Los principales gremios del sector energético colombiano enviaron una carta al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, y a las comisiones quintas del Congreso, en la que expresan su preocupación por el Proyecto de Ley 432 de 2025 Cámara, denominado “Regulación Justa”. Según las asociaciones, la iniciativa, radicada por el propio Ministerio, no reducirá las tarifas de energía y podría afectar la confiabilidad del sistema eléctrico y del abastecimiento de gas en el país.
La misiva fue firmada por Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas, Ser Colombia, ACP, Cámara Colombiana de la Energía, Acce, Agremgas, Gasnova, Andi, Asoenergía y Ceera, en representación de todo el sector energético nacional.
“El proyecto no reduce tarifas y genera incertidumbre regulatoria”
Los gremios recordaron que participaron activamente en la discusión técnica del anteproyecto, presentando observaciones para garantizar el abastecimiento energético y la eficiencia del servicio, en línea con el mandato constitucional de asegurar el acceso universal y eficiente a los servicios públicos.
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Sin embargo, tras analizar el texto final radicado por el Ministerio, advirtieron que varias disposiciones no contribuyen a una disminución de tarifas, sino que podrían provocar aumentos en las facturas de los usuarios y afectar la sostenibilidad del sistema.
Los firmantes señalaron que el proyecto introduce artículos que ponen en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico y crean incertidumbre sobre las reglas de expansión de la oferta energética, un elemento clave para la estabilidad y competitividad del sector.
Riesgo de desabastecimiento de energía y gas por falta de expansión
En su comunicación, los gremios alertaron que el país enfrenta un riesgo creciente de desabastecimiento de energía eléctrica y gas, debido a la insuficiente oferta de energía firme y gas natural.
Según cifras oficiales del operador del mercado mayorista, en los últimos cinco años solo ha entrado en operación menos del 30% de la generación comprometida, mientras que más del 50% de los proyectos de transmisión presentan retrasos.
Ante este panorama, las agremiaciones consideran urgente adoptar decisiones de política pública que impulsen nuevas inversiones, agilicen proyectos y fortalezcan la confianza en las reglas del mercado. No obstante, afirman que el proyecto del Gobierno no aborda estos problemas estructurales ni incentiva la expansión de la infraestructura energética, lo que podría agravar la brecha entre oferta y demanda.
Deudas y crisis de liquidez en comercializadores
Otro punto crítico señalado por los gremios es la situación financiera de los comercializadores de energía, que a septiembre acumulan saldos por recuperar cercanos a 6 billones de pesos, de los cuales el 68% corresponde a deuda pública nacional y territorial.
Asimismo, recordaron que el Estado aún no ha girado los recursos correspondientes a los subsidios otorgados a los usuarios vulnerables, una deuda que supera los 2,8 billones de pesos, lo que compromete la liquidez de los prestadores y la estabilidad del sistema.
Propuestas gremiales para garantizar la sostenibilidad del sector energético
En lugar de avanzar con el proyecto de ley en su versión actual, los gremios plantearon cinco acciones prioritarias que, según ellos, no requieren trámite legislativo, sino decisiones inmediatas y coordinadas entre el Gobierno y los actores del sector:
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1. Garantizar los recursos para el pago de subsidios de energía y gas ya otorgados a los usuarios más vulnerables.
Cumplir la promesa del presidente Gustavo Petro, hecha en mayo de 2024, de que la Nación asumiría los saldos de la opción tarifaria.
2. Definir el esquema de prestación del servicio de Air-e en la región Caribe, incluyendo el pago de las deudas de esta empresa con otros agentes del mercado.
3. Contratar estudios técnicos rigurosos e independientes para evaluar las reformas propuestas, con tiempos de análisis superiores a los seis meses previstos.
4. Asegurar la ejecución de proyectos energéticos con garantías sociales, ambientales y de seguridad jurídica para atraer inversión y garantizar el abastecimiento.
Llamado al diálogo técnico y a la seguridad jurídica
Las asociaciones firmantes reiteraron que comparten el objetivo de mejorar las condiciones de los usuarios y mitigar el impacto tarifario, pero insistieron en que estos cambios deben surgir de decisiones técnicas, concertadas y sostenibles, en el marco del sistema institucional vigente.
“Se requiere un equilibrio razonable entre tarifas eficientes y la garantía actual y futura en la prestación del servicio, con empresas sostenibles y viables, sean públicas, privadas o mixtas”, subrayan los gremios.
Finalmente, pidieron al Gobierno y al Congreso revisar el proyecto con base en evidencia técnica, participación informada y diálogo institucional, garantizando la seguridad energética, la estabilidad jurídica y la confianza de los inversionistas, pilares —dijeron— del desarrollo económico y social de Colombia.
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