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El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de Colombia, a pesar de adversidades políticas y otras dificultades, ha mantenido un desempeño aceptable. Más de 250.000 estudiantes se capacitan de manera continua en sus aulas, adquiriendo habilidades técnicas y prácticas que facilitan su subsistencia. Los aprendices del SENA son altamente valorados por las empresas debido a su notable formación y evidente deseo de superación.
Durante los últimos 16 años, la entidad, sin sucumbir a corrientes políticas ni ideológicas, ha optado por contratar una plataforma tecnológica robusta. Esta decisión permite capacitar virtualmente a todos los estudiantes en todos los municipios de Colombia. La ejecución del contrato tecnológico, normalmente billonario, involucra diversas actividades, desde la adquisición de equipos y servidores hasta garantizar la continuidad de los aires acondicionados para operar esos equipamientos. El presupuesto más reciente para este propósito estaba planeado en 1.5 billones de pesos.
Históricamente, empresas líderes en telecomunicaciones, como Claro y Telefónica, asociándose con otras compañías importantes como Indra y Carvajal, han obtenido las licitaciones. Este año, debido a una mala planificación del SENA, la licitación no pudo abrirse a tiempo y en junio se declaró una urgencia manifiesta para contratar con Telefónica, quien ha estado ejecutando el contrato ganado hace 4 años tras una licitación pública reñida.
Esta urgencia trajo complicaciones, pues el presupuesto de contratación de 4 años se vio automáticamente reducido, no solo por 6 meses, sino también por gastos adicionales, dado que Telefónica tuvo que incurrir en compras de emergencia y adquisición de licencias.
A pesar de estos retos, el proceso finalmente se abrió. No obstante, Claro, su gran competidor, comunicó que, aunque cumplía con todos los requisitos, el presupuesto no le permitía presentar una oferta. Ante esta situación y tras un cambio ilegal de la ley de contratos por parte del presidente, a través de su cuenta de Twitter, que indicó que no podía haber licitaciones con un único oferente, contradiciendo la ley 80 de 1993, el SENA decidió revocar el acto de apertura del proceso. Alegaron que la especificación técnica de una planta eléctrica, valorada en $14.000.000, era confusa y que esta probablemente fue la causa por la cual no participaron otros oferentes. Tremenda nimiedad, que, de ser cierta, se podría haber superado con herramientas que otorga la ley y no anulando un proceso que estructuró la Universidad Nacional por la no despreciable suma de 3 mil millones de pesos. La decisión de revocar una licitación de 1.5 billones de pesos, destinada a mantener la plataforma tecnológica del SENA y asegurar la capacitación de 250.000 estudiantes, por un monto de 14 millones de pesos, es un despropósito sin igual y suscita dudas sobre las verdaderas razones que podrían ser non sanctas. Ahora, el contrato tiene un costo casi un 35% adicional al que tendría si se hubiera llevado a cabo una licitación pública.
Según las fuentes, el problema podría intensificarse ya que el presidente y sus “genios” asesores han decidido descentralizar la contratación, alterando un proceso que hasta el momento ha funcionado adecuadamente. En vez de realizar una licitación pública centralizada en Bogotá, los 1.5 billones de pesos se distribuirán entre las 32 regionales del SENA a nivel departamental, lo cual podría incrementar el riesgo de ineficiencias y corrupción.
El gobierno que se erigió como símbolo de cambio y que juró luchar sin cuartel contra los gamonales y políticos corruptos que han saqueado nuestro país, pasará a la historia no solo por entregar la contratación pública a los mismos delincuentes que prometió eliminar, sino también por destruir lo que se ha construido con tanto esfuerzo.
Una vez puede generar dudas, pero cuando esto comienza a percibirse como una práctica sistemática, la pregunta que nos formulamos es si lo que realmente desean es cederle todo a estos grupos con el fin de perpetuarse en el poder.
