Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
Cuando el país todavía no se ha recuperado del asesinato del joven periodista Mateo Pérez, en Briceño, Antioquia, ve estupefacto como las disidencias de las Farc, al mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, siguen atacando a civiles y a Fuerza Pública. Esta vez fueron asesinados cuatro soldados en un ataque con explosivos del bloque de Calarcá, en la vereda Buenos Aires, en Guaviare.
Pero, increíblemente a Calarcá no le pasa nada, por el contrario sigue disfrutando de esa especie de licencia para delinquir de la cual goza gracias a que está amparado en la Ley 2272 de 2022, que permite suspender órdenes de captura contra integrantes de grupos armados para facilitar diálogos “de paz”. La fiscal general Luz Adriana Camargo le envió hace unas semanas una carta al presidente Petro pidiéndole replantear la permanencia de este disidente en la mesa. Esa carta aún no ha tenido respuesta.
Una fiscal que escribe. Un presidente que calla. Y un criminal que, mientras tanto, se mueve libre y a sus anchas por la selva del Guaviare y por el país. Mientras “dialoga” se le atribuyen extorsiones, secuestros, homicidios y ocupación de territorios a sangre y fuego. El ataque con un cilindro bomba que emergió desde la tierra en Amalfi el 21 de agosto de 2025 y dejó 13 policías muertos, fue perpetrado por disidencias bajo su mando. También se le atribuye la masacre de 26 disidentes en Guaviare en enero. Y chats filtrados no dejan lugar a interpretaciones: Calarcá fue señalado de ordenar asesinatos y dirigir la expansión armada de su estructura durante el cese al fuego.
Frente a esa evidencia, el Gobierno ha respondió durante meses con eufemismos y silencios. Petro llegó incluso a justificar la negociación señalando que el grupo de Calarcá no era de “ángeles”, sino de quienes nunca firmaron el Acuerdo de Paz de 2016. Como si eso fuera una atenuante. Como si la guerra contra civiles y soldados se volviera comprensible bajo el rótulo de “no firmantes”.
Solo en abril, Petro instruyó al comisionado Otty Patiño a revisar la mesa. “Si el señor Calarcá incumplió los pactos y se dedicó a matar soldados o cometer crímenes de guerra, no hay paz”. Era la primera vez que el Gobierno hablaba con algo de firmeza. Pero no solo llegó tarde –después de siete ciclos de conversaciones, después de los 13 policías de Amalfi, después de la carta de la fiscal sin respuesta– sino que no pasó nada con esa orden.
La pregunta que Colombia se hace no es si la paz es deseable. Lo es, siempre lo ha sido. La pregunta es qué clase de paz se construye cuando uno de los interlocutores lleva ya tres años gozando de los beneficios del “diálogo” y dedicado a matar, reclutar menores y expandir su territorio.
La mano de seda de Petro con Calarcá se ha extendido a otros delincuentes. Justo el país es hoy testigo de un rifirrafe porque mientras Petro pide suspender las capturas de 29 jefes del Clan del Golfo, entre ellos alias ‘Chiquito Malo’, la fiscal Camargo frenó la medida que favorece a los criminales. “El Presidente es el que ordena la política de paz en Colombia”, le dijo en tono desafiante el mandatario a la fiscal.
¿Qué le ha ofrecido Calarcá al gobierno para que no lo capturen? ¿Qué sentido tiene, cuando solo le quedan 85 días de gobierno, ponerlos en zonas de distensión como pretende? ¿O es que acaso los grupos criminales son parte de una estrategia electoral? El expresidente Álvaro Uribe, precisamente, denunció presiones electorales de grupos criminales, en Putumayo y Nariño, para que voten por Iván Cepeda.
Calarcá, tenemos que repetir, todas las veces que sea necesario, fue interceptado en un retén militar en Antioquia en julio de 2024. Aunque llevaba armas, dinero en efectivo y se negó a bajar de la camioneta, el gobierno de Petro intercedió por él ante la Fiscalía para que no lo fueran a detener. Lo más insólito es que iba escoltado por siete camionetas de la Unidad Nacional de Protección. ¿Se necesita acaso más evidencia para declararse escandalizado?
Petro se escuda en su política de “paz total”, pero la “paz total” ha terminado siendo la más grande y mortífera ficción del mandatario. Lo único que ha logrado es banalizar y desvalorizar la palabra a un punto que ya no solo no conmueve sino que parece significar todo lo contrario. No hay un solo avance con organizaciones criminales en estos cuatro años del gobierno Petro. Por el contrario, el retroceso es gigantesco. La Cruz Roja reveló que el 2025 fue el peor año en la última década en materia humanitaria en Colombia: 235.619 desplazados, 282 ataques a misiones médicas y 308 desaparecidos. Y otro informe conocido ayer señala que los grupos criminales han aumentado 110% en el gobierno de Petro.
El daño de fondo no es solo el que Calarcá causó amparado en su salvoconducto. El daño más profundo es que cada vez que el Estado colombiano toleró una masacre sin romper la mesa, cada vez que guardó silencio ante una carta de la fiscal, le dio a todos los grupos armados una lección devastadora: la paz total premia al que incumple.