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Justo en la misma semana en que el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Álvaro Uribe, el presidente Gustavo Petro pidió la renuncia de su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Apenas estuvo cuatro meses en el cargo.
Fue el propio mandatario quien le solicitó apartarse, pero aún no es claro si la razón fue la propuesta —quizás inconsulta— de convocar una Constituyente desde China; la investigación que le abrió la Procuraduría; o, tal vez, el fracaso de su viejo empeño de ver tras las rejas al expresidente Uribe.
Este último motivo no sería descabellado. Montealegre, más que un jurista ponderado, se ha comportado como un cruzado político contra el expresidente. Llegó incluso a hacerse reconocer como víctima en el proceso y, ya como ministro, no solo omitió declararse impedido, sino que se inmiscuyó con tal vehemencia que la Procuraduría abrió una investigación en su contra.
No debe olvidarse que los dos fiscales que impulsaron la acusación contra Uribe en 2024 habían sido nombrados por Montealegre cuando fue fiscal general. Gilberto Villarreal, quien formuló la acusación formal el 21 de abril de ese año, fue designado por él como director seccional de Fiscalía. Y su sucesora, Marlen Orjuela, también había sido nombrada por el entonces fiscal general como delegada ante un Tribunal.
A ello se suma que el fallo de primera instancia, leído por la juez Sandra Heredia, despertó dudas legítimas sobre la posible influencia de Montealegre. En su argumentación citó autores alemanes habituales del exministro, como Roxin y Jakobs, y un texto de Adolf Lobe, escrito solo en alemán, país donde Montealegre cursó su doctorado.
En la segunda instancia, la magistrada que salvó voto, María Leonor Oviedo, también fue subalterna de Montealegre en la Fiscalía. Incluso, cuando era fiscal delegada ante un Tribunal, en 2014, enfrentó una denuncia que nunca prosperó.
El fallo favorable a Uribe produjo visible molestia en el presidente Petro: así lo dejó ver en su cuenta de X. No sería extraño que ese episodio haya precipitado la salida de Montealegre o, cuando menos, contribuido a ella.
No es la primera vez que Montealegre emprende una cruzada contra Uribe. En 2016, siendo fiscal, se jactó de que antes de dejar el búnker “el país temblaría”, en alusión a la captura de Santiago Uribe, hermano del expresidente, quien fue absuelto hace menos de un año. También tuvo papel protagónico en el escándalo del “hacker” Sepúlveda, episodio que marcó la derrota del entonces candidato de Uribe, Óscar Iván Zuluaga en 2014.
En últimas, así Montealegre haya tenido o no que ver con las sacudidas del proceso penal contra Álvaro Uribe, no deja de ser paradójico que lo saquen del gobierno Petro justo en la misma semana en la que la justicia absuelve al expresidente.
Más allá de simpatías o antipatías, resulta paradójico que el gobierno Petro prescinda de Montealegre justo cuando la justicia desmonta el andamiaje creado durante más de una década contra Uribe.
Por ahora, el Tribunal Superior de Bogotá lo dejó claro al señalar en su fallo: “Errores metodológicos, falacias interpretativas y una valoración sesgada de las pruebas”. Y luego, tal vez, la historia responderá preguntas que quedan abiertas.
¿Por qué la denuncia de Uribe por calumnia contra Iván Cepeda, interpuesta en 2011, solo avanzó siete años después, justo antes de las elecciones de 2018, cuando José Luis Barceló presidía la Corte Suprema?
¿Por qué Barceló archivó la denuncia contra Cepeda —a pesar de que el padre del testigo principal que él les dio dinero— y, en cambio, abrió investigación contra Uribe? ¿Cómo se explica que interceptaran el teléfono del expresidente “por error”?
Barceló fue elegido magistrado siendo presidente Juan Manuel Santos.
La historia tal vez también se encargará de contar por qué Deyanira Gómez, una médica, joven y atractiva, decide convertirse en la pareja de un condenado a 40 años de cárcel, Juan Guillermo Monsalve, el “testigo estrella”, y sobre todo por qué asumió un papel protagónico en la recolección de pruebas contra Uribe. Tal vez algo de la respuesta está en las investigaciones que hizo la periodista Salud Hernández, según las cuales a Deyanira Gómez “en Quipile la recuerdan como una guerrillera uniformada y que todos temían”.
El Tribunal fue contundente al señalar que “no basta con la existencia de una dádiva, debe probarse la intención ilícita”. En efecto, siempre fue extraño que se hablara de un supuesto soborno cuando el testigo jamás declaró a favor de Uribe.
En su carta de renuncia, Montealegre escribió: “Una sola razón motiva mi retiro: la profunda indignación por el prevaricato en que incurrió el Tribunal de Bogotá al absolver a Uribe”. Muchos se burlaron de la afirmación, pero quizá en ella se encierra una verdad política: su salida fue consecuencia directa del fallo que echó por tierra una de las construcciones judiciales más controvertidas de los últimos tiempos.
Si el fallo de la juez, que condenó a Álvaro Uribe en agosto, lo llamamos histórico, porque era la primera vez que un Presidente era condenado; el de ahora del Tribunal también es histórico porque demuestra que la arquitectura institucional de Colombia tiene la capacidad de corregir errores como estos.
El país necesita justicia, no revancha. Y, sobre todo, necesita servidores públicos que entiendan que la legitimidad no se impone desde la ideología ni desde el poder, sino desde la verdad judicial y el respeto por la independencia de las instituciones.