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La política pública moderna se sustenta en el principio básico de que los problemas complejos requieren conocimiento especializado, evidencia empírica y capacidades institucionales sólidas. Cuando estos pilares se debilitan, el resultado no es transformación sino improvisación. En Colombia, la evolución reciente de la política científica y de la gestión pública sugiere que el problema no es solo de recursos, sino de una concepción errada del papel del conocimiento en el Estado. Las cifras de inversión en ciencia y tecnología son el primer síntoma. Mientras países desarrollados concentran hoy entre 2,5 % y 3 % de su PIB en investigación y desarrollo, por ser el principal motor de competitividad, productividad y crecimiento económico sostenido, Colombia apenas ronda 0,3 %, además reducido en 78% en los últimos 3 años. Frente a pares regionales como Chile, Uruguay o Argentina, con restricciones fiscales comparables, el país recorre el camino inverso. La brecha con la media de la OCDE, que era estructural, se amplía más.
Sin embargo, el problema no se agota en recortes presupuestales. Más preocupante es la lógica que los acompaña. Este gobierno ha mostrado desprecio sistemático por la experiencia técnica y la formación especializada en áreas clave del Estado, reemplazándolas por criterios de afinidad política y activismo. El mensaje implícito es que la lealtad pesa más que la competencia, y el relato más que la evidencia.
Esta lógica se replica con crudeza en la gestión de la crisis del sistema de salud. Frente a un problema de desfinanciación ampliamente documentado, con causas técnicas acumuladas durante años y datos verificables sobre insuficiencia de recursos, el gobierno opta por una estrategia de confrontación ideológica. Basta señalar que, según cifras oficiales, el valor de la UPC ha crecido sistemáticamente por debajo del aumento real de costos en salud, generando un déficit estructural que no se corrige con discursos. En lugar de fortalecer la capacidad analítica del Estado y reducir brechas con base en evidencia, se ha recurrido a simplificar el debate, la tergiversación de cifras y la construcción de antagonistas políticos.
El resultado es un deterioro acelerado de la deliberación pública. Cuando la evidencia se convierte en obstáculo para el discurso y los expertos en una amenaza para la narrativa, la política deja de ser un instrumento de solución y se transforma en un ejercicio de negación. La ciencia, en este contexto, no es vista como una aliada del cambio, sino como un estorbo para el proyecto político.
La experiencia internacional demuestra que las transformaciones profundas en salud, educación o productividad no se logran debilitando las instituciones técnicas, sino fortaleciéndolas. Invertir en conocimiento no es un lujo ni una concesión elitista; es una condición mínima para que el Estado pueda diagnosticar, priorizar y corregir con rigor.
Persistir en el desmonte presupuestal, en sustitución de expertos por activistas y en desprecio por la evidencia no solo compromete el presente, sino que hipoteca la capacidad futura para competir, crecer y gobernar con responsabilidad. Un gobierno que renuncia al conocimiento termina gobernando a ciegas, y la factura de esa decisión siempre la paga la sociedad.
