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La falla de muchas universidades del país y del mundo, que dejan acumular la cantidad de graduandos en pregrados y posgrados y retrasan sin justificación la expedición de los diplomas correspondientes, consiste, no en obrar de mala fe o con intención dolosa, sino en complicar de tal modo los requisitos para la legitimación de los títulos, que ponen a los egresados en el papel injusto de aprovechadores, y hacen inútil la obligación de muchos requisitos para cumplir trámites secundarios que ni siquiera tienen justificación, como, por ejemplo, la constancia discutible de la segunda o tercera lengua, que muchas veces no alcanzaría a certificarse, porque no corre dentro de los plazos lógicos para la graduación.
Para expedir un título de posgrado o de pregrado, muchas universidades facilitan los requerimientos y evitan las listas de egresados no graduados, simplificando los trámites y procediendo conforme con las normas legales, en uso de la autonomía y sin poner a los posibles graduandos en el papel de remisos o transgresores, y de infractores de normas que no tienen sentido. Otra cuestión muy distinta es valerse de métodos fraudulentos, abusar de la buena fe de los directivos y poner a las universidades en el papel de violadoras de las leyes.
Muy fácil sería para los establecimientos de educación superior que resulten involucrados sin malicia ni ánimo dañino, por exceso injustificable de procedimientos, salirles al paso a los buscadores de escándalos por omitir acciones muy legítimas y sencillas, en buen uso de su autonomía y con el propósito de mejorar los resultados de los aspirantes a graduarse, y evitarles obstáculos innecesarios que ocasionan situaciones incómodas y sospechosas.
Si una universidad no está regalando títulos ni expidiéndolos de manera irregular, si no está acudiendo a procedimientos ilícitos y si está titulando profesionales o posgraduados conforme con la legislación vigente y de acuerdo con su legítima autonomía, no hay derecho a que se le señale como transgresora ni a que sus egresados sean condenados al descrédito. Las instituciones universitarias y el régimen que las marca, deberían ser más consecuentes y ponerse al ritmo de la época moderna. Es absurdo que pretendan estar a la moda en cuestión de nuevos requisitos, de modernización, pero en la realidad sigan obrando al amparo de una tramitomanía inútil y obsoleta, que atenta contra su prestigio. Proporcionar alternativas sensatas, prácticas y pertinentes no es anómalo, sino recomendable, para cantidades de aspirantes que están sintiéndose excluidos de la educación superior y más atraídos por otras alternativas de formación.
