Las empresas criminales usaban nombres y registros de mineros artesanales para blanquear oro ilegal.
La Fiscalía General de la Nación desmanteló un entramado financiero que utilizaba dos cooperativas para dar apariencia de legalidad a oro extraído ilícitamente en Antioquia.
Como resultado de esta operación, fueron ocupados 35 bienes con fines de extinción de dominio, avaluados en más de $12.000 millones de pesos.
Según las investigaciones, estas cooperativas se valían fraudulentamente de los nombres y registros de mineros artesanales para justificar la comercialización del oro ilegal.
Aunque se constituyeron con patrimonios base de apenas $17 y $100 millones de pesos respectivamente, los análisis financieros revelaron que alcanzaron a reportar ingresos multimillonarios que superaban los 5.834 millones y 3.274 millones de pesos, sin ninguna justificación contable legítima.
La Fiscalía confirmó que estas entidades compartían sedes, revisores fiscales y directivos, lo que evidenció que conformaban una misma estructura delictiva dedicada al blanqueo de activos. Se presume que estos recursos millonarios financiaban a una estructura criminal.
Entre los bienes afectados con medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo se encuentran establecimientos de comercio, vehículos y material aurífero incautado, incluyendo 21 lingotes de oro.
Las diligencias se llevaron a cabo en municipios de Antioquia como Medellín, Cañasgordas, Remedios, Vegachí y Santa Fe de Antioquia, así como en Marmato (Caldas), Tadó (Chocó) y Barranco de Loba (Bolívar).
Este caso se suma a una serie de esquemas fraudulentos y actividades ilegales relacionados con el oro que han afectado a ciudadanos y empresarios en Colombia, especialmente en Antioquia.
Recientemente, la Superintendencia de Sociedades ordenó la suspensión de Inversiones 24K Ltda., una compañía que prometía rentabilidades de entre el 7% y el 20% por la compra y venta de oro. Sin embargo, se comprobó que esta empresa no realizaba las inversiones prometidas ni adquiría el metal, y los inversionistas nunca recibieron los pagos acordados. Este esquema piramidal, que carecía de una base económica sólida y se apoyaba en el ingreso de nuevos recursos, afectó a por lo menos 87 personas y dejó deudas por más de $2.600 millones. Medellín ha sido identificada como la segunda ciudad donde más “pirámides” han captado dinero ilegal.
Otro caso significativo involucra a 25 empresarios antioqueños que perdieron $45.000 millones en una presunta estafa relacionada con la comercialización de oro. Los inversionistas, que formaron la empresa Invergestión Contractual (Inverco), entregaban capital a Global Handing S.A.S., una compañía que supuestamente vendía oro al Banco de la República o a una empresa en Panamá, prometiendo jugosos dividendos. Tras varios años de aparentes ganancias, un freno en un giro bancario destapó el fraude. Se descubrió que el presunto estafador habría usado el dinero para saldar deudas personales y, en un intento de engaño, habría intentado obtener anticipos de la empresa compradora de oro usando plata bañada en oro.
Ante la recurrencia de estos esquemas fraudulentos, Billy Escobar Pérez, Superintendente de Sociedades, ha reiterado la necesidad de que la ciudadanía se documente con las entidades del estado y evite cualquier negocio o inversión que ofrezca rendimientos sin una explicación financiera razonable, protegiendo así su dinero y evitando convertirse en víctimas. La Fiscalía y otras autoridades continúan trabajando para identificar y desmantelar estas estructuras criminales, protegiendo el interés público y los derechos de los afectados.
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