El sector de la construcción sigue atravesando por un momento complejo, marcado por el deterioro de las expectativas y una evidente distancia con las políticas del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Aunque al cierre de 2025 se percibía un leve optimismo, el panorama volvió a enfriarse durante el primer cuatrimestre de 2026: los lanzamientos de vivienda cayeron 16,7%, las ventas retrocedieron cerca de 6% y las iniciaciones de obras se desplomaron 19,9%.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), hizo un balance poco alentador del sector durante estos últimos tres años. Aseguró que el Gobierno Petro dejó “de capa caída” a la construcción tras desmontar el programa Mi Casa Ya, decisión que, dijo, elevó los desistimientos de compra de vivienda a cerca de 30.000 en el último año.
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También advirtió que las altas tasas de interés y el incremento en los costos de producción amenazan con elevar las tasas de los créditos hipotecarios hasta 14,5%. A esto se suma una desaceleración que está destruyendo cerca de 22.000 empleos formales cada mes y trasladando la carga de los subsidios de vivienda a las regiones que cuentan con capacidad presupuestal propia.
Frente a este panorama, el líder de Camacol reveló la hoja de ruta que el gremio presentará el próximo 20 de mayo junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para impulsar la reactivación económica del sector. La propuesta contempla recuperar los beneficios tributarios de las cuentas AFC para incentivar el ahorro, implementar coberturas a las tasas de interés —similares a los programas PIPE 1 y PIPE 2— dirigidas a jóvenes y clase media en vivienda no VIS, y rediseñar Mi Casa Ya para reducir en 40% su costo para el Estado, eliminando barreras como el Sisbén.
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Pese al difícil contexto, Herrera destacó que cerca de la mitad de las viviendas entregadas en el país ya cuentan con criterios de sostenibilidad. En esa línea, anunció que el gremio trabaja en la primera base de datos de materiales verdes y en el desarrollo de VIS 5.0, una apuesta enfocada en la descarbonización y la resiliencia climática del sector.
¿Cómo le ha ido al sector en estos primeros meses del año?
“Cerramos 2025 con un optimismo moderado, con ventas creciendo 12%. Entonces dijimos: ‘Bueno, si esto se mantiene, de pronto nos va a permitir recuperar el ritmo de iniciaciones en un año’. Pero el anuncio del incremento del salario mínimo, que ha generado impactos en los costos de producción y en los insumos para edificaciones, sumado a anuncios regulatorios muy inconvenientes para el desempeño de la construcción, como la eliminación de los topes VIS y el control de precios planteado por el Gobierno Nacional, cambió el panorama que teníamos.
En los primeros cuatro meses del año, los lanzamientos cayeron más de 16,7% y las ventas se enfriaron, con una caída cercana al 6%. Por el lado de las iniciaciones, la reducción fue de 19,9%.Vemos que el sector cierra este gobierno del presidente Petro de capa caída. Nunca hizo nada para tratar de recuperarlo, cosa que sí han hecho los gobiernos regionales”.
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¿Ya se han visto impactos del aumento del salario mínimo en la compra de vivienda?
Primero hay que decir que desde el sector de la construcción se ha hecho un esfuerzo grandísimo para evitar los desistimientos. Pero también hay que aclarar que el incremento del salario mínimo no implica un aumento automático en el precio de las viviendas.
Eso va a tener un impacto a mediano plazo sobre la nueva oferta. Seguramente los nuevos proyectos tendrán que asumir mayores niveles de precios porque también enfrentan mayores costos de producción, que estimamos entre 10% y 15%, dependiendo del tipo de proyecto, la región y la empresa.
Nuestro interés es evitar que las familias desistan porque eso no es negocio ni para ellas ni para los empresarios. Eso genera reprocesos, costos financieros y la necesidad de volver a vender una vivienda.
Lo cierto es que los niveles de desistimiento siguen históricamente altos. A marzo de 2026 se acumulaban 2.169 desistimientos mensuales y cerca de 30.000 en el año completo.
La principal causa no es solamente el incremento del salario mínimo, sino el desmonte del programa Mi Casa Ya, porque las familias ya no tienen garantizado un cierre financiero para comprar vivienda. También influye el comportamiento de las tasas de interés hipotecarias, que se han incrementado en los últimos meses por el encarecimiento de la prima de riesgo país.
