Los gremios hicieron un llamado a las instituciones judiciales para “proteger la democracia”.
El presidente Gustavo Petro reveló que ya firmó el decreto que convoca la consulta popular. La noticia no cayó nada bien a los gremios económicos aseguraron que el hecho quebranta la constitución política. El propio jefe de Estado publicó una foto en sus redes firmando el documento.
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Al parecer, el documento ya contaría con las firmas de todos los jefes de cartera del Gobierno Nacional.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, rechazó el decreto y alegó que “vulnera el principio constitucional de la separación de las ramas del poder público, consagrado en el artículo 113 de la Constitución”.
Según el gremio, se está desconociendo la decisión del Senado de la República, que ya habría votado de forma negativa la primera consulta que presentó el jefe de Estado.
La Andi argumentó que esta firma traería consecuencias para el orden constitucional y democrático.
E incluso, considera que los ministros que firmaron el decreto estarían incurriendo en una extralimitación en el ejercicio de sus funciones, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política.
“El carácter de Estado social de derecho implica que Colombia se compromete a perseguir los fines previstos en el artículo 2 de la Constitución, siempre dentro del marco normativo del imperio de la ley y de la propia Carta Magna”, advirtió la Andi.
Otro gremio que se quejó fue Fenalco, el gremio de los comerciantes. El propio Jaime Alberto Cabal, presidente de ese gremio, manifestó que con esta firma “se consuma un golpe de Estado, liderado por Gustavo Petro y sus ministros”.
La justificación de Cabal para sostener esa premisa es que con ese decreto sé irrespeto la separación de poderes. En su concepto es “una peligrosa deriva autoritaria”.
Ante este escenario, el vocero de los comerciantes reiteró un llamado firme a todas las instituciones del Estado para que asuman su papel y revisen la legalidad de dicho decreto.
Hay que tener en cuenta que el presidente Petro formalizó la convocatoria, aunque se declaró dispuesto a derogar el documento siempre y cuando el Senado, que hoy discute la reforma laboral, acoja el texto que fue aprobado por la Cámara de Representantes.
Por el momento, los opositores tienen pensado demandar ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado dicho decreto.
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