Colombia no ha tenido tregua en el frente político. Y justo cuando parece que el ambiente comienza a calmarse, el presidente Gustavo Petro vuelve a agitar los ánimos. Esta vez lo hace con su nuevo caballo de batalla: la consulta popular, una apuesta que ya encendió el debate nacional y elevó la temperatura institucional.
El mandatario firmó el decreto que convoca formalmente a la jornada de votación, con la que busca que los ciudadanos respalden, en las urnas, algunas de sus principales propuestas, tras varios reveses legislativos. Sin embargo, aunque el decreto ya está expedido, la consulta no está garantizada: ahora la pelota está en la cancha de la Registraduría Nacional.
El registrador Hernán Penagos enfrenta una decisión crucial: ¿actuar de inmediato y comenzar la organización del proceso electoral, o abstenerse hasta que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la legalidad del decreto? De momento, todo indica que se inclinaría por la segunda opción.
El Gobierno argumenta que el Congreso incumplió el plazo para responder su solicitud de convocatoria, por lo que se activó una “excepción de constitucionalidad” que permitiría al Ejecutivo seguir adelante sin concepto del Senado. Esta tesis habría sido impulsada por el nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien ya ha defendido públicamente la vía excepcional.
Pero desde el punto de vista legal, el registrador también tiene salidas para frenar la consulta. Una de ellas es acogerse al artículo 104 de la Constitución, que exige expresamente el concepto previo y favorable del Senado para llevar a cabo una consulta popular. Dicho concepto no existe. Y eso convierte el decreto en un documento jurídicamente cuestionable.
En diálogo con este diario, el exregistrador Alfonso Portela, experto en derecho electoral, fue categórico: “La Registraduría puede, y debe, abstenerse de aplicar un decreto viciado. Si hay dudas serias sobre su legalidad, primero deben corregirse antes de avanzar con calendario y logística”. Para Portela, el hecho de que la Corte esté estudiando la constitucionalidad del decreto es, en sí mismo, razón suficiente para frenar cualquier trámite.
De hecho, este mismo viernes se confirmó que la Corte Constitucional ya asumió el análisis del Decreto 0639. Por sorteo realizado el 12 de junio, el caso quedó en manos del despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien tendrá que evaluar si la decisión del presidente Petro se ajusta o no a la Carta Política.
La Corte deberá estudiar si, al ampararse en el literal c del artículo 33 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, el Gobierno podía avanzar sin el visto bueno del Senado. La norma permite convocar por decreto si el Congreso no se pronuncia en 30 días, pero algunos juristas sostienen que ese silencio no puede equipararse automáticamente a un aval.
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Además, en el expediente ya reposa una solicitud formal de la senadora Paloma Valencia para que la Corte suspenda provisionalmente los efectos del decreto mientras se toma una decisión de fondo. El argumento es claro: permitir que el proceso avance sin una validación constitucional previa podría acarrear consecuencias jurídicas y presupuestales irreversibles.
Por ahora, todo apunta a que el registrador Penagos se moverá con cautela. Si bien no le corresponde decidir sobre la constitucionalidad del decreto, sí puede abstenerse de ejecutarlo hasta que la Corte zanje el debate.
Semanas atrás, en diálogo con este diario el registrador había confirmado que la entidad electoral no tiene los $750 mil millones de pesos que se requieren para llevar a cabo la jornada.
“No, no tenemos los 750 mil millones, estamos preparados desde la logística, teníamos claros los presupuestos, los registradores ya muy capacitados y el equipo de la Registraduría, pero los recursos aún no estaban. Los recursos son contingentes, porque la Registraduría tiene recursos en función de lo que ya tiene preparado, pero las cosas que van llegando nuevas, como por ejemplo esta consulta o las elecciones atípicas de las que hemos venido hablando, son una excepción, esos recursos no los tiene la Registraduría y habría que gestionar ante el Ministerio de Hacienda”, Reconoció Penagos.
Su decisión, en cualquier caso, marcará un punto de inflexión: entre seguir el impulso político del Ejecutivo o plantarse desde la legalidad.
