¿Está Colombia a las “puertas del infierno”? Con esta pregunta inicia el demoledor artículo del diario británicoThe Economist, en el que abordan temas clave como las reformas sociales, la seguridad, las instituciones, la gobernabilidad y la situación económica durante el mandato de Gustavo Petro.
No es la primera vez que The Economist pone la lupa crítica sobre el gobierno de Gustavo Petro. En 2023 ya había alertado sobre sus choques con las instituciones y su caótico estilo de liderazgo. Ahora, en un extenso análisis, la revista británica vuelve a situar a Colombia en el radar internacional con un diagnóstico ambiguo: una economía en recuperación, pero atravesada por un deterioro institucional y de seguridad que amenaza con convertirse en un lastre para el futuro inmediato.
El contraste, subraya el texto, se percibe incluso en el debate político. Vicky Dávila, candidata de derecha a las elecciones presidenciales de 2026, asegura que el país está “a las puertas del infierno” y que la disputa electoral definirá si Colombia “se quema” o retrocede. En la otra orilla, Gustavo Bolívar, aspirante de izquierda y aliado del presidente, sostiene que “los últimos seis meses han sido fabulosos para la economía colombiana”, con indicadores como el turismo, la bolsa, el empleo y la inflación mostrando cifras históricas.
Más allá de esa polarización —que The Economist describe como dos dimensiones paralelas— el medio concluye que “la economía colombiana goza de buena salud, pero acumula problemas”. El crecimiento proyectado para 2025 es del 2,4 %, superior al promedio regional; el desempleo cayó al 8,8 %, la tasa más baja en un cuarto de siglo; y la inflación se redujo a la mitad desde la llegada de Petro al poder. A ello se suma que el mercado bursátil colombiano fue el cuarto con mejor desempeño del mundo en el último año, con un alza del 54 % en moneda local.
Sin embargo, también advierte sobre otros problemas estructurales que preocupan a los colombianos: la alta informalidad laboral (60 %), la baja inversión y un déficit fiscal del 7 % del PIB que, de no corregirse, podría llevar al país a una crisis. “La peor amenaza para la economía es el elevado gasto público. El déficit fiscal alcanzará aproximadamente el 7% del PIB este año, elevando la deuda pública a un récord superior al 60%”, señala la publicación. Del mismo modo, asegura que la prohibición de nuevas exploraciones de petróleo y gas está desalentando la inversión extranjera.
Sin embargo, advierte el semanario, buena parte de estos resultados poco tienen que ver con la gestión directa del presidente. “Se jacta de haber bajado la inflación, pero su intimidación al banco central ha dificultado ese trabajo”, recuerda el texto, al señalar que el 60 % de la población trabajadora sigue en la informalidad y que la inversión privada permanece estancada. Además, las decisiones de frenar la exploración de petróleo y gas han “desalentado a los inversores extranjeros”.
“Alrededor del 60% de los trabajadores colombianos trabajan en la economía informal, donde reciben menos beneficios, no pagan impuestos y son menos productivos. La inversión es baja, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento, impulsado principalmente por el consumo”, se lee en el texto.
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Respecto a la pobreza y la desigualdad, The Economist indica que el número de personas que viven en pobreza (con menos de 3,90 dólares al día) se ha reducido; no obstante, hay una variación muy leve respecto al número de personas que viven en lo que es considerado pobreza extrema (con menos de 1,90 dólares al día). El incremento del salario mínimo, que aunque “drástico”, incentivó aún más la informalidad.
Las reformas impulsadas por Petro también han generado efectos adversos en sectores que antes funcionaban con mayor solidez, como la salud. El aumento del control estatal ha provocado el cierre de las salas de maternidad y urgencias en varios hospitales. El caso más sonado fue el del Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá, que en diciembre de 2024 clausuró su servicio de partos ante la alta presión en otros servicios de urgencia.
Si en el frente económico el panorama es frágil pero manejable, en el de seguridad la evaluación es mucho más severa. The Economist recuerda que el asesinato del candidato Miguel Uribe en junio marcó un hito de violencia política: “un eco del sangriento pasado de Colombia”. A este hecho se sumaron un carro bomba en Cali, el derribo de un helicóptero policial y una serie de ataques que dejaron más de 20 muertos y 70 heridos. “Los grupos armados en Colombia cuentan ahora con unos 22.000 miembros, un aumento del 45 % desde que Petro asumió el cargo”, señala la revista, con datos de Naciones Unidas y de la Fundación Pares.
El crimen de Uribe en medio de una ola de violencia que ha inquietado a la clase política, mientras que Petro insiste en la convocatoria de una asamblea constituyente. “Estos ataques pusieron de relieve el fracaso de la política de seguridad emblemática del Sr. Petro, Paz Total , un intento de negociar con todos los grupos armados del país al mismo tiempo”, sugiere el semanario.
Para The Economist resulta caótica la gobernabilidad de Gustavo Petro, ya que “sofoca la función pública”. El constante cambio de ministros- más de 50 hasta ahora- ha dejado a la administración sin rumbo y con funcionarios desmotivados. El daño más directo, no obstante, ha sido contra el banco central, al que Petro ha acusado reiteradamente tomar “sus decisiones sobre las tasas de interés y afirma que busca frenar el crecimiento económico ‘por razones puramente políticas’ y sugiere que intenta “desfinanciar al gobierno colombiano”.
En conclusión, Colombia no está, como aseguran los sectores más alarmistas, “al borde del abismo”. Pero, según The Economist, tampoco puede darse por satisfecha. El millón de colombianos que ha emigrado en los últimos tres años es una señal de advertencia. “Colombia no está al borde del abismo. Pero su próximo presidente tendrá mucho que hacer para mejorarla”, concluye la publicación.
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