La continuidad de Ricardo Roa al frente de Ecopetrol atraviesa su momento más crítico, pero puede tener pronto desenlace. Este 30 de marzo, la Junta Directiva de la compañía sostiene una nueva reunión para tratar de definir su futuro.
El debate interno está marcado por una fuerte división que anticipa una votación cerrada. De acuerdo con versiones conocidas, cuatro miembros de la junta respaldan la salida de Roa: César Loza, Luis Felipe Henao, Juan Gonzalo Castaño y Ricardo Rodríguez Yee.
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En contraste, cinco integrantes han defendido su permanencia: Ángela María Robledo, presidenta de la junta, Hildebrando Vélez, Tatiana Roa, Alberto José Merlano y Carolina Arias. Por lo que solo un voto de diferencia podría mantener a Roa al frente de la empresa más grande del país.
¿Posibles consecuencia legal?
El debate no solo es empresarial. También podría tener implicaciones jurídicas. Esa premisa la sostienen algunos accionistas minoritarios como Jorge Enrique Robledo. El exsenador de la República argumenta sobre eventuales riesgos penales para los miembros de la junta.
“En la medida en que están defendiendo a Roa, no están pensando en los intereses de Ecopetrol, sino en los de Roa o en los del presidente”, afirmó Robledo.
Según explicó, el Código Penal colombiano contempla el delito de “administración desleal”, que puede implicar penas de entre cuatro y ocho años de prisión cuando un administrador actúa en favor de intereses distintos a los de la empresa.
El exsenador también advirtió que el caso podría escalar a nivel internacional, dado que Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Nueva York.
¿Incurre la junta directiva en una administración desleal?
Expertos en derecho corporativo afirman que la figura de competencia desleal puede ser más compleja de lo que parece.
Camilo Merino, socio de la firma jurídica Serrano Martínez CMA, comentó que la administración desleal, contemplada en el artículo 250-B del Código Penal, exige condiciones específicas que van más allá de una decisión polémica.
“El delito no se configura solo por una decisión genere controversia o críticas. Se requiere mucho más: que haya un abuso de funciones, un beneficio propio o para un tercero, y un perjuicio económico concreto para la sociedad”, señaló.
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El abogado también enfatizó que en el derecho societario colombiano existe la llamada regla de la discrecionalidad empresarial, que otorga un margen de maniobra a los miembros de junta para tomar decisiones sin que estas sean automáticamente cuestionadas en el ámbito penal.
Sin embargo advirtió que cualquier eventual responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades competentes. “Corresponderá a la Fiscalía General de la Nación establecer, con pruebas, si realmente se cumplen los elementos del tipo penal”, agregó.
Por su parte, Julio Yepes, abogado experto en derecho societario, advirtió que los miembros de junta tienen la obligación de priorizar el interés de la compañía por encima de cualquier consideración individual.
“Un miembro de junta siempre debe actuar pensando en la sociedad; estos de Ecopetrol actúan pensando en ellos y en Roa. No les importa que la compañía se afecte reputacionalmente, ni que las utilidades se disminuyan o que la acción pierda valor”, afirmó.
El jurista también marcó distancia frente a los argumentos que vinculan el principio de presunción de inocencia con las decisiones empresariales, señalando que se trata de conceptos distintos.
Finalmente, Yepes subrayó que la normativa societaria colombiana también establece deberes claros para los administradores, que en su criterio no se estarían cumpliendo.
“La Ley 222 de 1995 obliga a quienes administran una sociedad a actuar con lealtad, buena fe y como buenos hombres de negocios, y al mantener a Roa no están actuando así”, concluyó.
Posibles escenarios de la reunión de este 30 de marzo
Robledo planteó tres posibles escenarios: la ratificación de Roa, su salida o la permanencia sin cambios inmediatos. A su juicio, mantenerlo sería “un error grave” por el impacto reputacional y operativo.
Mientras tanto, la petrolera enfrenta una de las decisiones más sensibles para su futuro inmediato, en medio de presiones judiciales, corporativas y del mercado.
Los escándalos que presionan la salida de Roa
El escenario para Roa se tensó tras la imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación por un presunto caso de tráfico de influencias. Este hecho profundizó las diferencias dentro del máximo órgano de gobierno corporativo.
A la coyuntura judicial se suman presiones externas relevantes. La Unión Sindical Obrera (USO) pidió la salida del directivo para proteger la imagen de la empresa y advirtió sobre posibles protestas a nivel nacional.
En paralelo, accionistas minoritarios han manifestado preocupación por el impacto en la cotización de la compañía y la confianza de inversionistas internacionales, en un contexto en el que Ecopetrol es considerada la principal empresa del país.
El descontento se evidenció en la reciente Asamblea General de Accionistas en Corferias, donde Roa fue abucheado y enfrentó gritos de “¡fuera, fuera!” por parte de un grupo de inversionistas que exigían su renuncia.
Pese a ello, el directivo aseguró tener su “conciencia tranquila” y afirmó que no dimitirá, argumentando que puede demostrar su inocencia y que su situación personal no afecta su gestión profesional.
¿Qué alertas existen sobre la gobernanza de Ecopetrol?
Durante la misma asamblea, surgieron nuevas preocupaciones sobre la transparencia de la compañía. Jesús Andrés Roa Pascual, revisor fiscal, Deloitte & Touche SAS, advirtió que no tuvo acceso completo a información clave, especialmente al informe de gestión del presidente de Ecopetrol.
Aunque emitió una opinión limpia sobre los estados financieros de 2025, dejó constancia de limitaciones en el proceso de auditoría. Esta situación fue calificada por analistas y accionistas como un hecho inusual en casi dos décadas.
Expertos consideran que estos episodios reflejan un deterioro del gobierno corporativo, mientras el proceso de auditoría permanece abierto a la espera de verificar posibles inconsistencias.
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