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Cuando el ministro de Hacienda dice que recaudamos poco, tiene razón: cerca del 20% del PIB frente al 34% de la OCDE. Cuando un empresario dice que paga demasiado, también tiene razón. Las dos cosas son ciertas porque la carga no es alta en promedio: es altísima para los pocos que están en el sistema.
Hagamos las cuentas. A un trabajador formal le descuentan 8% de su salario entre salud y pensión, pero antes de que el cheque exista su empleador ya pagó por pensión, riesgos laborales, de caja de compensación, salud, SENA e ICBF. Con prestaciones, contratar cuesta entre 45% y 60% más de lo que la persona recibe. Lo que queda paga 19% de IVA, 4 por mil en cada transferencia, 25% de sobretasa en la gasolina, predial de hasta 16 por mil y renta hasta 39%.
La empresa formal paga 35% de renta y encima el ICA. La ANDI suma todo y llega a 62% de las utilidades; la diferencia la ponen la evasión y una informalidad del 55%. El formal paga por sí mismo y por el que no está.
¿A dónde va la plata? El presupuesto de 2026 fue de $547 billones y el de 2027 presentado por el gobierno es de $634 bill. Dos de cada tres pesos son funcionamiento. Casi uno de cada cinco es servicio de la deuda, más de $97 billones, porque debemos el 62% del PIB y el déficit de 2025 cerró en 7% pero expertos dicen que es del 9%. Para inversión queda el 16%. De cada seis pesos que usted tributa, cinco van a mantener el aparato y pagar lo que el aparato ya gastó.
Y el aparato no para de crecer. Cada gobierno llega con su ministerio nuevo y ninguno cierra lo que heredó. Hay 1,4 millones de servidores públicos; descontando soldados, policías y maestros, quedan más de medio millón de escritorios cuyo desempeño no necesariamente se mide por bajar trámites si no por generar más cargas y controlar y, me atrevo a decirlo, ocupados en buena parte por cuota política y no por mérito. En la burocracia su función real no siempre es servir sino sostener coaliciones.
Súmele a esto la corrupción. La Auditoría General estimó en más de $50 billones solo en 2022: la mitad del servicio de la deuda, más que toda la inversión.
Ese es el circuito: un sistema que exprime al formal, una burocracia que aumenta al ritmo de la deuda para sostenerla y una corrupción que se lleva el resto. Contra eso, “bajen los impuestos” es tan inútil como “suban los impuestos”. Una discusión seria sería ampliar la base para que el peso no caiga siempre sobre los mismos y ponerle techo al gasto de funcionamiento con la misma dureza con que se le pone tope al contribuyente. Sin las dos a la vez, cada reforma será otra vez atornillar la misma tuerca. Y no hay billetera que aguante hoy día para los colombianos. La buena noticia es que el gobierno del presidente De La Espriella parece va a sincerar este tema y con el liderazgo del vicepresidente, se controlarán los contratos de prestación de servicios, reducirá el Estado y se pensará en un estatuto tributario más amigable a pesar de las dificultades. De no ser así, ya hay muchas empresa y personas al borde de reventarse.
