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Hay una vieja expresión según la cual todo gobierno guarda esqueletos en el clóset. El problema del gobierno de Gustavo Petro es que parece que son tantos que ya no hay manera de mantener la puerta cerrada.
Apenas ha pasado un mes desde que salió de la Casa de Nariño y los cadáveres comienzan a aparecer uno detrás de otro: contratos que nadie explica, cuentas que no cuadran, decisiones tomadas a última hora y funcionarios que ahora tienen que responder ante la justicia.
Lo inquietante es que no terminan de sacar un cadáver cuando ya aparece el siguiente.
Uno de los primeros que apareció fue el de las finanzas públicas. El llamado Presupuesto de la Verdad, presentado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, reveló que en el presupuesto que dejó radicado el gobierno Petro para 2027 quedaron por fuera gastos cercanos a los 60 billones de pesos. Obligaciones que existían y que ahora tendrá que asumir el país, en buena medida, con más deuda para evitar otra subida de impuestos.
Otro cadáver apareció en la salud. El gobierno Petro intervino ocho de las mayores EPS del país, entre ellas la Nueva EPS, y las dejó en una situación peor de la que encontró. Según la Contraloría, las deudas de estas instituciones ascienden a 58 billones de pesos. Ninguno de los cinco interventores que tuvo la Nueva EPS ha explicado satisfactoriamente qué pasó con los recursos, por qué aumentaron las quejas, se deterioró el servicio y miles de pacientes dejaron de recibir oportunamente medicamentos y tratamientos.
Aquí no basta con decir que el sistema ya estaba enfermo. Hay que establecer qué ocurrió durante las intervenciones, dónde terminó el dinero y si hubo dolo en el manejo de los recursos. Estamos hablando de la vida de millones de colombianos.
El escaparate también comienza a abrirse en el negocio de los pasaportes. El gobierno Petro decidió quitarle su elaboración a Thomas Greg & Sons, que durante 17 años produjo los documentos bajo estándares internacionales. No quiso renovar un contrato cercano a los 600.000 millones de pesos y terminó montando un esquema con la Imprenta Nacional y empresas de Portugal y Francia por cerca de 1,3 billones.
Ahora el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente el contrato tras advertir incumplimientos en los cronogramas, ausencia de soportes y falta de avances en la operación. Habrá que establecer por qué se tomó aquella decisión, quiénes intervinieron y quiénes terminaron beneficiándose.
También hay alertas por las decenas de contratos firmados a última hora en el Ministerio de la Igualdad por cerca de 470.000 millones de pesos. Es necesario establecer a qué manos fueron esos recursos, bajo qué conceptos y con qué justificación, especialmente cuando la entidad ya había entrado en proceso de liquidación.
Y está Ecopetrol. Siguen apareciendo denuncias sobre contratos y negocios que deben ser investigados y en los que Petro habría ejercido presión, entre ellos los relacionados con la importación de gas. Hoy Colombia debe importar alrededor del 30 % del gas que consume después de que durante el gobierno anterior se frenara la firma de nuevos contratos de exploración.
Y todo indica que ya empiezan a verse otros esqueletos. Nunca se aclaró completamente qué ocurrió con el llamado Pacto de La Picota; qué beneficios recibieron los gestores de paz que eran cabecillas de organizaciones criminales; qué se negoció realmente bajo la sombrilla de la Paz Total; de dónde salieron los 15.000 millones de pesos para la campaña de Petro de los que habló Armando Benedetti; ni cuáles fueron los negocios alrededor de la exprimera dama Verónica Alcocer y los llamados catalanes.
Tampoco puede quedar sin respuesta qué ocurrió con los recursos de las EPS, las decisiones tomadas en Ecopetrol, los contratos de última hora del Ministerio de la Igualdad, la situación de Air-e, el desfinanciamiento de Colombia Mayor, el incumplimiento en la entrega de tierras, la nómina paralela de más de 900.000 contratos y las relaciones que desde distintas entidades del Estado se establecieron con organizaciones criminales.
Algunos casos ya están en manos de la justicia. El expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa va a ir a juicio, Laura Sarabia deberá responder ante la Fiscalía, y otros antiguos funcionarios comienzan a desfilar ante los organismos de investigación. Está en curso una demanda contra el exministro de Hacienda Germán Ávila, quien todavía debe explicar por qué dejó por fuera esos 60 billones de pesos y si hubo manipulación de las cifras.
Durante cuatro años el poder pudo servir para mantener el clóset cerrado. Pero el gobierno terminó. Ahora son la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y los jueces quienes tienen que entrar allí, seguir la ruta del dinero y establecer quién tomó las decisiones, quién se benefició y quién debe responder.
No se puede permitir que el paso del tiempo convierta los escándalos en paisaje y quienes manejaron los recursos públicos simplemente pasen de agache.
Porque el problema ya no es que haya cadáveres en el escaparate. Es que son tantos que no hay manera de volver a cerrar la puerta. .