La entrada en operación de la Regasificadora del Pacífico, prevista para agosto de 2026, será clave para fortalecer el abastecimiento de gas en Colombia, que tiene necesidad de este energético por la llegada del fenómeno de El Niño y el declive de la producción local.
Sin embargo, el proyecto enfrenta cuestionamientos por retrasos, presuntas irregularidades en su adjudicación, posibles conflictos de interés y señalamientos de tráfico de influencias.
Según una denuncia conocida por EL COLOMBIANO, una auditoría del comité auditor de la junta directiva de la petrolera habría identificado irregularidades en la adjudicación del contrato, cuyos hallazgos ya estarían en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
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Como se lee en la denuncia, la controversia involucra a Óscar Isaza, gerente de la regasificadora, y a exfuncionarios de Ecopetrol como Bayron Triana, exvicepresidente de Energías Renovables de la petrolera y cercano a Ricardo Roa.
Según la denuncia, la salida de Triana de Ecopetrol, a finales de julio, estaría directamente relacionada con este proceso.
¿Quién está detrás del contrato de la Regasificadora del Pacífico?
El 28 de febrero de 2025, Ecopetrol firmó con Regasificadora del Pacífico el contrato No. 4600003743, cuyo objeto es la prestación de servicios de logística integral portuaria y regasificación de productos de Ecopetrol y de las empresas de su grupo.
El contrato tiene una duración de cinco años, prorrogables, y contempla una capacidad contratada de 60 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), bajo las modalidades take or pay (tomar o pagar) y take and pay (tomar y pagar).
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El documento fue firmado por Óscar Isaza Benjumea, representante legal de Regasificadora del Pacífico; Reynaldo Plata Carreño, jefe del Departamento de Contratación Logística de Ecopetrol; y Clara Lucía García López, representante legal de PIO S.A.S. (Puertos, Inversiones y Obras S.A.S.), compañía que figura como única accionista de la contratista.
Según el comunicado oficial de Ecopetrol del 4 de marzo de 2025, la infraestructura permitirá actividades de recibo y almacenamiento en Buenaventura y de regasificación en Buga, Valle del Cauca, con entrada en operación prevista para el segundo trimestre de 2026 —una fecha que, de cumplirse el cronograma, convertiría a Isaza en importador de gas hacia el país en agosto de 2026—.
Sin embargo, hasta la fecha el proyecto no ha entrado en operación según lo pactado, lo que no solo derivaría en sanciones contractuales para la contratista, sino que representaría un desafío adicional para el actual Gobierno Nacional.
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Regasificadora del Pacifico: un entramado de relaciones previas al contrato
La denuncia conocida por este diario sostiene que la adjudicación del contrato no fue un proceso aislado, sino el resultado de una red de relaciones que se remontaría más de una década atrás, cuando Isaza —empresario del sector portuario originario de Buenaventura— buscaba desarrollar un proyecto de regasificación en el Valle del Cauca.
En ese momento, el empresario ya tenía una trayectoria importante en el sector portuario y contaba con acceso a una infraestructura que resulta fundamental para desarrollar una terminal de este tipo.
Pero la regasificadora enfrentaba dificultades regulatorias. Expertos técnicos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) señalaban que uno de los principales desafíos era que debía ajustarse a las condiciones de un proyecto regulado y no independiente, de acuerdo con los criterios vigentes en esa época.
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En ese proceso apareció Mauricio Gómez, quien fue comisionado y director ejecutivo de la Creg. Según los cuestionamientos, Gómez habría buscado que la regulación se adaptara para facilitar el desarrollo del proyecto de Isaza.
Gómez, además, ya tenía una relación con Bayron Triana. Este último fue asesor de la Creg entre 2008 y 2013, mientras Gómez estuvo vinculado a la entidad entre 2012 y 2016.
Posteriormente, Triana salió de la Creg para convertirse en director de Regulación de Acolgen, etapa durante la cual, según personas conocedoras del sector, su relación con Isaza se habría fortalecido.
El nuevo impulso que recibió la regasificadora con Ecopetrol
En 2023, con la llegada de Triana a la Gerencia de Estrategia de la vicepresidencia que posteriormente dirigió en Ecopetrol, bajo el liderazgo de Ricardo Roa, el proyecto habría recibido un nuevo impulso.
