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En Colombia, las Asociaciones Público-Privadas (APP) han sido, durante más de una década, el motor que permitió modernizar la infraestructura y atraer inversión privada en sectores donde el Estado no tenía músculo suficiente. Gracias a ellas, se avanzó en el programa de Autopistas de Cuarta Generación (4G), que hoy alcanza cerca del 90% de ejecución y movilizó inversiones superiores a 63 billones de pesos.
Ese esquema, reconocido por el Banco Mundial como ejemplo regional, no solo cerró brechas de conectividad, sino que generó alrededor de 200.000 empleos directos e indirectos, dinamizó economías regionales y permitió reestructurar proyectos como la Ruta del Sol, cuya continuidad se garantizó tras el escándalo de Odebrecht.
Sin embargo, el presente contrasta con esa historia de éxito. El gobierno de Gustavo Petro ha mostrado una notoria falta de gestión en materia de APP. En vez de consolidar la quinta generación de concesiones (5G) y dar continuidad a la ola de proyectos que mantenía al país como líder regional, se ha concentrado en aumentar el gasto de funcionamiento del Estado, dejando en un segundo plano la inversión productiva.
El problema no es menor. Las vigencias futuras, que han sido la columna vertebral de la financiación de grandes obras, hoy están limitadas no solo por la rigidez presupuestal, sino por la falta de decisión política. Mientras el Presupuesto General de la Nación sigue inflándose con gastos recurrentes para sostener la burocracia, los compromisos de largo plazo para nuevas concesiones se han visto relegados. En otras palabras, se gastan recursos en expandir el aparato estatal, mientras las carreteras y corredores estratégicos esperan.
La consecuencia es evidente: se frena la estructuración de proyectos, se pierde dinamismo económico y se erosiona la confianza de inversionistas privados que ven en Colombia cada vez más señales de incertidumbre. El país, que fue pionero en atraer capital privado para obras públicas, corre el riesgo de retroceder una década por decisiones políticas que priorizan la coyuntura ideológica sobre la planeación técnica.
Donde antes se inauguraban autopistas y se consolidaban programas de inversión, hoy abundan los anuncios vacíos y la falta de ejecución. Petro ha convertido la política fiscal en un obstáculo para el desarrollo: mientras promete transformaciones sociales, reduce el margen para invertir en infraestructura, la herramienta más efectiva para cerrar desigualdades y generar empleo sostenible. Y el próximo gobierno tendrá que lidiar con unas arcas desfondadas, mientras se requiere reactivar las APPS de manera prioritaria.
Las APPS son el ejemplo perfecto de que cuando se trabaja complementando las ventajas del sector privado con el diseño correcto de política pública y la estructuración profesional de proyectos, el país avanza a pasos agigantados.
Colombia no necesita discursos, necesita gestión. Las APPS demostraron que el modelo funciona. Lo que falta es voluntad política para garantizar que continúe. En vez de engordar el gasto de funcionamiento, el gobierno debería asegurar las vigencias futuras que den viabilidad a la infraestructura del mañana. Porque de nada sirve hablar de cambio si lo que se deja es un país con menos obras, menos confianza y menos futuro.
