Pico y Placa Medellín
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Hemos tocado fondo en un tema que no es menor y que tiene al país cercado por actores armados. El gobierno insiste en pedir suspensión de órdenes de captura de delincuentes y miembros de organizaciones criminales para nombrarlos gestores de paz, cuando es una realidad que su política de paz fracasó y que todas las decisiones tomadas están llevándonos a una sin salida.
Para más pruebas, el reciente escándalo en la cárcel de Itagüí que los obligó a suspender negociaciones con las estructuras criminales de Medellín en la misma semana en que el alcalde Carlos Fernando Galán le dijo al presidente que era imposible luchar contra la criminalidad en Bogotá cuando el propio mandatario ordena suspender la captura contra alias el Montañero, jefe de las banda El mesa, después de que se lograra la captura de 23 miembros de esa organización y como si fuera poco, le otorga la condición de gestor de paz.
Estos combos o bandas tienen bajo el terror a las zonas urbanas. Es inexplicable que quien negocia con ellos sea o haya sido líder de la DNI y luego de la UIAF, y que no sepamos qué tipo de beneficios les ofrecen, que no disminuya la criminalidad y que sigan las órdenes de suspensión de capturas como en Quibdó, Buenaventura, Barranquilla y ahora Bogotá.
Los gobernadores le insisten en que la suspensión de capturas de cabecillas pone en riesgo a la población de todas las regiones. Y nada, oídos sordos. La Fiscal lo anticipó a propósito del caso Calarcá cuando dijo que era prioritario levantar la suspensión de su captura porque está probada la comisión de delitos por parte del señor Alexánder Díaz Mendoza al frente de esa disidencia.
Un informe detallado de revista Semana da cuenta de dineros invertidos en una paz fracasada: más de cien mil millones de pesos. Para qué. Para que se incrementaran acciones armadas. Solo en lo que tiene que ver con el ELN, reporta el informe, que en el Catatumbo hubo 190 homicidios y 101.439 desplazados. Además 246 soldados muertos.
En este caso, el proceso de paz terminó hace meses y como en todos los espacios de negociación, se le revocó suspensión de captura a 33 miembros de esa guerrilla, incluyendo a los responsables del atentado en contra la Escuela de policía General Santander.
Y la situación se repite. Con las disidencias de FARC se presenta el caso más escandaloso, porque además de 80 órdenes suspendidas, le mantienen privilegios a alias Calarcá en contra de todo el material probatorio en contra.
Paso a la Segunda Marquelia. Cómo pretende un gobierno obtener respaldo de la sociedad civil cuando insiste en negociar con los responsables de ordenar el asesinato Miguel Uribe Turbay. Le levantaron la suspensión a los principales como el Zarco Aldinever, pero a los demás, nada. En buena hora la Interpol emitió orden de captura en contra seis de sus cabecillas.
Frente al Clan del Golfo, las cifras hablan por sí solas, un aumento de hombres en armas del 20%.
Si después de haber gastado cien mil millones de pesos no piensan en renunciar Otty Patiño y demás encargados de las mesas de negociación es porque el proyecto no es la búsqueda de la paz total sino de la impunidad total. Y las consecuencias serán de una gravedad insospechada.
