La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) expresó su preocupación por el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda que propone aplicar una retención en la fuente del 1,5% a las transacciones digitales, incluidas las que se realicen por medio de Bre-B, Nequi, Daviplata u otras billeteras electrónicas.
La presidenta ejecutiva del gremio, María Fernanda Quiñones, aseguró, en diálogo con EL COLOMBIANO, que esta medida “castiga los pagos digitales”, encarece las operaciones y pone en riesgo la inclusión financiera, justo en un momento en el que el país necesita impulsar su economía digital.
“Las retenciones y cargas fiscales sobre los pagos digitales generan preocupación porque encarecen las transacciones y retrasan la inclusión financiera. Es un castigo que ya hemos vivido en el pasado y que puede repetirse”, advirtió Quiñones.
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Una medida que retrasa la economía digital
Para la líder gremial, el país lleva más de dos décadas repitiendo un error estructural: gravar los medios de pago digitales sin considerar sus beneficios de largo plazo.
Estas retenciones —que se plantean como una “nivelación de cancha” frente a las tarjetas de crédito y débito— terminan encareciendo las operaciones y afectando la competitividad de los pequeños comercios.
“El Gobierno busca igualar el tratamiento tributario, pero se pierde de vista el fondo: se está encareciendo la economía digital y limitando su crecimiento”, afirmó Quiñones.
La presidenta de la CCCE explicó que, mientras en otros países la participación del comercio electrónico minorista alcanza el 15% o incluso el 30% del total, en Colombia apenas llega al 5%. “Con medidas como esta, en lugar de cerrar esa brecha, la estamos ampliando”, agregó.
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El efecto en pequeños comercios y usuarios de Bre-B
La propuesta del Ministerio de Hacienda establece que los pagos digitales que constituyan ingresos tributarios estarán sujetos a una retención del 1,5%.
Aunque el Gobierno aclaró que no se aplicará a personas no responsables de IVA, la CCCE considera que el impacto operativo será inevitable, especialmente para los micronegocios y comercios informales que empezaban a adoptar medios digitales.
“Para una microempresa, una retención es un golpe directo al flujo de caja. Si por cada venta reciben 1,5% menos, muchos optarán por no aceptar pagos digitales o por trasladar ese costo al consumidor”, explicó Quiñones.
La dirigente agregó que esto puede desincentivar el uso de plataformas como Bre-B, justo cuando el país necesita promover la interoperabilidad y la masificación de los pagos digitales para reducir el uso del efectivo.
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“No es razonable que el Estado promueva Bre-B y lo encarezca”
La presidenta de la CCCE fue enfática en que la política fiscal y la política digital del país parecen avanzar en direcciones opuestas.
Por un lado, el Estado impulsa la interoperabilidad y la inclusión financiera con Bre-B, pero al mismo tiempo crea cargas tributarias que van contra ese mismo objetivo.
“No es razonable que un Estado promueva un sistema de pagos inmediato como Bre-B y al mismo tiempo lo cargue de costos. Ningún medio de pago debería estar gravado”, señaló.
Según Quiñones, las retenciones fueron concebidas hace 20 años como una forma rápida de recaudo, pero nunca se adaptaron al contexto actual, donde la digitalización es motor de desarrollo, formalización y trazabilidad económica.
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El gremio propone que, si el Gobierno insiste en la retención, se establezcan diferencias claras entre los tipos de transacciones: las que se realizan entre personas naturales, las operaciones de comercios pequeños no responsables de IVA, y las de empresas formales que sí deben asumir la retención como un anticipo del impuesto.
De esta manera, se evitaría que la medida golpee a los segmentos más vulnerables y se garantizaría un sistema más equitativo.
Las retenciones, explicó, encarecen las transacciones, inhiben la adopción de tecnología y reducen la trazabilidad, un elemento esencial para combatir la evasión fiscal.
“Necesitamos una política pública decidida de masificación de pagos digitales. En el largo plazo, eso trae más recaudo, más transparencia y más inclusión. Pero el país sigue atrapado en una visión cortoplacista del impuesto fácil”, concluyó la presidenta de la CCCE.
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