Desde la estatal petrolera comenzó a tomar fuerza la posibilidad de desarrollar la Regasificadora del Pacífico como un proyecto independiente.
Sin embargo, el documento sostiene que esa independencia sería más formal que real, pues el contrato convierte a Ecopetrol en el principal comprador del gas regasificado, dejando a la petrolera, en la práctica, como financiadora de PIO S.A.S.
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Bayron Triana y los cuestionamientos por presunto conflicto de interés
El eje central de la denuncia es un posible conflicto de interés de Triana, señalado como hombre de confianza de Roa dentro de Ecopetrol, y quien ocupó la Vicepresidencia de Energías Renovables.
De acuerdo con el documento de la denuncia, Triana habría sido accionista de empresas comercializadoras de energía —E-Nlighten S.A.S.. y, hasta febrero de 2024, Duck Energy S.A.S. E.S.P.— y sostendría además una relación de amistad con Isaza, lo que podría configurar un potencial tráfico de influencias en la adjudicación del contrato.
La salida de Triana de Ecopetrol, a finales de julio, estaría directamente relacionada con este contrato, según la denuncia, que afirma que las irregularidades habrían sido identificadas por el comité auditor de la junta directiva de la petrolera en una auditoría cuyos hallazgos ya estarían en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
Cabe recordar que estos señalamientos, hasta el momento, no han sido confirmados por fuentes oficiales ni por la propia Ecopetrol.
Óscar Isaza y los cuestionamientos en otros proyectos portuarios
Óscar Isaza Benjumea es conocido en el sector empresarial por su participación en proyectos relacionados con la construcción y adecuación de infraestructura portuaria en Colombia. En los últimos años, sin embargo, su actividad empresarial se ha extendido hacia el negocio de importación de gas, con la Regasificadora del Pacífico como uno de sus principales proyectos.
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En el sector también se ha señalado su relación con Hildebrando Vélez, padre de la exministra Irene Vélez. De acuerdo con los cuestionamientos recogidos en la denuncia, Vélez habría respaldado gestiones para que el proyecto de regasificación avanzara ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
La trayectoria de Isaza en infraestructura también ha estado acompañada de controversias relacionadas con proyectos portuarios en Buenaventura y Antioquia.
Polémica por el desarrollo portuario en Buenaventura
En Buenaventura, comunidades afrodescendientes, particularmente habitantes del barrio La Inmaculada, denunciaron afectaciones asociadas con la construcción de la Sociedad Portuaria de Buenaventura.
Las comunidades señalaron desplazamientos, despojo de tierras y falta de protección de sus derechos fundamentales como población de especial protección constitucional. También cuestionaron la ausencia de las consultas previas que, según denunciaron, debían realizarse con las comunidades afectadas por el proyecto.
En noviembre de 2015, además, fueron denunciadas amenazas contra las lideresas Danelly Estupiñán Valencia y Rocío del Pilar Segura, defensoras de derechos humanos que, mediante labores investigativas, académicas y pedagógicas, habían documentado y hecho públicas las afectaciones sociales, económicas y ambientales que el megaproyecto de ampliación portuaria generaba en comunidades afrodescendientes urbanas de Buenaventura.
Puerto Antioquia también está rodeado de cuestionamientos
La expansión empresarial de Isaza llegó posteriormente al Urabá antioqueño, donde participa en proyectos de infraestructura de gran escala.
Uno de ellos es Puerto Antioquia, estructurado desde sus inicios por PIO S.A.S. Allí, la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia denunció un posible entramado de corrupción relacionado con el desarrollo del proyecto.
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La organización cuestionó actuaciones de Jorge David Tamayo, director de Corpourabá, por decisiones relacionadas con el levantamiento de medidas preventivas sobre predios vinculados al proyecto.
Según la denuncia, esas decisiones se habrían tomado pese a que la licencia ambiental ya había perdido vigencia y habrían desconocido derechos asociados a procesos de restitución de tierras de víctimas del conflicto armado, entre ellas comunidades afrodescendientes de Nueva Colonia y Puerto Girón que habían solicitado previamente la titulación de esos terrenos ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
El caso también derivó en una disputa judicial con la familia Avirama, herederos de Jesús Avirama, quienes aseguran haber ocupado desde la década de 1980 los predios La Presumida y La Fonda del Capi, ubicados en Turbo. La familia denunció la ocupación que considera ilegal de sus propiedades mediante la construcción de una línea eléctrica autorizada por Corpourabá a Isaza, a través de PIO S.A.S.
