Cuando uno se para de frente en el Valle de Aburrá mirando hacia el sur o al occidente se topa con una muralla verde de elevaciones sinuosas que sirven de telón de fondo a los edificios altos que están en el primer plano de la panorámica.
Esa cadena montañosa se llama el Romeral. Por estos días es sinónimo de problemas debido a las inundaciones y deslizamientos que se han producido en la época invernal, como los de San Antonio de Prado, Villatina o Altavista, e incluso en Ebéjico, pero resulta que es también una gran fuente de biodiversidad. Y si han surgido dificultades es, según el ambientalista Carlos Mario Uribe, porque ha fracasado el control por parte de las autoridades encargadas, como las instancias municipales y Corantioquia.
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Uribe es parte de la Corporación Pro Romeral y uno de los gestores de la unión de organizaciones que se está gestando para velar por la preservación del que consideran un gran tesoro natural. No en vano, es el hábitat de más de 1.160 especies forestales, 126 tipos de aves, 75 familias de mariposas y 35 especies de mamíferos, entre otros.
No es raro encontrarse por allí guacharacas, carpinteros reales, o mochileros; ni venados soche o Mazamas Rufinas y si está de buenas, uno puede toparse con un puma, un oso de anteojos o un oso hormiguero, porque esta es una de las zonas más biodiversas de Antioquia.
Adicionalmente, dentro de su perímetro hay varios pluviales –lugares de más lluvia-, bosques de niebla y subpáramos, que son como fábricas de agua que deberían ser consideradas sagradas y por tanto intocables, pero hay evidencias de que están siendo intervenidas.
En 2007, 28.073 hectáreas en sus predios fueron declaradas como área protegida dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado Divisoria Valle de Aburrá – Río Cauca; forman un amplio corredor que pasa por los municipios de Caldas, La Estrella, Itagüí, Medellín, Amagá, Angelópolis, Heliconia, Ebéjico, Bello, San Jerónimo y San Pedro de los Milagros, prestando servicios ambientales a más de cuatro millones de personas. La capital antioqueña es la que posee la mayor participación, con cerca del 70% del área del DRMI. Pero además, el agua que sale de esas montañas surte los acueductos de otros municipios como Armenia Mantequilla.
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Eso significó que su conservación pasó a ser considerada como determinante ambiental, es decir que esa declaratoria debe ser acatada por los once municipios que conforman ese corredor a la hora de planear el uso del suelo –a través de los planes o esquemas de ordenamiento territorial-, por los curadores al momento de otorgar una licencia de construcción y por las autoridades ambientales al autorizar aprovechamientos de recursos naturales. Después, hacia 2010, se formuló un plan de manejo estratégico.
Estos son los puntos en los que los ambientalistas más expresan inconformidades, pues, según Uribe, no ha habido un control eficaz serio y sistemático. Además, se quejan de que en 2023 se hizo una actualización del mapa mediante el Acuerdo 670 del Consejo Directivo de Corantioquia, con el fin de poner el documento a tono con una realidad que ya era de a puño, se flexibilizaron los usos de algunas áreas.
Eso se notaría, de acuerdo con Uribe, cuando se toman fotos aéreas y queda en evidencia la construcción de proyectos de vivienda o el establecimiento de agroindustrias donde supuestamente estaba prohibido porque eran zonas de restauración o de conservación y pasaron a ser de “uso sostenible”.
“Tenemos todos los cálculos y evidencias cartográficas que demuestran que en más del 80% las áreas que fueron bajadas de ‘restauración’ a ‘uso sostenible’ se ubican donde están las grandes agroindustrias porcícolas, pero en cambio a los campesinos, a los pequeños propietarios que estaban en la misma zona, bajo las mismas condiciones, en plantaciones de 10 a 15 hectáreas con pequeñas producciones agropecuarias, sí los dejaron como área de ‘conservación’”, dice Uribe, quien critica que tampoco se generaron incentivos a la conservación para los propietarios y recalca que se incumplió enormemente el plan de manejo que estaba formulado.
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También habría ocurrido una gran presión de los urbanistas para que les permitieran levantar construcciones o hacer parcelaciones, principalmente en sectores de Caldas y La Estrella, así como en los corregimientos de Medellín (San Antonio de Prado, San Sebastián de Palmitas y Altavista, sobre todo).
Previo a eso hubo más de un año de reuniones para escuchar el sentir de las organizaciones y las comunidades, pero Uribe se queja de que hubo un silencio de varios meses por parte de la corporación Autónoma Regional y a finales de diciembre de 2023 anunciaron que estaba listo texto, apenas unos días antes de terminar periodo la anterior directora, Ana Ligia Mora.
“A pupitrazo limpio, sin decirle a nadie, aprobaron este acuerdo, aunque nosotros habíamos puesto todo tipo de denuncias y demostrado con pruebas documentales que era completamente inconveniente desde el punto de vista del ordenamiento territorial y del medio ambiente”, dice Uribe.
Las consecuencias de no acatar los lineamientos del plan de manejo serían tanto los deslizamientos e inundaciones, como los de los últimos meses, por construir donde no se debe y la escasez de agua que resienten algunas urbanizaciones donde no surte EPM.
Desde hace más o menos un año, las organizaciones se están reuniendo para conformar un frente común de protección del Romeral y no descartan demandar el Acuerdo 670 de 2023, pero lo que sí es más claro es su voluntad de hacer veeduría para que por lo menos se cumpla con lo estipulado en esta norma y que no se siga dañando el Romeral a pasos tan agigantados. El otro campo de trabajo es la concertación con las administraciones locales y los concejos, lo mismo que la preparación de las comunidades para que estén vigilantes con el fin de que las zonas de protección no sean reducidas más en la actualización de los POT, PBOT y EOT que se avecinan en la mayoría de los municipios de esta jurisdicción.
La intención es que así como el Romeral luce en la distancia como un cordón verde sólido y continuo, las Mesas ambientales de los once municipios, las otras organizaciones que comparten el mismo objetivo y los acueductos comunitarios se unan en una red fuerte que contrarreste las amenazas que enfrenta la riqueza natural.
“Lo más relevante en esto es que existe un proceso comunitario, participativo. Nos hemos unido organizaciones de varios municipios en torno a un interés honesto, sincero; no es por molestar, por torpedear lo que algunas personas llaman desarrollo, sino por ponerle lógica al ordenamiento; porque además a nadie le conviene que se destruyan las zonas proveedoras de servicios ambientales si luego abajo las empresas que están presionando para eso no van a tener con qué hacer su producción”, puntualiza Uribe, quien dice conocer ya casos de compañías ubicadas en partes bajas que tuvieron que cerrar su producción porque destruyeron las fuentes de agua en la parte alta, tal como le sucede a quien escupe para arriba y le cae en la cara.
