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Al cierre de este año, Colombia encara 2026 —año electoral por definición— sin la sensación de orden que impone el calendario. En condiciones habituales, las elecciones organizan la política: fijan tiempos, encuadran expectativas y reducen la incertidumbre. Esta vez ocurre lo contrario. El año electoral no ordena el sistema; lo tensiona. Y ese cambio no es menor.
La pregunta no es si habrá elecciones —esa sigue siendo la regla formal— sino por qué, por primera vez en mucho tiempo, la duda circula con naturalidad. No como consigna marginal ni como rumor conspirativo, sino como conversación pública. Esa sola posibilidad ya es un síntoma: cuando las reglas básicas dejan de darse por sentadas, algo más profundo está ocurriendo.
Varias señales se acumulan. El progresismo gobernante ha logrado apropiarse de la narrativa política hasta disputar no solo el futuro, sino también el pasado. La relectura de la historia reciente —desde el conflicto armado hasta el sentido mismo del Estado— no es un gesto cultural inocuo. En la región, procesos similares han servido para redefinir legitimidades y establecer fronteras morales entre quienes “pertenecen” y quienes quedan fuera del nuevo consenso. Cuando el relato se vuelve excluyente, las reglas dejan de ser neutrales.
A ello se suma el balance ambiguo de la llamada Paz Total. Informes de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones como Indepaz han documentado, en los últimos dos años, un aumento de alertas tempranas, expansión de economías ilegales y disputas armadas en territorios donde el Estado había recuperado presencia. No se trata solo de seguridad. Cuando el Estado parece negociar desde la debilidad, el monopolio legítimo de la fuerza —uno de los pilares del orden democrático— se vuelve difuso, y con él la autoridad de las instituciones.
La reciente radicación de un comité promotor para una asamblea nacional constituyente no puede leerse como un gesto aislado. Las constituyentes no son, por definición, antidemocráticas. Pero sí son mecanismos excepcionales que, cuando emergen en escenarios de alta polarización e incertidumbre, reconfiguran el tablero político. La experiencia latinoamericana muestra que, una vez abiertas, tienden a desplazar el eje del debate desde la competencia electoral hacia la redefinición de las reglas del juego.
El problema central no es afirmar que el gobierno busque perpetuarse en el poder. Esa acusación, hecha sin pruebas concluyentes, conduce más al alarmismo que al análisis. El problema real es otro: que el propio funcionamiento del sistema esté produciendo condiciones en las que escenarios antes impensables ahora se discuten con seriedad.
La incertidumbre no surge solo de los hechos, sino también del lenguaje. Estados de excepción normalizados, narrativas de crisis permanente, llamados recurrentes a “refundar” el orden político: todo ello va instalando la idea de que las reglas son transitorias, negociables, subordinadas al momento. Y una democracia donde las reglas dejan de ser previsibles empieza a perder autoridad, incluso antes de quebrarse.
Las democracias no colapsan únicamente por golpes de fuerza. También se erosionan cuando el calendario deja de ordenar, cuando el árbitro parece parte del juego y cuando la excepción empieza a percibirse como una salida posible. El mayor riesgo de 2026 no es el resultado electoral, sino que el proceso mismo llegue debilitado o condicionado por una incertidumbre que ya no se expresa en los márgenes, sino en el centro del debate público. Ese es el verdadero síntoma. Y conviene tomarlo en serio.
