Con toda la polvareda que ha suscitado la posible construcción de una planta para procesar residuos orgánicos en Caldas, resulta que el proyecto tiene todavía muchos obstáculos que superar y en el mejor de los escenarios solo estaría en funcionamiento dentro de varios años.
Esta iniciativa busca convertir en abono los residuos crudos de comida, los que resultan de la poda de árboles y los de cualquier aprovechamiento forestal en ese municipio localizado en el sur del Valle de Aburrá. Todo mediante un sistema de compostaje con el cual esperan generar recursos económicos y empleo para el municipio. Si llegara a dar buenos resultados buscarían aplicarlo en otros lugares de la jurisdicción metropolitana.
El Convenio Interadministrativo 432 de 2025 define el proyecto en cuatro fases. La primera consiste en la caracterización de los residuos que produce Caldas mediante un estudio, luego vendría otra etapa para analizar cuál es la mejor metodología de tratamiento de este material para dar paso al estudio de los suelos del sitio dispuesto y la construcción de la infraestructura y, posteriormente, la operación de la misma.
En todo ello toca pasar los respectivos exámenes de la autoridad ambiental, que en este caso sería Corantioquia (Corporación Autónoma Regional para el Centro de Antioquia) o en alguna medida la ANLA (Agencia Nacional de Licencias Ambientales).
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De acuerdo con el subdirector ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Alejandro Vásquez, este año se alcanzaría a surtir la primera etapa, toda vez que apenas se están discutiendo los pliegos para hacer una convocatoria a las firmas interesadas en el primer estudio requerido y solo en mes o poco más estarían haciendo la contratación, y luego serían aproximadamente cuatro meses para la ejecución.
La ventaja es que ya existe un presupuesto de hasta 700 millones de pesos disponibles.
Después, la segunda fase podría demorar ocho meses, es decir que para agosto de 2027 estaría culminada, es decir que solo a finales del año entrante se estaría dando inicio a la construcción de la planta, pero solo si todo sale de manera positivo hasta acá y a principios de 2028 la entrante administración sigue considerándola pertinente. El otro factor es que habría que tramitar los recursos.
De forma paralela tendría que avanzar un proceso de educación ambiental que jalone un cambio cultural para que la población se discipline en la separación de los residuos. Si esto no ocurre, se da por descontado que el proyecto de la planta fracasaría.
La otra mirada del tema para superar un círculo que podría ser vicioso, es que si no se cuenta con un lugar adecuado para llevar los residuos no tiene sentido separarlos porque termina ocurriendo lo que sucede hoy, que toda la basura se mezcla y va a dar al relleno para coparlo, según el ingeniero ambiental adscrito a la Secretaría de Planeación de Caldas, Andrés Sánchez.
Pensando en un municipio más grande
La sola mención de la planta despertó en mayo pasado posiciones adversas de parte de las comunidades aledañas al terreno donde estaría localizada, pero además, de otras personas a partir de los comentarios acerca de que lo que quieren hacer es un botadero de basuras o un relleno sanitario metropolitano.
Al respecto, voceros de la administración aclararon que esto no es verdad y reiteraron que, en términos prácticos, el proyecto es para una compostera a escala industrial que solo abordaría los desechos de la propia localidad.
“Nuestra petición es que se piense en que Caldas es un municipio que está creciendo y que nos dejen una capacidad adicional para poder tratar los residuos de la población futura. En resumidas cuentas, queremos tratar los residuos orgánicos de Caldas, no estamos pensando en otros municipios del Valle de Aburrá”, apuntó el ingeniero Sánchez.
El funcionario recordó que en este momento la población de ese municipio son 88.000 habitantes y se proyecta que aumenten a 130.000 en la próxima década, dada la dinámica de la construcción que se presenta. El dato hace avizorar una agudización de la problemática y por eso la planta tendría una capacidad para 52 toneladas diarias.
“Los rellenos sanitarios prestan un servicio importante porque nos dan el soporte para gestionar los residuos, pero se pierde la capacidad de seguir en el ciclo y de que se gesten proyectos para mejorar la gestión en el territorio”, dijo el subdirector Ambiental del Área.
Teniendo en cuenta que la producción per cápita de residuos es de entre 500 y 750 gramos al día y que la mitad son materias orgánicas, el estimativo es de entre 25 y 30 toneladas diarias en la actualidad cuya disposición en La Pradera le cuesta hasta más de 8 millones si se considera que por cada tonelada el costo es de entre 240.000 y 270.000 pesos.
Ese dinero, de acuerdo con Sánchez, podría ahorrarse con la planta, lo cual representaría una ganancia de entrada y justificaría los costos de operación; no obstante ese será un asunto que justamente deben definir los estudios iniciales.
“Todo eso va en este momento al relleno sanitario La Pradera (ubicado en el municipio de Santo Domingo, por fuera del límite norte del Valle de Aburrá). Lo que queremos es sacar ese porcentaje de residuos y transformarlos en abono”, añadió.
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Con ello el ahorro será no solo ambiental al disminuir las emisiones de carbono a la atmósfera, sino económico, tanto por el ahorro en transporte sino por los dividendos que podría generar el material transformado.
Este, según el experto, podría ser utilizado por la Gobernación en la recuperación de suelos degradados por la minería o por particulares que se dedican a cultivos como el café, aguacate, maíz o plátano, ya que se trata de un abono con más nutrientes que el famoso “triple 15”.
Lo que sí acepta Sánchez es que pudo faltar una mejor socialización del proyecto con la comunidad de Urapanes y ello obligará a triplicar los esfuerzos para revertir la oposición que se ha generado hacia el proyecto; no obstante, ya está definida una estrategia que deben aplicar el AMVA y quien gane la licitación para construir la planta.
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