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Dirían en mi tierra: Petro, lo que no daña, lo desbarata; tal como quedó en evidencia en el foro ampliado de candidatos presidenciales sobre infraestructura de transporte del pasado 7 de septiembre.
El actual Gobierno paralizó proyectos estratégicos y no ha impulsado nuevos; puso en riesgo las vigencias futuras, acumuló deudas con contratistas, quitándoles liquidez y generando incertidumbre; acabó la modernización y el carácter técnico en las Entidades e incrementó la burocracia; impuso cargas adicionales en consultas previas que dificultan aún más el inicio de las obras y por falta de gestión contractual bloquea su avance normal.
En un país con tantos retos en infraestructura y con escasez de recursos públicos, necesitamos menos trámites y más audacia para avanzar en alianzas con el sector privado.
Es prioritario crear un Grupo de Reacción Inmediata para solucionar los conflictos y avanzar en las renegociaciones de obras como Mulaló —Loboguerrero o Pacífico 1; revisar de manera prioritaria iniciativas privadas presentadas como los aeropuertos El Dorado, Cartagena y Cali, y las Autopistas del Café; y adelantar nuevas licitaciones para Alianzas Público— Privadas.
En el tema de vías primarias tenemos 17.950 km, de los cuales están concesionados 7.500 km, y de los 10.450 de Invias falta pavimentar 1.900 km y mantenimiento o rehabilitación a 4.300 km. Es urgente aumentar vigencias presupuestales anuales para acelerar ejecución de más de 50 contratos en las vías principales que dejó el Gobierno anterior; un nuevo programa de pavimentación de a 10 años, y uno de mantenimiento y rehabilitación de vías y puentes.
De los 44.800 km de vías secundarias, tenemos 21.500 km sin pavimentar, por lo que necesitamos recursos de regalías y obras por impuestos —ampliando bolsa de recursos y cobertura de municipios—.
Y un nuevo esquema para la intervención de vías terciarias con nuevas tecnologías que sean más baratas, sostenibles y durables. A 2020 teníamos un registro de 142.284 km, de los cuales 100.748 km estaban a cargo de los municipios; pero en la actualización del Mintransporte se están encontrando nuevas vías terciarias, llegando a más de 220.000 km, con más del 90% no pavimentadas.
Además de carreteras y aeropuertos, tenemos que avanzar en otros modos de transporte como fluvial, marítimo, férreo, masivo, y ciclorutas y senderos.
Urgente la navegabilidad de los ríos Magdalena, Atrato, Meta y Orinoco, por citar algunos, y toda la logística de muelles. Profundizar el canal navegable de Buenaventura a 17 metros para ser competitivos con los puertos de litoral Pacífico; apoyar Puerto Antioquia y Pisisí, y el desarrollo integral y accesos de las zonas portuarias consolidadas como Buenaventura y Cartagena.
Tenemos que materializar el Plan Maestro Nacional Ferroviario, declarando estos proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINE) y necesitamos la Ley Ferroviaria como habilitador jurídico y financiero que convierta al tren en un activo estratégico del país, garantizando reglas claras, estándares comunes y seguridad para la inversión. La que actualmente cursa en el Congreso tiene riesgos en el régimen tarifario, acceso abierto sin reglas, trocha única indefinida y la incertidumbre que genera que el Ministerio pueda negar usos alternativos o reclamar el corredor. Además, proponemos crear el Centro de Industrialización Ferroviario para crear un ecosistema con capacidades industriales propias, impulsando un hub que permita fomentar la economía de escala.
En lo básico tenemos acuerdo. Vamos a requerir audacia para atraer recursos, y legitimar la inversión privada. Prioricemos, llevemos el plan a nivel de detalle y manos a la obra.
