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¿Qué pierde el presupuesto de 2027 si el Gobierno lo expide por decreto?

El Gobierno expedirá por decreto el presupuesto de 2027 por $634,9 billones, mientras congresistas advierten sobre diferencias en el trámite y recursos que quedarían por fuera.

  • Aunque el debate del PGN en la Cámara de Representantes se prolongó hasta la madrugada del martes, se cometió un error que dejó sin efecto el trámite del proyecto. FOTO tomada de YouTube
    Aunque el debate del PGN en la Cámara de Representantes se prolongó hasta la madrugada del martes, se cometió un error que dejó sin efecto el trámite del proyecto. FOTO tomada de YouTube
Publicado hace 3 horas Actualizado hace 4 horas
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El Gobierno Nacional aseguró que el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 no fue hundido ni rechazado por el Congreso y anunció que lo expedirá por decreto por $634,9 billones, con las modificaciones aprobadas en primer debate por las comisiones económicas conjuntas.

Según el Ejecutivo, la decisión se fundamenta en el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. El Gobierno sostiene que la propuesta reconoce las necesidades reales del Estado, incorpora los compromisos de gasto social y funcionamiento y responde a criterios de transparencia y responsabilidad fiscal.

La administración del presidente Abelardo de la Espriella afirmó que, junto con la próxima presentación de la Ley de Rescate, la medida hace parte de su estrategia para ordenar las finanzas públicas, recuperar la confianza de los inversionistas, estabilizar la economía y generar oportunidades para los colombianos.

Sin embargo, la decisión está en el centro de una controversia jurídica y política por las diferencias entre los textos aprobados en las comisiones conjuntas y las plenarias de Cámara y Senado.

Puede leer: ¿Cuál es el polémico artículo que pone en duda el Presupuesto de 2027? Esto fue lo que pasó en el Congreso

Esmeralda Hernández sostiene que el presupuesto se hundió

La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández afirmó en diálogo con EL COLOMBIANO que el proyecto se hundió porque el Congreso no completó el trámite constitucional dentro del plazo establecido.

Según explicó, las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron versiones diferentes del presupuesto. En ese escenario, correspondía conformar una comisión de conciliación, elaborar un texto unificado y someterlo nuevamente a consideración de ambas plenarias.

Como ese procedimiento no se completó antes del vencimiento del plazo, a la medianoche del martes, Hernández considera que el proyecto quedó automáticamente hundido.

La senadora señaló que, en esas circunstancias, el presidente debe expedir el presupuesto mediante decreto, pero utilizando el texto aprobado en las comisiones económicas conjuntas y no el que obtuvo aprobación en las plenarias.

A su juicio, esa diferencia tendría consecuencias sobre varias partidas y disposiciones incorporadas durante el trámite en las plenarias.

Entre ellas, mencionó la eliminación de $3 billones destinados a las EPS, la recuperación de $11.400 millones relacionados con la GEP, la restitución de $500.000 millones para el Sena y la recuperación de recursos del Fondo para la Vida y la Biodiversidad.

También sostuvo que quedarían por fuera las facultades excepcionales que se pretendían otorgar al presidente para realizar traslados hacia el Fondo Milagro, así como otros acuerdos con congresistas y representantes de las regiones que no quedaron incluidos en el texto aprobado en las comisiones conjuntas.

Hernández calificó el presupuesto como negativo, aunque consideró que la versión aprobada en las comisiones conjuntas es menos perjudicial que la que pasó por las plenarias.

Entérese: De la Espriella agradeció al Congreso aprobación del presupuesto: “Mi reconocimiento por su patriotismo”

Óscar Darío Pérez advierte sobre recursos regionales

Una interpretación diferente expuso el congresista Óscar Darío Pérez, quien señaló que la discrepancia se concentra en un artículo y que una alternativa sería sancionar el presupuesto sin esa disposición.

