Dos hombres fueron capturados. El otro homicida en fuga sería el hermano de una de las víctimas.
Antioquia, lejos de revertir la tendencia, se consolida como el departamento más amenazante para las mujeres en el país. El pasado fin de semana, con lapso de algunas horas, ocurrieron tres presuntos feminicidios.
El primero ocurrió en el barrio María Auxiliadora, del municipio de Anzá, Occidente antioqueño. En la terraza de su casa se encontraba María Isabel Arteaga, de 35 años, quien fue atacada con arma blanca, presuntamente por su expareja que se negaba a aceptar el fin de la relación.
En la terraza de su vivienda del barrio María Auxiliadora del Municipio de Anzá se registró el feminicidio de María Isabel Arteaga, 35 años, quien fue atacada con arma blanca, presuntamente, por su exnovio que se negaba a aceptar el fin de la relación.
“Un hecho donde, al parecer, discutían, tuvieron como un inconveniente entre pareja y donde el posible feminicida agrede con arma blanca a la mujer y las autoridades de una actúan en el barrio María Auxiliadora capturando a esta persona”, indicó Juan Guillermo Hincapié, alcalde de Anzá. En este caso, las autoridades lograron llegar al lugar en cuestión de minutos y capturaron al señalado sujeto que ya responde ante la Fiscalía por el delito de feminicidio.
Posteriormente, las autoridades reportaron el asesinato de Jennifer Paola Salas Vanegas, de 34 años, en el municipio de Angelópolis. El crimen habría ocurrido en medio de una riña familiar, en la que el presunto responsable sería el propio hermano de la víctima, quien además habría herido gravemente al esposo de Jennifer, un hombre con discapacidad, que tuvo que ser trasladado de urgencia hasta un centro asistencial. Las autoridades buscan al responsable del doble crimen.
El último crimen mortal contra una mujer ocurrido el puente festivo en Antioquia ocurrió en Barbosa. Allí, una mujer de 22 años, madre de un niño de dos años, fue asesinada en la vereda La Tolda.
“Gracias a las denuncias de la comunidad y a la atención oportuna de la Policía Nacional se realizó una captura de este hecho. Vamos a proceder con la ruta de atención y acompañamiento a toda su familia”, explicó el alcalde de Barbosa, Juan David Rojas.
Exactamente, 41 mujeres han sido asesinadas en Antioquia en 2025. 2024 cerró con 35 feminicidios confirmados en el departamento, convirtiéndola en la región con mayor número de casos en Colombia, cifra que además puede ser mayor por la dificultad de las autoridades judiciales para tipificarlo con dicho delito y no solamente como homicidio. Antioquia superó el año pasado la barrera de los 18.000 casos de violencia intrafamiliar, entre los cuales el 76% de las víctimas son mujeres y niñas, así como más de 4.000 delitos sexuales, de los cuales el 80% ha sido en contra de mujeres y niñas. En ambos, además, los presuntos victimarios son también personas de la familia o cercanas, la gran mayoría hombres.
En Antioquia existe la línea de emergencia 123 Mujer Antioquia, donde las mujeres víctimas de violencia u otras personas que conozcan estas situaciones y puedan reportarlas, recibirán apoyo y orientación de un equipo de abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales que se preparan día a día para brindar la mejor atención y servicio.
La Línea 123 Mujer Antioquia trabaja en coordinación con autoridades jurídicas y administrativas que sean requeridas según la situación que se expone en cada llamada, además, remite los casos que sean necesarios a las autoridades de género de cada municipio para que desde allí se haga seguimiento a los casos que así lo requieren.
También, presta el servicio de traslado de emergencia para facilitar el acceso a las mujeres a las rutas de salud, justicia y/o protección cuando sea necesario. La puesta en marcha de la Línea 123 Mujer Antioquia es una acción afirmativa para atender las violencias basadas en género en nuestro Departamento.
A través de esta podrá recibir atención especializada en intervención en crisis, acompañamiento psicosocial en terreno, en algunos casos; remisión a la autoridad administrativa o judicial competente para tramitar los hechos de violencia, según corresponda; remisión a las autoridades de género municipales (en los casos donde existan) o las personas encargadas al interior de los municipios para ejecutar las responsabilidades asociadas al acompañamiento de la post emergencia de las mujeres; gestiones institucionales con los sectores de salud, justicia y protección; traslados de emergencia para facilitar el acceso a las mujeres a la activación de las rutas de salud, justicia y/o protección; y remoción de barreras y violencias institucional en el acceso al derecho fundamental a la Interrupción Voluntaria del Embarazo –IVE–.
