Tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay, nueve partidos reclamaron falta de garantías y polarización. Exigieron a Petro actuar con responsabilidad y pidieron intervención del procurador en el proceso electoral.
En momentos de crisis, tensión y zozobra nacional tras el atentado que tiene entre la vida y la muerte al senador Miguel Uribe Turbay, ayer se desató un enfrentamiento institucional sin precedentes que, incluso, podría llegar a poner en jaque el proceso electoral de 2026.
La oposición decidió tomar distancia radical del Gobierno Nacional, acusó de polarización al presidente Gustavo Petro y dijo desconocer tanto al jefe de Estado como a su ministro del Interior, Armando Benedetti, como garantes de los comicios.
Justamente, la mesa directiva del Senado resolvió suspender las deliberaciones en el Capitolio en solidaridad con el senador, mientras que nueve partidos con asiento en el Elíptico reclamaron por falta de garantías de cara a las elecciones y anunciaron que acudirán a instancias internacionales en búsqueda de condiciones de equidad.
Todo esto, justo cuando el Senado se dispone a retomar la discusión de la reforma laboral en último debate y mientras el Ejecutivo sigue amenazando con convocar por decreto su consulta popular, lo que podría enrarecer aun más el ambiente político.
Las miradas están puestas en el presidente Gustavo Petro, quien ayer lideró una Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. Si bien a la cita en Palacio asistieron las cabezas de varias instituciones –como la Registraduría, la Defensoría del Pueblo o el Consejo Nacional Electoral (CNE)–, del encuentro se apartaron en señal de protesta nueve partidos independientes y de oposición.
Su clamor fue vehemente: no reconocen ni sienten garantías del presidente y el ministro del Interior, Armando Benedetti, para presidir la Comisión Nacional de Vigilancia y Control Electoral. Por ello, acudieron directamente al procurador Gregorio Eljach buscando que sea él quien esté al frente de esa instancia de cara a los comicios del próximo año.
“Lejos de mitigar esta crisis, el Gobierno del presidente Gustavo Petro parece empeñado en agravarla. Su persistencia en exacerbar la polarización, fomentar el enfrentamiento, desconocer la institucionalidad, señalar a opositores y descalificar a quienes disienten profundiza la fractura social y política que nos consume”, reclamaron los partidos Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, Liberal, MIRA, ASI (Alianza Social Independiente), Partido de La U, Colombia Justa y Libres y Liga de Gobernantes Anticorrupción.
De hecho, ayer el expresidente Álvaro Uribe Vélez –mandamás del Centro Democrático– denunció que, según información de inteligencia internacional, también se está fraguando un atentado en su contra.
Según la colectividad, grupos criminales “sin identificar” estarían ofreciendo una suma de hasta 8 millones de dólares –alrededor de 32.900 millones de pesos– a cambio de atentar contra el exmandatario, así como contra la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, la periodista y aspirante presidencial Vicky Dávila y el abogado Abelardo de La Espriella.
De fondo, está la zozobra que persiste entre dirigentes y miembros de la oposición tras el atentado contra Uribe Turbay. De hecho, el exembajador Roy Barreras reportó que durante la Comisión liderada por Petro el mandatario aceptó “bajar el tono de sus comunicaciones para no alimentar las respuestas polarizantes”.
A ello se suma un refuerzo en la seguridad de los integrantes de la oposición y precandidatos, sumado a abrir la puerta al diálogo en el Congreso para aprobar la reforma Laboral: “La firma del decreto (de la consulta popular) está congelada hasta ver la disposición de la plenaria y la conciliación de la reforma en el Congreso”, dijo Barreras.
Por su parte, en un encuentro que liderarán hoy en el despacho del procurador, representantes de los nueve partidos pedirán que sea la Policía y no la Unidad Nacional de Protección (UNP) la que asuma su seguridad. Además, solicitarán que el Gobierno se abstenga de convocar una consulta por decreto y que se le ponga coto al presunto uso de recursos públicos para promover una campaña electoral anticipada.
