A través de una declaración conjunta publicada este 11 de junio, la Delegación de Paz Urbana del Valle de Aburrá, espacio en el que dialogan los jefes que representan a las bandas delincuenciales y el Gobierno Nacional, señaló al alcalde Federico Gutiérrez de torpedear los diálogos que adelantan desde la cárcel de Itagüí, y también de negar los supuestos resultados en reducción de la criminalidad en Medellín y el Valle de Aburrá que los jefes de las organizaciones delincuenciales se atribuyen.
Según reiteraron, el marco sociojurídico adelantado con el Gobierno Nacional en los últimos dos años ha sido fundamental para lograr la reducción histórica en la tasa de homicidios en el Valle de Aburrá en 2024, así como la supuesta reducción en delitos como desaparición forzada, secuestro, desplazamiento intraurbano y extorsión.
El comunicado también señala que pese a los avances logrados, según apuntaron, gracias a los pilotos de barrios libres de extorsión y el no involucramiento de las bandas históricas en explotación sexual, el proceso ha tenido grandes barreras, en este caso por parte de la administración Distrital, al que acusan de apelar a “fórmulas caducas” de hace cinco décadas que han arrojado resultados “precarios” en materia de seguridad y recomposición social.
Directamente, señalaron al alcalde Gutiérrez y al gobernador Andrés Julián Rendón de crear un ambiente de desinterés y animadversión ante la posibilidad de una salida negociada a las dinámicas violentas y criminales en Medellín y el departamento. “Además del desinterés o animadversión de los mandatarios de Medellín y de Antioquia por la búsqueda de la paz, preocupa su actitud de desconocer la existencia de graves factores de riesgo no solo para la Paz Urbana, sino también para la seguridad y convivencia ciudadana, como la presencia en el territorio de organizaciones criminales compuestas por extranjeros y vinculadas a la delincuencia transnacional tal como lo sugiere las cifras de personas”, se lee en el comunicado.
Según este pronunciamiento, es innegable el peligroso avance de organizaciones criminales foráneas, partiendo de las detenciones de personas extranjeras por diversos delitos y el alto número de ciudadanos de otros países vinculados con las cifras de homicidios en Medellín y el Valle de Aburrá. “Hoy podemos decir que organizaciones como el llamado Tren de Aragua, Los Gallegos, La Cota y Los Kilas, tienen presencia activa en el Valle de Aburrá. Su accionar en sectores como las comunas de La Candelaria, Manrique y Aranjuez de Medellín, con actividades relacionadas con drogas, prostitución, extorsión y amenazas, deben llamar la atención de las autoridades”.
El comunicado asegura que “es evidente que estamos frente a una insubordinación del señor Alcalde de Medellín a la autoridad del Señor presidente de la República, violentando flagrantemente los artículos 2, 113 y 288 de la Constitución Nacional, que lo obligan a trabajar armónicamente con el primer mandatario”.
También señalaron al alcalde Gutiérrez de “desconocer los acercamientos que en su anterior administración él mismo promovió con las estructuras, aun cuando no existía la debida autorización presidencial, hoy que todo se hace en el marco de la ley ataca la posibilidad de paz”. Tal actitud parece motivada por intereses egoístas y oportunistas, por no ser él quien lidera los diálogos y por utilizar el proceso como una forma de hacer oposición al Gobierno Nacional, desconociendo su importancia y los resultados significativos que se han logrado.
Gutiérrez ha negado que la reducción de delitos como los homicidios se deba a los supuestos avances de la Paz Urbana y ha reiterado que corresponden a las estrategias de seguridad, como la persecución de cabecillas y los golpes orientados a reducir las finanzas y al desmantelamiento del organigrama criminal de las principales bandas del Valle de Aburrá.
