivas y prolongadas del servicio, con consecuencias para usuarios residenciales, establecimientos comerciales e industrias, cuyos procesos productivos e ingresos también resultarían afectados.
El gerente de Transmisión y Distribución Energía de EPM, Jorge Cerezo Restrepo, afirmó que el incremento de estos delitos obliga a realizar inversiones extraordinarias que podrían destinarse a mejorar la infraestructura y ampliar la cobertura del servicio.
“Estas acciones no solo afectan la sostenibilidad y la confiabilidad del sistema eléctrico, sino que obligan a realizar inversiones extraordinarias para reparar la infraestructura dañada, recursos que podrían destinarse a su modernización, expansión y al desarrollo de las comunidades”, indicó el directivo.
La empresa explicó que estas inversiones también tienen efectos sobre los costos reconocidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), situación que puede traducirse en incrementos en las facturas de los usuarios y en mayores interrupciones del servicio.
Cerezo Restrepo añadió que la manipulación de instalaciones energizadas representa un grave riesgo para la vida de quienes participan en estos hechos. “Cuando se atenta contra la infraestructura de servicios públicos, las consecuencias las asumimos todos”, enfatizó.
EPM fortalece la seguridad y busca judicializar a los responsables
Como respuesta al incremento de estos delitos, EPM reforzó las medidas de protección de su infraestructura mediante monitoreo permanente, instalación de barreras físicas, rediseño de tapas de seguridad, implementación de sistemas de alarma y controles de acceso en instalaciones críticas y redes subterráneas.
De manera paralela, la empresa trabaja con las autoridades para identificar, capturar y judicializar a los responsables.
Según recordó EPM, los artículos 240, 241 y 265 del Código Penal Colombiano establecen que quienes incurran en conductas relacionadas con hurto calificado y agravado o daño en bien ajeno pueden enfrentar penas de hasta 21 años de prisión.
La compañía insistió en que proteger la infraestructura eléctrica significa garantizar un servicio esencial para millones de personas y preservar el bienestar, la seguridad y el desarrollo económico de los territorios.
Como muestra de la complejidad del problema, EPM indicó que la reposición de un solo kilómetro de cable de media tensión puede costar alrededor de $550 millones.
Además, los tiempos de reposición pueden extenderse hasta 14 meses, dependiendo de la magnitud del daño y de la disponibilidad de materiales y equipos especializados.
Finalmente, la empresa hizo un llamado a la ciudadanía para que se convierta en aliada en la protección de la infraestructura eléctrica y denuncie cualquier actividad sospechosa que pueda poner en riesgo la prestación del servicio.
Nuestros portales
Regístrate al newsletter