Consultado por EL COLOMBIANO, el representante advirtió que la adopción por decreto del texto aprobado en primer debate dejaría por fuera recursos adicionales incorporados durante el trámite en las plenarias, con efectos para las regiones y diferentes entidades públicas.

Según sus cifras, la inversión habría pasado de $86 billones a $94 billones. De los $8 billones de diferencia, alrededor de $5 billones se distribuyeron entre las regiones.

Siga leyendo: Así se repartirá el Presupuesto 2027

En el caso de Antioquia, Pérez señaló que estarían comprometidos $700.000 millones. Por tanto, si se adopta el texto de las comisiones conjuntas, esos recursos adicionales no quedarían incluidos inicialmente en el presupuesto de 2027.

El congresista también mencionó partidas que quedarían por fuera, entre ellas $3 billones para salud, $100.000 millones para la Registraduría, $26.500 millones para el Ministerio de Ambiente, $11.000 millones para las Fuerzas Armadas, $30.000 millones para la Defensoría del Pueblo y $100.000 millones para el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Pese a que el PGN se aprobará por decreto, el congresista aclaró que el Legislativo conservaría sus competencias presupuestales durante la vigencia fiscal. Por esa razón, planteó como alternativa que, en enero de 2027, el Gobierno presente una ley de adiciones y traslados presupuestales para incorporar recursos que hayan quedado por fuera y ajustar las partidas.

Esa vía permitiría, según su explicación, equilibrar las diferencias entre el presupuesto expedido por decreto y las asignaciones que habían sido aprobadas posteriormente en las plenarias.

El congresista sostuvo que, si el Gobierno sanciona el presupuesto sin el artículo 65, esa disposición entraría en vigor el primero de enero, al igual que las consecuencias derivadas del procedimiento adoptado.

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Pérez atribuye el error al equipo jurídico del Gobierno

Sobre la responsabilidad por las diferencias en el trámite, Pérez atribuyó lo ocurrido a un posible error de buena fe del equipo jurídico que participó en la elaboración y el seguimiento del presupuesto, particularmente el del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación.

El congresista explicó que algunos legisladores habían presentado una proposición, firmada, entre otros, por John Jairo Bermúdez y él mismo, para adoptar el texto del Senado sin discutir cada artículo por separado.

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Sin embargo, finalmente se optó por revisar las disposiciones una por una, procedimiento que, según Pérez, se extendió hasta las cinco de la mañana y en el que se habría cometido el error.

Aunque afirmó que prefería atribuir lo sucedido a una equivocación de buena fe, expresó dudas sobre la rapidez con la que algunas congresistas habrían conocido la información relacionada con el trámite.

Pérez también señaló que el texto incluía $70.000 millones para subsidiar el gas licuado de petróleo (GLP), cuyo principal departamento beneficiario sería Nariño, región de la que es oriunda la senadora Esmeralda Hernández.

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Bloque de preguntas frecuentes

¿Qué recursos quedarían por fuera del Presupuesto General de la Nación 2027 si se expide por decreto?
Según el congresista Óscar Darío Pérez, podrían quedar por fuera cerca de $8 billones en partidas adicionales, de los cuales unos $5 billones corresponden a inversión para las regiones. También mencionó recursos para salud, la Registraduría, el Ministerio de Ambiente, las Fuerzas Armadas, la Defensoría del Pueblo e Invías.
¿Cuánto dinero podría dejar de recibir Antioquia en el presupuesto de 2027?
Óscar Darío Pérez advirtió que Antioquia podría quedar sin $700.000 millones en recursos adicionales para inversión si el Gobierno expide el presupuesto con base en el texto aprobado en las comisiones económicas conjuntas.
Se pueden recuperar los recursos que queden por fuera del presupuesto de 2027?
Según Óscar Darío Pérez, el Congreso podría estudiar en enero de 2027 una ley de adiciones y traslados presupuestales para incorporar recursos excluidos y ajustar las partidas. Esta alternativa dependería de las decisiones que adopten el Gobierno y el Legislativo.

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