El presidente Gustavo Petro sorprendió este sábado con el anuncio de iniciar la liquidación de Air-e, la empresa que lleva la energía eléctrica a los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
La respuesta del sector no tardó con el pronunciamiento de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), que calificó la decisión de “irresponsable, ilegal y con tintes políticos”.
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, aseguró que en el momento en que la Superintendencia de Servicios Públicos abra el proceso de liquidación, Air-e no puede seguir prestando el servicio, ni comprar energía, ni venderla, ni facturarla.
En la práctica, eso significa apagar la luz a 1,3 millones de hogares del Caribe colombiano.
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Sin operador alternativo, el apagón sería inmediato
El problema no es solo la liquidación en sí, ya que el Gobierno no tiene a quién entregarle el servicio. “Al día de hoy, el Gobierno no ha hecho ninguna gestión para buscar un operador que tenga las características o la idoneidad suficiente para prestar el servicio a esos tres departamentos”, afirmó Castañeda.
Las empresas distribuidoras estatales que podrían asumir el relevo son, según el gremio, demasiado pequeñas. No tienen el músculo financiero para hacerse cargo de una compañía que pierde entre 150.000 y 200.000 millones de pesos cada mes.
Si se les transfieren los activos de Air-e sin recursos frescos, el resultado sería el mismo, un apagón permanente en el Caribe, alertó Andeg.
Una deuda de $2,5 billones que nadie quiere heredar
Detrás de la crisis operativa hay una bomba financiera. Desde que la Superintendencia intervino Air-e en septiembre de 2024, el Gobierno cambió la regulación para obligar a los generadores a seguir vendiendo energía a la empresa, aunque esta no pagara.
El resultado es una deuda acumulada de 2,5 billones de pesos con corte a finales de mayo de 2026.
De esa cifra, 1,7 billones de pesos corresponden a los generadores térmicos, precisamente los que deberían respaldar el sistema eléctrico nacional cuando el fenómeno de El Niño apriete. El resto lo adeudan a empresas hidráulicas y de transmisión.
¿Qué pasa con esas deudas si Air-e se liquida? Castañeda aclaró que es “hacerle un conejo a todos los acreedores”. Las deudas quedarían congeladas en el tiempo, sin un horizonte claro de pago.
“Se está enviando el mensaje de que si liquidan una compañía en el país no se honran las deudas. Eso es lo mismo que pasó en el sector salud y que acabó con el sistema”, advirtió.
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El líder gremial expuso esta analogía: lo que le pasó al sistema de salud colombiano, donde la liquidación de empresas dejó deudas sin pagar y hundió la cadena de pagos, podría repetirse ahora en el sector eléctrico.
Y añade otro elemento al debate, el tiempo. El anuncio de Petro se produce a menos de ocho días de las elecciones.
“Esto tiene un tinte totalmente político, ad portas de unas elecciones”, dijo Castañeda, quien pidió al Gobierno que, en cambio, destine los recursos que no ha querido inyectar en 21 meses para sanear a Air-e y evitar un racionamiento generalizado.
Los usuarios del Caribe: 21 meses de deterioro sin solución
Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios de los Servicios Públicos del Caribe, expuso su diagnóstico sobre la gestión gubernamental de Air-e durante la intervención y afirmó que el Gobierno no hizo lo que la ley exige.
“Lo que ordena la Ley 142 de 1994 para las empresas intervenidas es solventarlas y estabilizarlas. El Gobierno no le inyectó recursos frescos a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia, como sí lo hicieron gobiernos anteriores desde 2003”, señaló Alarcón.
El resultado de esa omisión es visible en los números. Air-e tiene un recaudo del 73%, uno de los peores del país, y unas pérdidas eléctricas de casi el 31%. Incluso el sindicato de la empresa, cercano al Gobierno, alertó recientemente sobre las difíciles condiciones operativas.
El presidente Petro también mencionó una posible fusión con Gecelca, la generadora estatal. Pero Alarcón cuestiona esta propuesta porque hay que analizar si esa empresa está en condiciones de asumir los activos y, sobre todo, los pasivos gigantescos de Air-e.
“Debe aclararse quién asumirá las deudas acumuladas durante la intervención, especialmente los cerca de 2,5 billones de pesos adeudados a generadores de energía”, indicó.
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La crisis también llega a las generadoras térmicas que presentaron una demanda contra Colombia ante el Banco Mundial por cerca de 200 millones de dólares. “El Gobierno debe asumir su responsabilidad y explicar quién pagará esas obligaciones. Al final, podrían ser los colombianos quienes terminen asumiendo ese costo”, advirtió Alarcón.
Además, Alarcón cerró con una lista de interrogantes que, a la fecha, no tienen respuesta oficial: ¿Qué pasará con las deudas generadas después de la intervención, que rondan los 2,5 billones de pesos? ¿Quién asumirá esa responsabilidad? ¿Será Gecelca la que cargue con ese peso?
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