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Colombia no puede darse el lujo de equivocarse en sus fronteras. Allí donde se juega la seguridad nacional, se define también nuestra política exterior, nuestra capacidad de control territorial y la vigencia del Estado de Derecho. La relación con Venezuela hoy exige más que buenas intenciones: exige firmeza institucional, claridad jurídica y una brújula ética en las decisiones bilaterales. No todo lo que suena a integración es desarrollo, y no toda retórica de cooperación representa un avance. Menos aún si se pacta con regímenes abiertamente ilegítimos.
Por eso preocupa profundamente la creación de la denominada Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional, un memorando de entendimiento suscrito entre Colombia y Venezuela que, pese a su nombre, carece de sustento jurídico en nuestra legislación y ha sido presentado como un hecho consumado por el régimen de Nicolás Maduro. Esta figura abarca más de 2.500 kilómetros de frontera, atravesando regiones como Norte de Santander, La Guajira y Cesar, donde la presencia del Estado es débil, la influencia de grupos armados ilegales es creciente y la crisis humanitaria se profundiza. Justo allí, donde el país necesita recuperar soberanía, el gobierno propone una fórmula opaca y ambigua, negociada sin deliberación democrática ni garantías institucionales. No parece un pacto de paz, sino una renuncia implícita al control del territorio.
El artículo 4 del memorando señala que la cooperación podrá ampliarse a “otros temas de interés mutuo”, sin establecer límites ni salvaguardas. Esa ambigüedad abre una peligrosa zona gris en materia de soberanía y control estatal. ¿Hasta dónde podría extenderse esa cooperación? ¿Incluye el despliegue de fuerzas militares conjuntas? ¿La instalación de infraestructura crítica sin control colombiano? ¿La normalización de estructuras paralelas en regiones en disputa? El riesgo no radica solo en lo firmado, sino en lo que se deja abierto a interpretación. Mientras Venezuela puede considerar al Catatumbo como zona de influencia geopolítica, Colombia corre el riesgo de profundizar su ausencia institucional y ceder, de facto, el control de una franja estratégica del país.
Que no se malinterprete: sí hay espacio para la cooperación internacional, y debe haberlo. Pero esta debe estar guiada por la transparencia, la institucionalidad, la participación comunitaria y el control democrático. Lo contrario es facilitar el avance de economías criminales transfronterizas que capturan los territorios bajo la fachada de proyectos binacionales.
Por eso, es urgente abrir el debate nacional. Se requiere una revisión exhaustiva del memorando, su discusión pública en el Congreso, una evaluación técnica de los riesgos a la soberanía y, sobre todo, la participación activa de las comunidades fronterizas. No hay integración posible si se impone de espaldas a la ciudadanía.
En Proantioquia creemos que Colombia necesita una política de fronteras ambiciosa, con liderazgo institucional, alianzas público-privadas y participación regional, que transforme estos territorios en motores de integración productiva y social. Nuestro desarrollo no puede depender de memorandos sin control ni de acuerdos inciertos, sino de proyectos con gobernanza clara, inversión transparente y una presencia estatal robusta. Esa es la integración que defendemos. Sin fronteras para el desarrollo, pero con la soberanía como principio innegociable.
*Presidenta Ejecutiva Proantioquia.
