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“La República de Weimar no colapsó de golpe, sino después de un proceso gradual de erosión y a causa del socavamiento paulatino de la Constitución y de los procedimientos democráticos”, en el último libro de V. Ullrich, titulado El fracaso de la República de Weimar, el autor con agudeza documenta los factores que condujeron al desastre de la primera República alemana (1918-1933).
Una serie de acontecimientos, algunos más sutiles que otros, explican el prematuro ocaso del modelo de gobierno que sucedió a siglos de monarquía y el inmediato surgimiento del régimen nazi. Ullrich refuta la tesis según la cual el ascenso de Hitler al poder era inevitable y evidencia la fragilidad de las democracias.
Seguramente, de no haber sido por la actitud pusilánime de Hindenburg, el oportunismo de Papen y la ingenuidad del bloque conservador que aspiraba “domar” a los nacionalsocialistas que presionaron su ingreso al poder, el movimiento nazi se habría marchitado por el desgaste que ya aquejaba en 1932.
El análisis de Ullrich se convierte en una advertencia atemporal y universal acerca de los peligros que entraña la acumulación progresiva y persistente de actos de autoritarismo, y la cobardía o complacencia de quienes deben dar ejemplo de firmeza frente al desbordamiento del poder.
Petro, desde antes de jurar como Presidente defender la Constitución y el orden legal vigente, no ha hecho más que socavarlos y subvertirlos.
Primero, con el mal llamado “estallido social” que fue utilizado para desestabilizar un gobierno democrático, asfixiar el aparato productivo y exacerbar el odio de clases, sometiendo a millones de colombianos a una suerte de extorsión colectiva basada en la idea de que cualquier opción distinta a él resultaría en destrucción.
Luego, con un ejercicio de poder marcado por clientelismo, corrupción y nepotismo, donde el chantaje han sido práctica recurrente en el relacionamiento con las demás ramas del poder, instituciones y gremios. Así ocurrió cuando, ante el inminente hundimiento de la reforma laboral en el Congreso, Petro y sus ministros convocaron a una Consulta Popular por decreto, anticipando que -como sucedió- el temor a sus alcances presionaría a los congresistas indecisos y facilitaría su aprobación.
Con la reforma a la salud, han ido más allá, propiciando el colapso del sistema mediante asfixia financiera a los operadores privados, a costa de la vida de miles de colombianos.
Asimismo, tras el archivo en el Congreso de las reformas tributarias, el Gobierno optó por decretar el estado de emergencia económica sin cumplir los presupuestos constitucionales; y cuando la Corte, como correspondía en derecho, suspendió provisionalmente los efectos del Decreto, Petro recurrió a descalificarla con crudeza.
Idéntica reacción suscitó la decisión del Consejo de Estado de suspender el Decreto 1469 de 2025 , que fijó el aumento del salario mínimo en 23,7%, desconociendo los criterios previstos en la Ley 278 de 1996. Paradójicamente, sectores gremiales y políticos que calificaron el incremento de arbitrario, ilegal y populista parecen ahora dispuestos a respaldarlo.
Con dolor, siento que estamos como en la época de Weimar, donde el cálculo, el oportunismo o la cobardía, nos está llevando a ceder y ceder frente a un Gobierno que llegó, gobernó y pretende mantenerse a punta de chantaje. No tendremos futuro, si no tenemos coraje.
