Europa vuelve a mirar de frente una vieja amenaza, la energía convertida en arma geopolítica. Esta vez, el detonante es la guerra impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán, un conflicto que no solo tensiona la diplomacia global, sino que golpea directamente el bolsillo de los europeos.
El cierre, o doble bloqueo, del estrecho de Ormuz, por donde transitaba cerca del 20% del petróleo y gas licuado del comercio mundial, encendió las alarmas. La Comisión Europea calcula que el sobrecosto en importaciones fósiles supera los 22.000 millones de euros en apenas semanas.
En ese contexto, la Presidencia de la Comisión Europea, presidido por Ursula von der Leyen, prepara un paquete de medidas que mezcla urgencia económica con cambios en la vida cotidiana. La más llamativa es instaurar al menos un día de teletrabajo obligatorio a la semana, siempre que sea posible.
Según von der Leyen, buscan que haya menos desplazamientos, que implican menor consumo de combustible y, por tanto, menos presión sobre un sistema energético que ya opera al límite.
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¿Por qué Bruselas quiere imponer un día de teletrabajo obligatorio?
La principal razón de esta propuesta de la Comisión Europea es el conflicto en Oriente Medio, que ha tenido un efecto inmediato en los mercados. En apenas tres semanas, el precio del petróleo ha escalado más de un 50%, mientras que el gas acumula incrementos cercanos al 85%.
Esa escalada se traduce en electricidad más cara, combustibles al alza, mayores costos logísticos, presión inflacionaria en transporte e industrias, y los hogares ya sienten el golpe en los alismentos.
Aunque Donald Trump ha insinuado la posibilidad de un acuerdo con Irán, el riesgo en Ormuz sigue siendo el principal foco de preocupación para los líderes europeos.
Cabe recordar que durante la pandemia, el teletrabajo fue una respuesta sanitaria. Hoy, Bruselas lo redefine como una política energética.
El borrador que será presentado a los líderes europeos plantea que empresas y organismos públicos faciliten una jornada remota semanal. Incluso se sugiere el cierre temporal de edificios públicos cuando sea viable, con el objetivo de reducir consumo de iluminación, calefacción y aire acondicionado.
Según la Comisión Europea, cada día sin desplazamientos masivos reduce la demanda de combustible y alivia la presión sobre precios.
Sin embargo, la propuesta llega con advertencias. A comienzos de abril, la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC) pidió acelerar un marco normativo que evite que los trabajadores asuman costos adicionales o pierdan derechos en esta transición. El teletrabajo, insisten, no puede trasladar la factura energética del empleador al empleado.
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¿Cómo busca Europa abaratar el transporte público?
La Comisión Europea también recomienda a los Estados miembros abaratar los pasajes de transporte público, incluso ofrecer gratuidad para ciertas poblaciones vulnerables.
El objetivo es disminuir el uso del vehículo privado, y con ello el consumo de combustibles fósiles, y amortiguar el impacto económico en los hogares.
En términos prácticos, se trata de alterar los incentivos. Si moverse en metro, autobús o tren resulta más barato que llenar el tanque, el cambio de comportamiento es casi automático.
Además, la medida tiene un componente social relevante. Los hogares de menores ingresos son los más expuestos a las subidas energéticas. Según la comisión, reducir el costo del transporte es, en la práctica, proteger su acceso al empleo y su movilidad.
El paquete que alista Bruselas no se limita a teletrabajo y transporte. Incluye medidas de contención directa para evitar que la crisis derive en una fractura social.
Entre ellas, se contemplan ayudas económicas específicas, precios regulados temporales para la energía y reducciones de impuestos eléctricos para consumidores vulnerables.
También se estudia evitar los cortes de suministro en casos de impago, garantizando un mínimo vital energético.
A nivel sectorial, se plantean apoyos de hasta el 50% en costos adicionales de combustible y fertilizantes, especialmente para actividades sensibles como la agricultura.
En paralelo, la Comisión insiste en mejorar la transparencia en las tarifas de la red eléctrica y en ofrecer más información al consumidor, desde alertas de consumo hasta facilidades para cambiar de proveedor.
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