Estamos en niveles de deuda muy altos y costosos frente al estándar internacional, y eso se refleja en el crédito hipotecario. Si sigue esta tendencia de aumento de deuda pública, déficit fiscal y encarecimiento de los TES, el crédito hipotecario podría cerrar el año en niveles de 14,5%, lo que hace más difícil el acceso de los hogares a vivienda”.
¿Cómo va ese borrador de decreto que propone desindexar el salario mínimo del la vivienda VIS?
“Eso está bajo un proceso de vigilancia preventiva en la Procuraduría General de la Nación. La Contraloría General de la República también ha llamado a mesas de trabajo al Gobierno Nacional para que explique la justificación legal, técnica y económica de ese proyecto de decreto.
Creo que ahí se está haciendo un trabajo importante porque, si uno revisa los comunicados de la Procuraduría, hay preocupación por el daño que este tipo de medidas puede generar en términos de impacto económico y empleo. A mí me parece que el Gobierno Nacional ni tiene la competencia ni ha logrado justificar esas decisiones”.
¿Ustedes han interpuesto algún recurso contra esto?
“Nosotros hicimos las observaciones dentro del trámite legal de publicación. Incluso hemos señalado que se violó el proceso de consulta ciudadana porque nunca nos contestaron.
En las mesas de trabajo uno ve que el Gobierno Nacional estaba buscando improvisar este tipo de medidas para resolver el impacto del incremento del salario mínimo sobre los precios tope, que por el mismo Plan Nacional de Desarrollo están fijados en salarios mínimos. Eso incluso lo dijo el mismo ministro de Hacienda.
Lo que vemos es que el presidente Petro, por decreto, no puede modificar la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Ese es el argumento principal y no vemos que el Gobierno tenga sustento jurídico para expedir este tipo de disposiciones que, más allá de la inconveniencia económica, claramente violan normas de mayor jerarquía”.
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¿Cuántos empleos se han perdido?
“El año pasado se dejaron de crear 24.000 empleos al mes. Este año estamos viendo creación de empleo, pero en la informalidad, mientras se destruyen muchos los formales.
Hoy vemos que se crean cerca de 64.000 empleos informales y se destruyen 22.000 formales en el promedio mensual.
Además, las cifras del Dane muestran que este es el sector con las tasas más altas de desempleo. Según la Encuesta Integrada de Hogares, 134.000 personas dijeron que su último empleo había sido en construcción de vivienda, lo que pone al sector con niveles de desempleo cercanos al 12,2%”.
¿Qué le pide hoy el gremio al próximo gobierno en materia de vivienda?
“Cuando uno ve a los candidatos a la Presidencia, la gran mayoría coincide en que hay que recuperar un programa como Mi Casa Ya y reactivar el aporte de la construcción a la economía en términos de empleo, inversión y crecimiento.
Este es un sector que ya acumula 10 trimestres de contracción en el PIB de edificaciones y seguramente llegará a 11, según las cifras del Dane.
Desde Camacol impulsamos estas propuestas, pero no estamos solos. Hace más de un año hicimos una alianza con Asobancaria y Asocajas, y desde enero de este año nos acompaña el BID, en un libro de propuestas que vamos a lanzar el 20 de mayo”.
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¿Cuál es la hoja de ruta que van a lanzar?
“Hay iniciativas orientadas a mejorar el cierre financiero de los hogares, el acceso al crédito, impulsar nuevos esquemas de negocio, premiar el ahorro para comprar vivienda y fortalecer la sostenibilidad ambiental y la planeación territorial.
Lo más importante es recuperar Mi Casa Ya. Entendemos que el próximo gobierno recibirá un déficit fiscal complejo, por eso estamos rediseñando el programa para que sea al menos 40% menos costoso para el presupuesto público, sin perder su capacidad de focalización en hogares de menores ingresos.
También proponemos ajustes operativos para que vuelva a funcionar como antes, sin tantos trámites ante el Estado y sin necesidad de Sisbén.
En acceso a crédito, planteamos algo similar a los programas PIPE 1 y PIPE 2, con coberturas a la tasa de interés para hogares de clase media y jóvenes, incluso para vivienda no VIS. Eso permitiría generar un choque inmediato de reactivación económica y empleo”.
