Según los transportadores, el ajuste tarifario debería rondar los $400 para cubrir el incremento en los costos de operación. El Área Metropolitana tiene la última palabra.
Ante la inminencia del decreto que definiría el aumento en la tarifa del transporte público urbano para 2026, —y que deberá conocerse en los próximos días— los gremios transportadores del Valle de Aburrá se pronunciaron y pidieron que el ajuste se haga de manera responsable, equilibrada y con apoyo del Estado, para no trasladar toda la carga económica a los usuarios.
Por ejemplo, la Corporación de Transportadores Urbanos de Colombia (CTU) comentó que el ajuste tarifario que se autorizaría desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para 2026 rondaría los $400, dejando el precio del pasaje en cerca de $3.800.
Para la entidad, si bien el ajuste permitiría cubrir parcialmente los costos y garantizar la seguridad de los usuarios —así como condiciones laborales dignas para conductores y trabajadores del sector— esta es una medida necesaria para enfrentar el fuerte incremento en los costos de operación del sistema, en un contexto económico marcado por el aumento del salario mínimo en un 23%, así como por el encarecimiento sostenido de combustibles, mantenimientos vehiculares, repuestos, seguros y gastos administrativos.
Eso sí, la CTU es consciente que estos factores han generado una presión significativa sobre la sostenibilidad financiera de las empresas transportadoras, poniendo en riesgo la continuidad del servicio. Por eso el gremio enfatizó que este aumento no puede recaer exclusivamente sobre los ciudadanos.
“Somos plenamente conscientes de la realidad social de miles de familias que dependen del transporte público para trabajar, estudiar y regresar a sus hogares. Muchos cuentan con ingresos limitados que dificultan asumir incrementos elevados en el costo del pasaje”, señaló la CTU.
En la misma línea se pronunció Juan Gonzalo Merino, vocero de los transportadores de buses del Valle de Aburrá, quien explicó que existe una diferencia entre la tarifa que fijan las autoridades y la tarifa técnica real del sistema. “La tarifa técnica hoy, con la estructura actual de costos, estaría por encima de los $4.500”, afirmó.
Merino advirtió que llevar la tarifa a ese nivel sería contraproducente. “Subirla a $4.500 sería hacer una competencia con el mercado que la ciudadanía no está en capacidad de pagar. Por eso muchos usuarios están buscando otras alternativas como plataformas, transporte particular o incluso la compra masiva de motocicletas”, indicó.
El vocero reiteró que los transportadores coinciden con la CTU en que el Estado debe implementar compensaciones tarifarias y fuentes alternativas de financiación, como se ha hecho en otras ciudades del mundo tras la pandemia, para sostener la demanda y garantizar la viabilidad del sistema.
Además del apoyo económico, Merino señaló otras peticiones clave del sector para hacerlo sostenible, como mejorar la velocidad comercial mediante carriles preferenciales o exclusivos para el transporte público colectivo y la implementación de contraflujos en horas pico. “Por metro cúbico, nuestros buses movilizan muchos más usuarios que un vehículo particular que transporta máximo cuatro personas”, explicó.
Ante este panorama, la Corporación hizo un llamado urgente al Estado y a los gobiernos locales, como el Distrito de Medellín, para avanzar en mecanismos de cofinanciación, subsidios y apoyos estructurales, tal como quedó establecido en el Plan de Desarrollo, con el fin de mantener tarifas justas sin afectar a los sectores más vulnerables.
Por su parte, Merino dijo que los transportadores están a la espera de la expedición oficial del decreto del alza para así poder conocer como se moverá el asunto este 2026.
“Nosotros somos regidos por las autoridades metropolitanas y municipales y nos acogeremos a la tarifa que se asigne. Pero es claro que, con el alza del combustible, el salario mínimo y los repuestos dolarizados, se requiere un ajuste tarifario para poder seguir operando y prestar un servicio seguro y eficiente a los ciudadanos del Aburrá”, concluyó.
Aunque de manera extraoficial se rumora que podría conocerse mañana viernes 9 de enero, este diario contactó al Área Metropolitana para conocer su postura sobre el asunto o cuando sería publicado el respectivo decreto. Si bien desde la entidad no apuntaron una fecha precisa, señalaron que se espera que este se conozca muy pronto.
Regístrate al newsletter 
