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En una carrera contrarreloj y en la madrugada del martes, el Congreso de la República dio vía libre por amplia mayoría al presupuesto de la nación para el 2027, el más abultado en la historia del país, con gastos que llegarán a 635 billones de pesos. Aunque el gobierno destacó el respaldo a esta iniciativa, este es un paso en la larga y titánica tarea que le espera para ajustar las finanzas públicas.
Después de recibir la casa descuadernada por parte del gobierno de izquierda, con una deuda pública que llegó a una cifra récord de 1.273 billones de pesos en 2025, con ingresos que no alcanzan a cubrir ni la mitad de los gastos y con mayores obligaciones por pagar, la administración de Abelardo de la Espriella tiene que comenzar a ponerle orden a las finanzas.
Para ello cuenta con el voto de confianza del Congreso que aprobó el presupuesto, pero ahora viene la parte más compleja: la aprobación de una Ley de Rescate o ajuste fiscal que prepara el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y que debe radicar en los próximos días.
Esta ley no será tan fácil de tramitar porque la intención es hacer un mega recorte en los gastos del Estado para el 2027, cuyo monto no está establecido, pero se espera que supere los 40 billones de pesos. Es decir que, sin que haya sido sancionado el presupuesto, se avecina una tijera. ¿En dónde será el recorte? ¿Cuáles entidades van a desaparecer o se van a fusionar? ¿Cuántos empleos por órdenes de prestación de servicios se acabarán? ¿Quiénes llevarán el mayor peso del ajuste?
Esos interrogantes se despejarán cuando el MinHacienda presente el proyecto al Congreso. En ese momento se sabrá cuál es el tamaño del ajuste y hasta donde llegará el respaldo de los congresistas al gobierno. Esa será la hora de la verdad porque el ajuste, por doloroso que sea, es indispensable para tratar de ordenar la casa. Así lo considera el Fondo Monetario Internacional (FMI) que sostiene que la situación de las finanzas públicas del país es insostenible. El gobierno recurrió en ayuda del organismo para avalar el programa de ajuste y conseguir recursos de financiamiento.
Es probable que la oposición trate de sacar sus bases a las calles, con apoyo de los sindicatos, desconociendo que este es el resultado del mal manejo de las finanzas en el “gobierno del cambio”.
Y es que la situación caótica de las finanzas no da espera, más si se tiene en cuenta que del total de gastos del presupuesto del año entrante cerca del 25% se van para pagar el servicio de la deuda. En este rubro se aprobó un recorte de 11 billones de pesos al pasar de 155 a 144 billones. Pero aún así, es el mayor pago que hará el país en su historia a los acreedores nacionales e internacionales.
Por el contrario, la inversión pública aumentó de 86,9 a 94,6 billones, mientras que los gastos de funcionamiento subieron a 396,1 billones, es decir, 3,47 billones más frente a la propuesta inicial del gobierno. Después de muchas discusiones se hicieron movimientos de partidas en el presupuesto para tratar de tapar los huecos que dejó el gobierno Petro en sectores como salud, pensiones y los subsidios de combustibles, las universidades públicas, entre otros.
Para cumplir con sus promesas de campaña y evitar más problemas sociales, el gobierno incorporó recursos adicionales por 5 billones para el sector salud, 6,5 billones para el pago de pensiones, 700.000 millones para las universidades públicas, 9,6 billones de pesos para los subsidios a los combustibles y 3 billones para financiar los subsidios de energía y gas.
Lo que debemos entender los colombianos es que los recursos son cada vez más escasos y no se puede sostener este ritmo de gasto ni un endeudamiento de esta naturaleza sin que el país se vaya a la quiebra. La cuerda no se puede estirar más porque se termina por reventar. Lo que ha pasado en varios países de América Latina, como Argentina, nos debe servir de ejemplo.
Por eso el ajuste hay que hacerlo, así la oposición amenace con marchas y paros, mas si se tiene en cuenta que si no se hace nada el descuadre en las finanzas públicas para el año entrante ascenderá a 9,4% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, cerca de 190 billones de pesos. No hay camino distinto a recortar el gasto o aumentar los recursos vía mayores impuestos. Aunque el gobierno ha descartado esta última opción, no debería echarla en saco roto. No se trata de subirles más las cargas a quienes pagan tarifas más altas, sino tratar de tapar los huecos de la evasión y poner a pagar a los que pagan muy poco.
La aprobación del presupuesto para el 2027 es apenas el punto de partida de una discusión que el país está en mora de dar. No podemos dejar que el problema fiscal siga creciendo porque la solución puede ser más dolorosa entre mayor tiempo dejemos correr.