El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advirtió que los errores de procedimiento en el Congreso tienen consecuencias fiscales y pueden alterar decisiones sobre recursos públicos.
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El Observatorio Fiscal de la Javeriana advierte que expedir el presupuesto de 2027 por decreto dejaría por fuera cambios en salud, energía, deuda e inversión.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advirtió que los errores de procedimiento en el Congreso tienen consecuencias fiscales y pueden alterar decisiones sobre recursos públicos.
La alerta surge tras el trámite del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, que el Gobierno anunció que expedirá por decreto con base en el texto aprobado en primer debate.
Según el centro de investigación, el problema no se limita a la irregularidad que afectó el trámite legislativo. Al retomar esa versión del proyecto, también quedarían por fuera modificaciones incorporadas posteriormente durante las plenarias, algunas relacionadas con la transparencia presupuestal, la financiación de sectores estratégicos y el manejo de la deuda pública.
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El Observatorio señaló que las decisiones que comprometen cientos de billones de pesos requieren rigor institucional, pues los errores de procedimiento generan incertidumbre y pueden retrasar medidas necesarias para ordenar las finanzas públicas.
Entre las modificaciones que no quedarían incorporadas en el presupuesto expedido por decreto se encuentran recursos adicionales para salud y energía, ajustes relacionados con la deuda pública y mecanismos para atender las consecuencias del terremoto.
El Observatorio Fiscal destacó que durante las plenarias se habían incluido $3 billones destinados al sector salud y otros $3 billones para asuntos energéticos asociados al fenómeno de El Niño.
También se habían contemplado medidas relacionadas con operaciones de deuda orientadas a generar ahorros, así como la posibilidad de reorientar recursos para atender la emergencia ocasionada por el terremoto.
Otro de los cambios que se perderían corresponde a la reducción de recursos destinados al servicio de la deuda para aumentar la inversión. Este ajuste, incorporado durante las plenarias, tampoco hacía parte del texto aprobado en primer debate.
Por tanto, al utilizar esa versión como base para expedir el PGN de 2027, las modificaciones posteriores no quedarían incluidas.
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Uno de los cambios que el Observatorio considera relevantes está relacionado con la transparencia y el seguimiento a los recursos públicos.
Durante las plenarias se había incorporado la obligación de realizar un seguimiento trimestral a los fondos extrapresupuestales, los patrimonios autónomos y otros mecanismos que administran dinero público.
Para el centro de investigación, estas herramientas necesitan mayor trazabilidad y transparencia, de manera que sea posible hacer seguimiento a la administración de los recursos.
La exclusión de esta disposición representaría la pérdida de un avance en materia de vigilancia presupuestal, en un contexto en el que el Gobierno debe enfrentar presiones fiscales y garantizar un manejo responsable de los fondos públicos.
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El Observatorio Fiscal recordó que no es la primera vez que advierte sobre los riesgos de que decisiones de alto impacto para el país queden expuestas a errores en el procedimiento legislativo. Según señaló, una situación similar ya se había presentado durante el trámite de la reforma pensional.
En el caso del Presupuesto 2027, el error modificó la ruta jurídica para su aprobación y también afectó decisiones que habían sido negociadas e incorporadas durante las discusiones en el Congreso.
La entidad insistió en que las fallas procedimentales no son un asunto menor cuando involucran recursos de gran magnitud. Además de generar incertidumbre, pueden cambiar el alcance de las decisiones presupuestales y dificultar la adopción de medidas necesarias para el ordenamiento de las finanzas públicas.
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La situación del PGN de 2027 se presenta en medio de varios asuntos fiscales que siguen pendientes de resolución. Entre ellos están la expedición del presupuesto por decreto, las medidas para atender las consecuencias del terremoto y una ley de ajuste fiscal que todavía debe avanzar.
A estos frentes se suma la posibilidad de adoptar nuevas medidas tributarias, en un escenario en el que el Gobierno debe buscar alternativas para responder a las necesidades de gasto y ordenar las cuentas públicas.
El Observatorio Fiscal hizo un llamado al rigor institucional y a la transparencia en el trámite de las decisiones económicas. Su advertencia es que los errores de procedimiento tienen consecuencias reales: pueden dejar por fuera modificaciones negociadas, alterar la asignación de recursos y afectar las herramientas de seguimiento al dinero público.
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