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Hay que reconocerlo: pocas veces la política colombiana había alcanzado niveles tan refinados de creatividad. Convocar a las calles –como lo está haciendo el presidente Gustavo Petro– para “defender” el salario mínimo de enemigos que no existen es sin duda una verdadera innovación.
El presidente de la República convoca a la ciudadanía, de manera solemne, a marchar como si existiera una amenaza real e inminente contra el ingreso de los trabajadores. Cuando por el contrario, si algo ha quedado claro estos días, es que la mayoría de los gremios económicos han ratificado públicamente que mantendrán el aumento decretado por Petro.
¿Contra quién, entonces, es la marcha a la que convocó el presidente Petro hoy en todas “las plazas públicas del país”? En política, como en el teatro, nunca está de más dramatizar. Y lo ocurrido en los últimos días, ciertamente, tiene rasgos de tragicomedia. Después de un alza del 23,7% —casi cinco veces la inflación proyectada para 2025—, buena parte del país puso el grito en el cielo. Pero obedientes de la ley como son la mayoría de los colombianos se aplicó el aumento.
Vino entonces la suspensión provisional del decreto por parte del Consejo de Estado, que exigió al Gobierno explicaciones técnicas más sólidas. La mayoría de los gremios, conscientes de la dificultad de revertir un hecho cumplido, dejaron claro que mantendrán el aumento del salario. Solo Fenalco discrepó diciendo que es importante atender la petición que hizo el alto tribunal de sustentarlo mejor. Entre otras cosas porque resulta fundamental una jurisprudencia clara porque, si se deja esta puerta abierta, cualquier otro gobernante que llegue en el futuro podría, sin sustento en cifras técnicas, decir que sube 50% o 100% el salario mínimo.
Durante décadas, el salario mínimo en Colombia se fijó con indicadores técnicos que combinaban inflación causada y productividad. Esa fórmula, con ajustes y tensiones propias de cada coyuntura, permitió preservar cierto equilibrio entre la mejora del ingreso real y la sostenibilidad del empleo formal. El Gobierno decidió alterar esa tradición incorporando el criterio del “mínimo vital”, sin que medie explicación sobre su impacto macroeconómico.
Los efectos del aumento ya se comenzaron a sentir. La inflación anual de enero se ubicó en 5,35%, con mayores incrementos en restaurantes y hoteles, transporte, alimentos y bebidas no alcohólicas. Es apenas el comienzo. El alza en las nóminas presiona los costos de producción de las empresas; las cuotas de administración de los hogares y los servicios públicos aún no reflejan completamente el impacto.
El impacto sobre el empleo preocupa de manera especial. Fenalco estima la posible pérdida de 773.000 puestos de trabajo. Según encuestas del gremio, el 71% de los comerciantes ha despedido o planea despedir personal este año.
Para contener un eventual desborde inflacionario, el Banco de la República elevó la tasa de interés de 9,25% a 10,25%, encareciendo el crédito en todos los frentes, desde el consumo hasta la vivienda. El sector de la construcción, ya golpeado, recibe así un nuevo revés.
Resulta revelador que el propio ministro de Hacienda, Germán Ávila, haya reconocido la necesidad de ayudas económicas para las pymes y haya anunciado posibles inversiones forzosas al sistema financiero para garantizar créditos. Es decir, el Gobierno admite los efectos adversos de su decisión y propone medidas de intervención para mitigar un problema que él mismo generó.
Y ni hablar del inmenso costo fiscal de 6 billones de pesos por los mayores pagos en salarios y pensiones estatales. Anif dice que se tendrán que desembolsar 3,8 billones de pesos más para pago de pensiones y que el Estado dejará de recibir por lo menos 3,5 billones por el menor pago del impuesto de renta de personas jurídicas.
Es loable que los trabajadores aspiren a un mejor ingreso. También es legítimo que el Gobierno busque reducir desigualdades. Pero volver trizas los fundamentos técnicos que por años han dado estabilidad a la economía colombiana no necesariamente fortalece a los más vulnerables; los deja expuestos al riesgo.
En Colombia hemos sido testigos de cómo se saca a una mayor población de la pobreza. En la primera década de este siglo, gracias a un fenómeno estructural, impulsado por crecimiento económico, reducción sostenida de la pobreza y mayor formalización laboral, millones de colombianos lograron salir de la pobreza y llegaron a la clase media –creció del 16% de la población en 2002 al 27% en 2011–. Ahora, si con el aumento del salario mínimo, el empleo formal se estanca o la informalidad crece, el resultado puede ser una clase media más frágil, no más robusta.
La decisión del Consejo de Estado, al exigir explicaciones técnicas, constituye un recordatorio oportuno de que las políticas públicas no pueden convertirse en plataformas de campaña permanente.