También es importante incentivar nuevamente el ahorro para vivienda...
“Sí. Todos recordamos la importancia que tuvieron las cuentas AFC. Eran un vehículo muy importante porque incentivaban el ahorro para comprar vivienda.
Hoy esos incentivos se han perdido muchísimo. Antes, cerca de ocho de cada diez declarantes naturales tenían cuenta AFC; hoy apenas serían cuatro de cada diez.
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Entonces, si va a haber dificultades para financiar vivienda o mantener subsidios, por lo menos hay que permitir que los hogares ahorren y devolverles incentivos tributarios. Eso también reduce el costo de adquirir vivienda”.
La percepción de muchos hogares sigue siendo que tener casa propia cada vez está más lejos...
“Desafortunadamente, en estos tres años del gobierno Petro eso fue lo que ocurrió: se desfinanciaron los hogares de menores ingresos, se eliminó la posibilidad de contar con subsidios y, además, se impulsaron políticas que encarecieron los costos de construcción. El impacto más triste de todo esto son los desistimientos y la pérdida de empleo”.
¿Cómo ven el mercado de Medellín frente al encarecimiento del costo de vida y el déficit habitacional?
“Cuando uno mira las brechas regionales, Medellín probablemente es la ciudad con la mayor inelasticidad de precios del país. Los hogares de menores ingresos pueden estar destinando casi el triple frente a otros hogares para pagar arriendo o adquirir vivienda.
Ahí convergen muchos factores. Por eso es importante el ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial para liberar oferta de suelo. Hay muchas condiciones regulatorias que deben facilitar la oferta de vivienda.
También vemos con buenos ojos el compromiso de alcaldes y gobernadores para financiar vivienda ante la liquidación de Mi Casa Ya. En el último año se entregaron 74.000 viviendas VIS y la mitad estuvieron en Bogotá, Medellín, Antioquia y Barranquilla gracias al apoyo regional.
¿Cómo va el sector en términos de sostenibilidad?
“Primero tengo que reconocer el apoyo de la Embajada de Suiza y de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial.
Desde hace tres o cuatro años, cuando llegué a la Presidencia de Camacol, empezamos a impulsar con mucha fuerza la sostenibilidad. Una de las primeras decisiones fue el compromiso de que, para 2030, la mitad de las viviendas entregadas en el país fueran sostenibles ¿Eso qué significa? Que tengan certificaciones ambientales como Edge, CASA o Leed, que garanticen mayor eficiencia en consumo de agua y energía y menores niveles de carbono embebido en materiales.
La buena noticia es que el año pasado ya llegamos al 50%. Veníamos de niveles cercanos al 20%. En poco más de un año duplicamos la producción de vivienda sostenible en el país.
Incluso recibimos un premio de la IFC y el Banco Mundial en Sudáfrica por ser el país que más metros cuadrados ha certificado en vivienda sostenible. Además, somos el único país que lo hace de manera masiva en vivienda de interés social”.
¿Qué otras iniciativas vienen impulsando?
“Tenemos programas como VIS 4.0, que es un manual de construcción sostenible para vivienda VIS, no VIS, urbana, rural y mejoramiento de vivienda. Ese documento sirvió como línea base para la Resolución 194 sobre construcción sostenible en Colombia.
También tenemos Sostenido, la primera base de datos de materiales ambientalmente sostenibles, y estamos desarrollando la primera encuesta sobre circularidad ambiental en procesos constructivos.
Ahora lanzamos VIS 5.0, que busca acelerar la reducción de la huella ambiental de los proyectos, impulsar la regeneración de territorios y fortalecer temas de biodiversidad, resiliencia climática y movilidad sostenible”.
¿Qué beneficios económicos tiene para los hogares una vivienda sostenible?
“La principal ventaja, y eso lo certifica la IFC en el caso de EDGE, es que una vivienda verde debería garantizar ahorros mínimos de 20% en consumo de agua y energía.
Eso al final se refleja en el bolsillo de las familias, especialmente en el pago de servicios públicos. Dependiendo del proyecto, los ahorros pueden ser mayores”.
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