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En materia económica, el presidente electo Abelardo de la Espriella sabe que va a encontrar un camino lleno de espinas. Afortunadamente cuenta con un coequipero que no llega a improvisar y que conoce el terreno que está pisando, como lo es su vicepresidente José Manuel Restrepo.
Son tantos los líos que le van a caer encima por la herencia envenenada que le dejó el “gobierno del cambio”, que deberá nombrar un gabinete de lujo para enfrentarlos, donde destaquen personas técnicas que conozcan los temas que les tocará enfrentar. Con tantos megachicharrones no se puede llegar a aprender ni perder un solo día.
El proceso de reconstrucción no será fácil, más cuando se dará un fuerte timonazo a la política puesta en marcha por Petro, que dejó a muchos sectores económicos en la lona por los impuestos y por su ataque permanente al sector privado. No solo estamos a las puertas de una crisis energética, con amagos de un racionamiento de agua y energía si el fenómeno de El Niño llega a ser muy fuerte, sino que habrá que hacerle frente a la crisis de la salud y a los graves problemas en las finanzas públicas. A lo que se suman las drásticas caídas en los sectores minero energético y de la construcción, y la parálisis en las obras de infraestructura.
El gobierno recibe una economía con un crecimiento mediocre, del 2,6%, una inflación al alza, que podría llegar al 7% este año, una deuda pública disparada, que representa cerca del 60% del PIB, y unos gastos que siguen subiendo frente a ingresos que, a decir de los analistas, están sobreestimados. Es decir, que además de los problemas por resolver, el nuevo gobierno se encuentra con la olla raspada, sin recursos para hacerles frente.
Así lo reconoció el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, que advirtió sobre los riesgos que se avecinan y puso en duda las cifras que presentó el saliente ministro de Hacienda, Germán Ávila. El Comité considera que tanto los ingresos como los gastos están subestimados y calcula que la deuda neta llegará al 61% del PIB, el nivel más alto en la historia del país. Por eso concluye que se necesitará un ajuste fiscal estructural a gran escala. Es tan crítica la situación de las finanzas públicas, que el Comité dice que estas medidas no dan espera, “so pena de que el país enfrente una situación de estrés financiero con consecuencias económicas potencialmente devastadoras”.
Parece que el ministro Ávila era consciente de esta crítica situación cuando anunció que presentaría una reforma tributaria a partir del 20 de julio por cerca de 30 billones de pesos, una cifra récord. Lo que no previó, o no esperaba, es que no iba a ganar Iván Cepeda sino Abelardo de la Espriella, quien decidirá cuándo y qué clase de reforma presentará, aunque ya dio las primeras puntadas. Dijo que eliminará exenciones, disminuirá gradualmente el 4 por mil y ampliará la base tributaria. De la Espriella también anunció que buscará refinanciar la deuda. Y el vicepresidente Restrepo ya inició reuniones con organismos internacionales.
Ante este complejo panorama y frente a una crisis fiscal en ciernes, el gran desafío del nuevo gobierno es encontrar dónde puede recortar gasto. En la mira está la eliminación o fusión de varios de los 19 ministerios que hay actualmente. Cabe señalar que el gobierno de Petro, con el fin de amarrar votos, llenó de contratistas muchas entidades del Estado, razón por la cual el plan de ajuste será una tarea titánica. Para los contratistas que queden vacantes se buscarán alternativas de emprendimiento o de vinculación al sector privado.
De la Espriella planteó ya la declaratoria de una emergencia económica para tomar medidas rápidas, porque es consciente de que tramitar proyectos de ley toma su tiempo y tendrá que enfrentar la férrea oposición de la bancada del Pacto Histórico.
En el sector salud, por ejemplo, se propone destinar, mediante un plan de choque, 10 billones de pesos para restablecer el flujo de recursos que agilice la entrega de medicamentos y la atención a miles de pacientes. Tendrá que nombrar un Superintendente de Salud de las más altas calidades y definir qué va a pasar con las EPS intervenidas, como la Nueva EPS, que está en cuidados intensivos, con deudas billonarias y sin que se conozcan los resultados financieros desde el 2023.
En materia energética, el nuevo gobierno pondrá acelerador a fondo a los nuevos contratos de exploración de gas y petróleo, agilizará las licencias ambientales y las consultas previas con las comunidades y pondrá en marcha proyectos piloto de fracking en zonas donde no haya impacto para el medio ambiente. Además tendrá que definir la suerte de la empresa Air-e, que está intervenida, tiene deudas con el sector por $2,5 billones y surte de energía a tres departamentos de la costa Caribe. También necesitará recursos para pagar los cerca de 3 billones de pesos que se adeudan a las compañías del sector por concepto de la opción tarifaria, obligaciones que vienen desde la pandemia y a las cuales el gobierno de Petro les hizo el quite.
De la Espriella dice que tiene listos 90 decretos para empezar a solucionar varios de estos chicharrones que le dejaron. Los colombianos debemos entender que la tarea no será fácil y que hay que apoyar al gobierno en estas decisiones, si queremos salir todos adelante, así Petro, el líder de la oposición, se atraviese “como una mula muerta”.