Durante los últimos años, Colombia ha logrado un avance histórico en la reducción del uso del efectivo. Según el Banco de la República, mientras hace un poco más de un lustro el 88,1% de las transacciones en el país se realizaban con billetes y monedas, hoy esa proporción es del 78,4%. Detrás de este cambio hay un protagonista claro y es el de buscar la digitalización de los pagos con billeteras electrónicas como Nequi, que ya cuenta con más de 26 millones de usuarios, o Daviplata, que tiene 18,7 millones de clientes, transformando así la manera en que millones de colombianos envían, reciben y pagan dinero. A esto se suma Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, que desde su lanzamiento ha registrado más de 90,5 millones de llaves inscritas y 33 millones de usuarios activos, marcando un antes y un después en la inclusión financiera.
Pero todo ese progreso podría estar en riesgo, luego de que se conociera la semana anterior un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda que propone aplicar una retención en la fuente del 1,5% a todas las transacciones digitales realizadas en comercios, sin importar si se efectúan con tarjetas, códigos QR o billeteras como Nequi, Daviplata o Bre-B.
Aunque el objetivo del Gobierno, según explicó la cartera, es “nivelar la cancha” entre los pagos con tarjeta, que ya están sujetos a retención, y los pagos digitales, hoy exentos, los gremios del sector financiero y tecnológico advierten que la medida podría tener un efecto contrario al deseado, desincentivando el uso de medios electrónicos y empujando de nuevo a los colombianos hacia el efectivo.
El primer gremio que lamentó este proyecto fue Asobancaria. En un comunicado, señaló que incentiva el uso del efectivo, el cual no tiene ningún tipo de retención, por lo que seguiría siendo el medio más atractivo para los comercios y consumidores, lo que podría elevar los niveles de informalidad y reducir la trazabilidad de las operaciones. “La retención de 1,5% para pagos digitales en comercios va en contravía de todo el trabajo que ha hecho el sistema financiero para reducir el sobreuso del efectivo y aumentar la inclusión crediticia”. Además, invitó al Gobierno a no desincentivar el progreso logrado con plataformas como Bre-B.
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¿Camino a un error estructural?
La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCE), también expresó su rechazo. Su presidenta ejecutiva, María Fernanda Quiñones, advirtió que la retención “castiga los pagos digitales, encarece las operaciones y pone en riesgo la inclusión financiera, justo cuando el país necesita impulsar su economía digital”.
Por ende, agregó, no es razonable que el Estado promueva un sistema de pagos inmediato como Bre-B y al mismo tiempo lo cargue de costos. “Ningún medio de pago debería estar gravado”.
Para Quiñones, Colombia lleva más de dos décadas repitiendo el mismo error: “gravar los medios de pago digitales sin considerar sus beneficios de largo plazo”. Según datos de la CCCE, mientras en países como China o el Reino Unido el comercio electrónico minorista representa entre el 15% y el 30% de las ventas totales, en Colombia apenas llega al 5%. “Con medidas como esta, en lugar de cerrar esa brecha, la estamos ampliando”, recalcó.
La dirigente gremial también alertó sobre el impacto directo en los micronegocios: “Para una microempresa, una retención es un golpe al flujo de caja. Si por cada venta reciben 1,5% menos, muchos optarán por no aceptar pagos digitales o por trasladar el costo al consumidor”.
En una visión similar se sumó Freddy Castro, presidente de Fecolfín, quien dijo que la imposición de la retefuente del 1,5% le pone una carga al intercambio, equivalente a “correr una maratón con botas de construcción”. Los comercios, ante la disyuntiva de asumir un nuevo costo, preferirán el efectivo. “Al final echamos al traste el esfuerzo reciente que llevó a la creación de Bre B y el camino recorrido en materia de inclusión financiera”, dijo.
Y añadió que “debemos redoblar esfuerzos para fortalecer el conocimiento y la defensa de un camino que nos lleva a la vanguardia de los pagos en el mundo”.
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Retefuente del 1,5, ¿generará un retroceso en inclusión financiera?
Desde Colombia Fintech su presidente, Gabriel Santos, explicó que el propósito de Bre-B fue precisamente “eliminar las fricciones” en las transacciones digitales y facilitar pagos inmediatos, gratuitos y sin importar el banco o entidad del usuario. “Las retenciones acaban con eso. El proyecto crearía una nueva desigualdad: las transferencias entre cuentas de una misma entidad no estarían sujetas a esta retención, lo que castiga la competencia y la interoperabilidad”, afirmó Santos.
El dirigente recordó que cerca del 80% de las transacciones en Colombia se realizan aún en efectivo, frente a un 14% por transferencias electrónicas y un 6% con tarjetas. “Si se aprueba este decreto, el país podría retroceder en la adopción de medios digitales y volver a premiar el efectivo”, concluyó Santos.
La medida, sostienen, podría frenar la formalización y la confianza en los medios digitales, en un país donde aún cuatro de cada cinco transacciones se hacen en efectivo.
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Según datos del Banco de la Repíblica, en su informe más reciente, que data de 2022, sobre los canales de pagos más utilizados por los colombianos se conoció que el 78,4% de ellos hace uso del efectivo, frente al 12,6% que hace uso de transferencias electrónicas.
Si lo desglosamos por ciudad encontramos que Bogotá es la que más ha dado pasos en adopción de medios electrónicos con un 17,5%, frente al 67,5% del uso del papel moneda. Mientras que Cali usa el efectivo en un 74,6% frente al 12,6% de pagos electrónicos. Medellín se encuentra por encima de la media nacional: con uso del efectivo del 81,1% y un 13,1% mediante transferencias.
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