Por su parte, Puerto Antioquia y el consejo comunitario local han sostenido que el área corresponde a terrenos baldíos ubicados en una zona de restitución de tierras.
Puerto Progreso y las disputas por tierras en Urabá
Puerto Progreso de Urabá es otro de los megaproyectos en los que participa Isaza y que tiene relación con las disputas alrededor de los predios reclamados por la familia Avirama.
En este caso, Isaza, junto con su sobrino y hombre de confianza en sus negocios, Andrés Bustos, habría establecido acuerdos de sociedad o joint venture con el Consejo Comunitario de Puerto Girón, a través de María Isabel Sierra Vásquez, esposa de Bustos. Estos acuerdos constan en el acta de la Asamblea del Consejo Comunitario del 14 de octubre de 2025.
El proyecto ha generado cuestionamientos de comunidades de la zona, en medio de las disputas por la propiedad y el uso de los terrenos donde se desarrollarían las obras.
Otras relaciones políticas que rodean los proyectos de Isaza
A las controversias sobre sus proyectos se suman las relaciones políticas que el empresario ha construido durante su trayectoria.
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La denuncia menciona vínculos políticos de larga data de Isaza con dirigentes como la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el exsenador Roy Barreras. A estos se suman relaciones que fuentes cercanas al empresario califican como “transaccionales” con los exsenadores Julián Bedoya y Carlos Andrés Trujillo.
En el caso de Bedoya, quien enfrenta un proceso disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación, también se señala su presunta influencia en Corpourabá. Según los cuestionamientos recogidos en la denuncia, esa cercanía política habría servido como uno de los respaldos con los que Isaza contaría en Antioquia para avanzar en el proyecto Puerto Progreso.
La situación escaló este año. En febrero, comunidades cercanas a Puerto Progreso presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia por un presunto “plan de constreñimiento” que, según su señalamiento, estaría relacionado con empresas de Isaza.
Estas acusaciones, no obstante, corresponden a señalamientos formulados por terceros y deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes.
Los intentos fallidos de la Planta Regasificadora del Pacífico
Retomando la planta regasificadora, cabe recodar que uno de los principales problemas de este proyecto fue la imposibilidad de adjudicarlo mediante las convocatorias realizadas por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).
En ese momento, la UPME tuvo que declarar desiertos procesos de selección debido a la ausencia de oferentes o a la insuficiente participación de inversionistas interesados. Según funcionarios de la entidad, entre las causas identificadas estuvieron los riesgos financieros, la incertidumbre regulatoria y las complejidades propias del proyecto.
En 2023, la UPME declaró desierta una convocatoria que buscaba un inversionista para el servicio de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) asociado a la regasificadora del Pacífico.
Además, la Contraloría General de la República emitió una advertencia formal sobre el esquema económico del proyecto. Es decir, el modelo de remuneración contemplado para la planta y el gasoducto Buenaventura-Yumbo podría aumentar las tarifas de gas hasta en 32% en un periodo de tres años.
Además, el ente de control advirtió que los usuarios comenzarían a pagar la infraestructura una vez construida, incluso si la planta no fuera utilizada plenamente o si los escenarios de déficit de gas proyectados no se materializaban.
La Contraloría también cuestionó que, aunque el proyecto se justificaba por riesgos de abastecimiento previstos para 2024, los tiempos de construcción indicaban que la infraestructura difícilmente estaría operando antes de 2026.
Así las cosas, el proyecto fue concebido desde mediados de la década pasada como una solución para fortalecer la seguridad energética nacional. Sin embargo, múltiples ajustes regulatorios, cambios en las convocatorias y dificultades para atraer inversionistas prolongaron su desarrollo durante años.
En 2024 la propia UPME reconocía que debía lanzar un tercer intento para sacar adelante el proyecto, incorporando las lecciones aprendidas de los procesos anteriores.
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