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Una sola y lacónica declaración fue formulada desde Pekín luego del anuncio de Donald Trump de haber suscrito con el gobierno interino venezolano el “mayor acuerdo petrolero de la Historia”. “Los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela deben ser salvaguardados”, fue lo que sentenció Guo Jiakun, el portavoz del Ministerio de Exteriores.
Hagamos algo de Historia. China fue activa en Venezuela en la era de Hugo Chávez. Luego de comprometer US$60.000 millones entre 2007 y 2015, la avalancha de inversiones y préstamos se desinfló dramáticamente. Su experiencia en distintos sectores, incluyendo el petrolero, no pudo ser peor: deuda difícil de recuperar, producción colapsada, proyectos inconclusos por desidia o corrupción gubernamental, hiperinflación interna insostenible, tramitaciones y trabas administrativas difíciles de sortear, enorme incertidumbre jurídica además de las sanciones norteamericanas a escala global que desde 2015 afectaron el transporte y el comercio de crudo venezolano.
Hoy, la importancia de Venezuela para China, más allá del imperativo de recuperación de la deuda –la que según algunos analistas puede llegar a US$12.000 millones–, no puede afirmarse que es marginal en lo económico. Una sola empresa estatal china que opera en los yacimientos del Lago ha llegado a producir 100.000 barriles diarios en 2025. Expertos petroleros en distintos medios consultados ubican en más de US$2.600 millones las inversiones de SINOPEC en suelo venezolano.
Venezuela no es hoy el más importante de los enclaves chinos ni el país donde se asiente su mayor influencia en el espacio al sur del Río Grande. Lo que su presencia sí reviste es un carácter estratégico. En las dos últimas décadas, China ha estructurado, mantenido y cultivado una actividad muy significativa en 13 países del subcontinente. Toda una red de comercio, infraestructura, financiación, minería, energía, puertos, telecomunicaciones, vehículos y materias primas dan cuenta, a esta fecha, de su proactiva inserción regional.
Con los acuerdos en marcha en Venezuela, Trump no parece pensar solo en recuperar el petróleo venezolano para empresas estadounidenses. Washington hace evidente su interés de impulsar una dimensión geopolítica que es la de reordenar el espacio latinoamericano y reducir la penetración de China y Rusia. No estamos frente a un altercado diplomático de poca significación. Lo que el gigante asiático pone de relieve es que sus actividades económicas legítimas deben ser respetadas. Pekín no es, por tradición, proclive a la agresión frontal, pero en este caso está siendo asertiva en señalar un límite sin poner un aviso preventivo.
Si EE. UU. demuestra poder utilizar su poder político para reemplazar presencia china en un país latinoamericano, como en Venezuela, Beijing debe preguntarse si ese modelo podría reproducirse en otros donde tiene relevante presencia, como en Perú, Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Chile y Colombia. La diatriba para China es simple: el episodio venezolano apunta a convertirse -junto con el caso Panamá- en la evidencia de que cuando EE. UU. intenta recuperar influencia política sobre un país latinoamericano, las inversiones chinas existentes quedan sometidas a su revisión.
Todo un nuevo frente de la rivalidad Washington–Beijing se pone sobre el tapete: la disputa por la influencia económica en América Latina. La moderación de la reacción china obedece a una estrategia de contención. Venezuela es demasiado poco importante para China como para provocar una confrontación con EE. UU., pero es suficientemente importante como para que Beijing no quiera que Washington convierta su caso en un precedente.
